Mujeres sindicalistas tildan de anticonstitucional y desalarizador anuncio de ingreso mínimo integral
El anuncio hecho este 30 de abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre un ajuste del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares profundizó la incertidumbre en el sector laboral venezolano.
Durante un acto oficial previo al Día Internacional del Trabajador, la funcionaria calificó el incremento como el «más importante de los últimos años», aunque omitió precisar cuánto de este monto corresponde al salario base, el cual permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022.
Esta ambigüedad generó una reacción inmediata de rechazo entre los gremios, que denuncian una persistente política de bonificación que anula el valor de las prestaciones sociales.
En entrevistas concedidas a Efecto Cocuyo, tres mujeres representantes de los sectores salud, educación y administración pública coincidieron en que la medida constituye un «golpe a la Constitución» al sustituir el concepto legal de salario por el de «ingreso vital».
Las dirigentes explicaron que, sin una Gaceta Oficial que desglose los conceptos, los trabajadores activos y jubilados quedan en un estado de indefensión jurídica, pues desconocen si el ajuste tendrá incidencia en sus aguinaldos, vacaciones o antigüedad.
La falta de claridad sobre los «sectores estratégicos» que recibirán bonos adicionales también es señalada como una medida discriminatoria que fragmenta las contrataciones colectivas.
Ante este escenario de opacidad informativa, las voceras sindicales ratificaron que la agenda de protesta para este 1 de mayo se mantiene inalterada y sostuvieron que el anuncio gubernamental no solo es insuficiente frente a una canasta básica que supera los 600 dólares, sino que además ignora el mandato del artículo 91 constitucional, que vincula el salario mínimo al costo de la vida.
Confusión legal y bonificación del ingreso
Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, cuestionó el marco legal de la medida y la terminología empleada por el Ejecutivo.
«La señora Delcy Rodríguez utiliza un término que no está en la Constitución. El artículo 91 establece que el Ejecutivo decretará un aumento del salario mínimo, habla de salario y dice que debe ser suficiente para garantizarle a los trabajadores una vida digna», señaló Contreras a través de un contacto telefónico.
La dirigente gremial destacó que la falta de desglose en las cifras impide conocer el impacto real en los beneficios laborales de los profesionales. «Pregunto ¿cómo quedan las tablas salariales de los trabajadores, de los profesionales? Porque en el caso nuestro, el salario base son 246 Bs (menos de 0,50 dólares a tasa BCV) y con ese monto es que se calculan prestaciones sociales, antigüedad, profesionalización», explicó Contreras.
La representante de las enfermeras denunció que el modelo de pagos a través de bonos atenta contra la seguridad social de los trabajadores activos y jubilados.
«Los trabajadores estamos exigiendo aumento de salario, no estamos exigiendo bonificación porque la bonificación atenta contra las prestaciones sociales. La bonificación atenta contra algo tan importante como son las pensiones de nuestros jubilados», sentenció.
Incertidumbre en los sectores estratégicos
Argelia Castillo, secretaria general de Apufat-UCV, calificó el anuncio como una falta de respeto hacia los trabajadores que llevan años esperando un ajuste real de sus remuneraciones.
«Me parece que es una burla porque no especifica cuál es el porcentaje de la distribución de ese aumento. Nadie sabe hasta que salga en Gaceta si ese aumento va para el bono o para el salario como tal», indicó Castillo.
Castillo expresó dudas sobre el nuevo «bono de reconocimiento profesional» y la definición de quiénes pertenecen a las áreas prioritarias según el criterio del gobierno.
«Habla de un bono de reconocimiento profesional y académico de los sectores estratégicos. ¿Qué llama ella (Delcy Rodríguez) sectores estratégicos? ¿Eso entra en este caso para los activos y jubilados?», se preguntó Castillo.
Sobre el ajuste a las pensiones, la secretaria de Apufat-UCV señaló que el incremento es mínimo en términos de poder adquisitivo real. «Señala (la presidenta encargada) pensionados a 70 dólares. ¿Cuál es el aumento real? El aumento real es, si acaso, a 20 dólares. Ahorita estamos sacando la cuenta, pero no llega a 20 dólares», afirmó Castillo la tarde de este jueves.
Desalarización y movilización nacional
Gricelda Sánchez, coordinadora del sindicato Suma y presidenta de la ONG Fordisi, insistió en que el mensaje gubernamental no se ajusta a la normativa laboral vigente en el país.
«Lo primero es que el mensaje no está claro. Ella habla ahí del aumento de los ingresos, pero en nuestra ley del trabajo no se habla de ingresos. Se habla de salario», manifestó Sánchez.
Sánchez recalcó que, a pesar de las dudas, la presión de los gremios en las calles ha forzado al Ejecutivo a realizar anuncios, aunque estos no satisfagan las necesidades básicas.
«Se está dando un anuncio porque la presión de la clase trabajadora se mantiene firme. Todo lo que sume será un avance, pero no satisface las necesidades de los trabajadores», precisó.
La dirigente magisterial concluyó que la agenda de lucha no se detendrá y que es necesario sanear las nóminas del Estado para recuperar el salario real.
«La clase trabajadora venezolana no puede seguir pagando los sueldos del Psuv porque entendemos que las nóminas del Psuv están en muchos de los ministerios del país, nóminas infladas porque se utilizan los recursos del Estado para cancelarle a activistas políticos», denunció.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
En la sección: Economía – Efecto Cocuyo
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