La industria papelera ya lo avisó: la mejor política contra incendios es la gestión económica del monte

La industria papelera española ya había advertido antes del comienzo del verano de que la acumulación de vegetación, el abandono de los montes y la insuficiente gestión forestal podían favorecer una nueva campaña de grandes incendios. El pasado 18 de junio, la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) pidió situar la prevención y el mantenimiento de las masas forestales en el centro de la estrategia contra el fuego.

La advertencia cobra especial relevancia ante la proliferación de incendios registrada durante las últimas semanas en diferentes puntos del país. La patronal había alertado de que España afrontaba la temporada de mayor riesgo después de cerrar 2025 con más de 354.000 hectáreas forestales quemadas, el peor balance de la última década, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Aspapel defendía entonces que la respuesta no podía limitarse a reforzar los medios de extinción durante los meses de verano. La asociación reclamaba una política estable durante todo el año que permitiera reducir la cantidad de combustible vegetal existente en los montes, mejorar los accesos y aumentar la capacidad de resistencia de los ecosistemas frente al fuego, las sequías y las plagas.

La organización sostenía que proteger los bosques no significa mantenerlos sin intervención. Por el contrario, consideraba necesario aplicar una gestión forestal sostenible basada en criterios técnicos y científicos, capaz de compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento de recursos renovables y la generación de actividad económica en las zonas rurales.

Entre las principales actuaciones propuestas figuraban la realización de tratamientos selvícolas, la retirada o aprovechamiento de la biomasa acumulada, la creación de discontinuidades en la vegetación y el mantenimiento de pistas forestales. Estas infraestructuras resultan determinantes tanto para frenar el avance de las llamas como para facilitar la llegada de los equipos de extinción y mejorar la seguridad de los operativos.

La patronal también reclamó políticas presupuestarias y fiscales que incentivaran a los propietarios privados a mantener sus terrenos en buen estado. Una parte mayoritaria de la superficie forestal española se encuentra en manos privadas, pero la reducida rentabilidad de muchas explotaciones y la fragmentación de la propiedad dificultan la realización de labores preventivas.

Aspapel vinculaba directamente el riesgo de incendio con la pérdida de actividad económica en el medio rural. Cuando los montes dejan de generar ingresos, argumentaba la asociación, disminuye el interés por conservarlos, aumenta el abandono y se acumula vegetación susceptible de convertirse en combustible durante los episodios de calor extremo.

En este sentido, la industria papelera reivindicó el papel de los aprovechamientos forestales como mecanismo para mantener el territorio cuidado. Según sus datos, el 88,4% de la madera utilizada por el sector español para fabricar celulosa en 2024 procedió de montes nacionales, lo que mantiene una relación económica directa con propietarios, empresas forestales y trabajadores rurales.

La actividad forestal vinculada a esta industria genera más de 4.500 empleos directos y alrededor de 14.200 indirectos en las zonas rurales. La asociación sostiene que esta cadena de valor contribuye a fijar población, financiar el mantenimiento de los terrenos y reducir el riesgo derivado del abandono.

La patronal señaló además que el 95% de las fábricas papeleras españolas dispone de certificaciones PEFC o FSC, sistemas independientes destinados a acreditar que la madera procede de fuentes gestionadas de forma sostenible. Las plantaciones vinculadas al suministro de la industria almacenan, según Aspapel, más de 41,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.

España dispone de unos 28 millones de hectáreas forestales, de las que más de 19 millones cuentan con superficie arbolada. La extensión de los bosques ha aumentado durante las últimas décadas, pero ese crecimiento no siempre ha estado acompañado por una gestión suficiente, especialmente en los territorios afectados por la despoblación y el abandono de las actividades tradicionales.

La advertencia formulada por Aspapel en junio incidía precisamente en esa diferencia: disponer de más superficie forestal no garantiza por sí mismo una mayor protección ambiental. Sin mantenimiento, aprovechamientos ordenados y tratamientos preventivos, el aumento de la vegetación puede traducirse en una mayor continuidad del combustible y en incendios más difíciles de controlar.

La asociación reclamó también reforzar la educación forestal desde la infancia para explicar que conservación y gestión no son conceptos incompatibles. Su planteamiento se basa en que la protección del bosque requiere intervención, inversión y actividad económica, especialmente en un escenario de temperaturas más elevadas, sequías prolongadas y episodios meteorológicos extremos.

El llamamiento lanzado antes del verano vuelve ahora al primer plano. La campaña de incendios demuestra que la capacidad de extinción, aunque imprescindible, encuentra cada vez más dificultades ante fuegos de elevada intensidad y rápida propagación. La discusión se desplaza así hacia las actuaciones realizadas durante los meses anteriores: qué superficie se ha gestionado, cuánta biomasa se ha retirado y qué recursos se destinan realmente a prevenir el incendio antes de que comiencen las llamas.