Reestructuración de Sunacrip se extiende hasta marzo de 2024

La Comisión de Reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), que es presidida por Anabel Pereira Fernández, continuará con sus labores hasta marzo del próximo año, de acuerdo con un nuevo mandato del gobierno de Nicolás Maduro.

“Prorrogar por un lapso de seis meses, contado a partir del 17 de septiembre de 2023, el plazo para el proceso de reestructuración de la Sunacrip, Instituto Autónomo adscrito a la Vicepresidencia Sectorial de Economía”, reza el primer artículo del Decreto N° 4.865 y que fue publicado en la Gaceta Oficial N° 42.717.

La Sunacrip fue un ente gubernamental creado en el año 2018 y que se encargó de administrar el uso del criptoactivo nacional Petro y también de definir las reglas para el uso y minería de las criptomonedas en el país.

Después de que su máxima autoridad, Joselit Ramírez Camacho, fuera detenido por estar involucrado en el caso de corrupción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el organismo fue intervenido y pasó a un proceso de reestructuración que empezó en marzo pasado.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, explicó en su momento que en el caso apodado Pdvsa-Cripto se hizo “la asignación de cargas de crudo a Sunacrip y a particulares sin ningún tipo de control administrativo”, pero hasta ahora se desconoce quién autorizó esas operaciones desde Pdvsa, qué rol tuvieron los funcionarios implicados de la Sunacrip o cuál es el monto concreto del desfalco al país.

Sin embargo, la meta de esta junta de reestructuración conformada por una presidenta, cuatro directores principales y otros cuatro suplentes va más allá de la investigación del caso Pdvsa-Cripto.  

Su objetivo primordial será definir si Sunacrip seguirá al frente de la regulación de las actividades relacionadas con las criptomonedas o si esta competencia pasará, por ejemplo, a manos de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) o del propio Banco Central de Venezuela (BCV).

Pocos avances en seis meses

Durante los primeros seis meses de este proceso se conocieron pocos detalles públicos sobre el destino de la Sunacrip. El logo y el nombre que identificaba a su sede ubicada en la Avenida Urdaneta del centro caraqueño fue retirado y se conoció también, de forma extraoficial, que la mayoría de sus empleados fueron despedidos apenas unas semanas después que empezara el caso de Pdvsa-Cripto.

Al principio, todas las operaciones de compra y venta con el criptoactivo Petro estuvieron detenidas. Luego, esta junta de Sunacrip autorizó a los usuarios particulares de la PetroApp y del Sistema Patria que pudiera transar sus Petro con terceros y también hacer el intercambio a bolívares.

Aunque la mayor preocupación por el destino de la Sunacrip lo tienen las personas que están dedicadas a las actividades con criptomonedas como la minería de Bitcoin y el comercio entre particulares (P2P, por sus siglas en inglés), que habían recibido una licencia oficial por parte de este organismo para sus operaciones durante uno o dos años.

Hasta ahora, se desconoce qué medidas tomará esta Comisión de Reestructuración para organizar estas actividades de minería de criptomonedas que empezaron a crecer en Venezuela, gracias a las bajas tarifas eléctricas y un impulso desde la propia administración de Nicolás Maduro en medio de la hiperinflación y las sanciones de los Estados Unidos.

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