España se une a México, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay para rechazar la apropiación de los recursos de Venezuela e «injerencias» en su futuro

La captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU ha provocado un alud de reacciones internacionales e, incluso, iniciativas para expresar preocupación. España se ha unido a Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay –con Gobiernos de izquierda– para condenar la operación militar y rechazar la «apropiación externa» de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, así como la existencia de «injerencias» en el futuro del país.

En un comunicado conjunto recogido por Europa Press han denunciado que la intervención de la administración de Donald Trump «resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región«. Alertan de que constituye «un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional» y pone «en riesgo» a la población civil. Conminan a resolver la situación, «exclusivamente por vías pacíficas» mediante «el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional».

Los líderes mundiales, en general, han reaccionado con una mezcla de indignación, inquietud y prudencia diplomática a la intervención militar. La que supone la mayor operación militar de EEUU en Latinoamérica desde la invasión de Panamá en 1989 para aprehender a Manuel Antonio Noriega, acusado también de narcotráfico, ha desatado la alarma global y decenas de dirigentes han reprobado que el ataque no se comparece con el derecho internacional, preocupados por la ruptura del comportamiento de previsibilidad instaurado desde la II Guerra Mundial para mantener la estabilidad.

Como España y los cinco países latinoamericanos, Rusia, China e Irán han condenado el ataque. Europa ha exigido el respeto del derecho internacional en Venezuela, aunque subrayando que Maduro «carece de legitimidad», y Argentina ha aplaudido la intervención.

En España, Pedro Sánchez ha condenado también «con rotundidad» la «violación de la legalidad internacional en Venezuela« por parte de Washington en una carta enviada a la militancia del PSOE para felicitar el año nuevo, en línea con el socio de Gobierno Sumar que lo tachaba de «acto de piratería imperialista». Subía el tono frente a una primera reacción el pasado sábado en la que se limitó a señalar que España no había reconocido el régimen de Maduro y «tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional». El PP arremetió contra su posición por situarse «en el lado incorrecto de la historia» y Alberto Núñez Feijóo apostó por un proceso «electoral democrático» en Venezuela, brindando su apoyo a Edmundo González y María Corina Machado.

La Unión Europea reaccionó con cautela, sin mencionar expresamente la captura de Maduro, pero reclamó respeto al derecho internacional y una transición «pacífica y democrática». «Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas», conminó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica», agregaba la alta representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas.

Desde Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz señaló a Maduro por llevar el país «a la ruina» sin valorar la incursión de EEUU. «Maduro tenía un papel problemático en la región, con sus alianzas lamentables por todo el mundo e implicando a Venezuela en el tráfico de drogas», criticó y conminó a garantizar la transición ordenada para «evitar la inestabilidad política en Venezuela».

El líder francés, Emmanuel Macron, denunciaba a Maduro por «pisotear» las libertades fundamentales y brindaba su apoyo a Edmundo González y María Corina Machado. Su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, sancionaba el ataque porque «viola el principio de no uso de la fuerza que sustenta el derecho internacional». Para el primer ministro británico, Keir Starmer, el dignatario venezolano es «un presidente ilegítimo».

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó una gran alarma por el ataque militar. La incursión militar fue rechazada por los gobiernos de Rusia, Irán y China, próximos a los ejecutivos chavistas. «Esto es profundamente preocupante y condenable», reprobaba el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, instando a EEUU a «reconsiderar su posición» y liberar al presidente «legalmente elegido de un país soberano». El ministerio homólogo de Irán y el de China compartían la condena firme al ataque, y el nipón agregaba que tales actuaciones «amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe».

Hasta Indonesia realizó un pronunciamiento público para solicitar el respeto al derecho internacional, pero el mayor número de reacciones llegaba desde Latinoamérica, contrarias y de respaldo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró «la captura del dictador venezolano» al que acusó de fortalecer los vínculos con Irán y Hezbolá; dar apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia; y expresó su confianza en que la operación ayude a mejorar la situación en la región. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reprobó la intervención militar de Washington, subrayando que los miembros de Naciones Unidas deben abstenerse, en sus relaciones internacionales, «de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado».

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió una respuesta «enérgica» de Naciones Unidas. «Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo», abundó.

También condenaron la operación el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazando «la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina», y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que reclamó la «urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de EEUU».