Aragón hace un frente común para defender el Nudo Múdejar y la inversión de 1.660 millones de Enel Green Power

Aragón hace un frente común para que las inversiones, energía y empleo que se iba a generar con el proyecto eléctrico del Nudo Mudéjar tras el cierre hace seis años de la central térmica de Andorra, en Teruel, y que ha sufrido un considerable revés después de hacerse pública en febrero de este año la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) con una serie de limitaciones por las que la compañía Enel Green Power, filial de Endesa, decidió dejar el proyecto en 406 MW frente a los 1.202 MW contemplados inicialmente y de los que fue la adjudicataria en 2022 por parte del ministerio dentro de este proceso de transición justa y descarbonización.

El recorte supone un duro mazazo para la zona al recortarse la inversión prevista de1.660 millones de euros en la zona a lo que había que sumar 72 millones de un Plan de Desarrollo Industrial y Socioeconómico, con la creación de 380 empleos directos y cerca de 6.000 indirectos.

Con el fin de mantener estos planes y que la energía se adjudique también a proyectos con impacto positivo en la zona y a empresas maduras para garantizar el futuro de esta zona de Teruel, se ha mantenido un encuentro en la sede del Gobierno de Aragón entre el Ejecutivo y los alcaldes de los 13 municipios afectados de Andorra, Samper de Calanda, Albalate del Arzobispo, Calanda, Castelnou, Alcañiz, Híjar, Alcorisa, Jatiel, La Puebla de Híjar, Ejulve, Lécera y Ariño.

El principal punto que se ha acordado es establecer ese frente común para defender el proyecto inicial. Además, se va a pedir celeridad en la presentación de alternativas a este proyecto estratégico para que permita compensar y reindustrializar esta zona, cuya actividad estuvo durante años vinculada al carbón.

«Llevamos desde el año 2020 con el cierre de la central térmica y este proyecto se adjudicó en el final de 2022. Han pasado más de tres años, vemos mucha lentitud y lo que queremos es pedir respuestas tanto al Ministerio como a la eléctrica porque no nos gusta nada al punto que estamos llegando», ha manifestado el alcalde de Andorra y secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, al término de la reunión en la que ha actuado como representante de los 13 municipios.

Unos objetivos para los que mañana martes mantendrá un encuentro con la directora directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judith Carreras, con el fin de recabar información, aparte de poder trasladar las necesidades y la situación específicas de este municipio de Teruel.

Los puntos de reivindicación

De momento, ya se ha remitido el acuerdo alcanzado en el pasado de Consejo de Gobierno en el que se exigía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos con el territorio, sobre todo, en relación con el plan socioeconómico. Además, se mostraba el rechazo a la reducción del proyecto por suponer un grave perjuicio en materia de inversión, empleo, desarrollo industrial y fijación de población en la comarca afectada.

En este acuerdo también se recogía explícitamente el respaldo firme a los municipios y al tejido económico y social del Bajo Aragón, aparte de reiterar el compromiso del Ejecutivo autonómico en la defensa de los intereses y de garantizar que las oportunidades comprometidas tras el cierre de la térmica se materialicen en proyectos reales. También se reclama la adoptación de medidas para aprovechar la capacidad energética no utilizada para impulsar nuevas iniciativas de reindustrialización en la zona.

A estas medidas se suman la petición de una reunión con Enel Green Power con el fin de conocer cuál es la posición de la empresa. Un encuentro en el que estará una representación de los alcaldes y también se contará con representación del Gobierno de Aragón.

En este encuentro, además, se pedirá a la empresa «que cumpla con las condiciones del concurso y que explique por qué es inviable económicamente o no el proyecto, que es lo que parece que condiciona el desarrollo íntegro del mismo», ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero.

Es una posición que ha secundado el alcalde de Andorra al afirmar que Enel tiene la posibilidad de hacer 800 megavatios, aunque ahora esté indicando que solo puede hacer 400. «Yo creo que si puede hacer los 830, los tiene que hacer, que es lo que le permite la declaración de impacto ambiental, más cuando ellos presentaron un proyecto de 1.800 megavatios», ha señalado.

«Tenemos que ser exigentes porque somos actores perjudicados y lo que tenemos que pedir tanto al Ministerio como a Endesa es que aclaren todos los aspectos de lo que está pasando para tener información fidedigna y real y nosotros reclamar en consecuencia», ha aseverado Guía, quien además ha puesto el foco en el plan de acompañamiento del proyecto con inversiones de millones de euros y puestos de trabajo que ahora están en el aire y a expensas de las cláusulas del concurso.

Ni un retraso más

No obstante, de cara a poder solucionar la situación, el alcalde de Andorra ha dejado la puerta a que puedan participar otras compañías que concurrieron al concurso. «Lo lógico es que si Endesa no va a consumir esos megavatios, que estos salgan a disposición de otros proyectos, pero no podemos esperar otros tres años«, en relación a esos tres años que se ha tardado para la DIA de los proyectos de energías renovables, para otra declaración de impacto ambiental.

«Si esos megavatios se pueden adjudicar, tienen que ser en base a proyectos industriales, pero inmediatos, porque Andorra y el territorio no pueden esperar«, ha reiterado el alcalde de Andorra.

Un retraso que también ha rechazado Mar Vaquero porque es un tiempo «irrecuperable». «o nos podemos permitir seguir acumulando demoras y que, en estos momentos, no se estén planteando ya alternativas» a este proyecto que tiene un gran impacto» en toda la comunidad aragonesa.

Y es que «generaba una gran inversión y ofrecía nuevos proyectos de vida, empleo y oportunidades», aparte de «cambiar el modelo socioeconómico de esos municipios». Frente a esto, el anuncio del recorte, ha generado «frustración de las expectativas que a lo largo de los años debían compensar el esfuerzo de tantas décadas».

Además, ha trasladado su deseo de que el Gobierno central «esté trabajando ya en ofrecer alternativas para este proyecto» porque ha insistido en que esta zona de Aragón «ya no puede esperar a la reindustrialización. De ello depende el futuro socioeconómico de esos municipios».

Un motivo por el que ha incidido en que el MITECO debe proponer «alternativas a esa pérdida de inversión, de posibilidades de empleo, de transformación industrial y esas son las compensaciones que en estos momentos estamos pidiendo. Alternativas que garanticen el desarrollo que ha supuesto en este caso el ver frustrado un proyecto».