La Audiencia Nacional permite a Red Eléctrica mantener en secreto las ‘cajas negras’ del apagón

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición formulada por Endesa e Iberdrola para acceder al conjunto íntegro de comunicaciones internas de Redeia en las horas críticas del apagón del 28 de abril de 2025, un material conocido como las ‘cajas negras’ que es considerado clave por las compañías para depurar responsabilidades y cuantificar posibles indemnizaciones.

El auto, dictado en el marco de las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 4, avala la negativa del operador del sistema a facilitar las 8.028 grabaciones telefónicas y los 1.296 correos electrónicos intercambiados por sus directivos y técnicos antes y después del colapso eléctrico que dejó sin suministro a la Península. La decisión judicial asume los argumentos esgrimidos por la compañía presidida por Beatriz Corredor, que había invocado la necesidad de proteger la seguridad nacional, el secreto empresarial y la intimidad de las comunicaciones, aunque contrasta con la encendida defensa de su presidenta sobre la trasparencia del operador y el acceso otorgado a los investigadores para aclarar las causas del apagón.

El material, entregado en su momento a la Policía Nacional dentro de la investigación abierta por el juez José Luis Calama para esclarecer si el apagón pudo responder a un ataque deliberado, queda así fuera del acceso de las partes pese a haber sido citado en informes incorporados al sumario. La resolución respalda que dichos archivos fueron aportados en un contexto específico –la investigación de un posible delito de terrorismo finalmente descartado– y que, una vez archivada esa línea, su difusión no resulta necesaria ni proporcional.

El origen del conflicto se remonta al cierre de la vía penal por ciberataque. Tras meses de análisis, la Comisaría General de Información concluyó en diciembre de 2025 que no existían indicios de intrusión externa en los sistemas de Red Eléctrica. A partir de ese momento, el procedimiento quedó abierto a las partes personadas, entre ellas Iberdrola y Endesa, que reforzaron su estrategia para acceder a toda la documentación disponible con el objetivo de reforzar futuras reclamaciones millonarias.

Ambas compañías defendían que la negativa a incorporar estos archivos vulneraba su derecho de defensa y el principio de contradicción, al impedirles examinar pruebas que sí habían sido utilizadas por los investigadores. En sus escritos, sostenían que no se trataba de un acceso indiscriminado, sino de material directamente vinculado con los hechos investigados.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha avalado la posición de Redeia y rechaza que las eléctricas puedan acceder a unos documentos que, a juicio del tribunal, han perdido conexión directa con el objeto del procedimiento. De este modo, el juez evita la difusión de información que podría ser aclaratoria en un asunto que por el momento sigue sin provocar dimisiones.