Notarios y catedráticos alertan de que la Ley de Integridad Pública no acabará con la opacidad y facilitará el blanqueo

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública es una iniciativa que adolece de una evidente «debilidad técnico-jurídica» y que podría convertir a las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) en un «galimatías insuperable», según las conclusiones de la jornada académica organizada por el Consejo y la Fundación del Notariado, en la que fedatarios y catedráticos de Derecho Mercantil han asegurado que la reforma propuesta por el Gobierno no erradicará la opacidad, sino que incrementará los costes para las empresas y mermará la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.

El anteproyecto de ley orgánica propuesto por Justicia, que en la actual situación de mayorías parlamentarias parece inviable que prospere, pretende sustituir el actual sistema, basado en la garantía de la escritura pública, por la inscripción constitutiva de un documento privado de venta directamente en el Registro Mercantil.

Los ponentes han reiterado que validar documentos privados sin la supervisión directa de un notario supone eliminar un control de legalidad previo que consideran fundamental. El notario Luis Enrique Mayorga ha asegurado que la escritura pública garantiza la legalidad del negocio, identifica a los intervinientes y comprueba su capacidad legal, algo que «no puede garantizarse en un documento privado», como apuntó también el notario Ubaldo Nieto.

Esta falta de filtro previo conlleva graves riesgos. Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil, advirtió que el nuevo modelo podría propiciar un tráfico descontrolado de participaciones o un «mercado B» al margen del sistema.

Por su parte, el notario Ignacio Paz-Ares ha criticado la intención de sustituir un sistema de control directo por «uno de control en remoto», definiendo la respuesta del anteproyecto como desproporcionada, ya que aumenta los costes y dilata los efectos de la transacción.

«Este proyecto de ley no sirve, no dice la verdad y arroja problemas sobre los operadores jurídicos», ha sentenciado el catedrático de Derecho Mercantil, José Miguel Embid.

Aunque el objetivo oficial de la norma es acabar con la opacidad, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, ha dudado de su eficacia. Según la presidenta, el nuevo marco no frenará las prácticas ilícitas: «El corrupto seguirá utilizando el documento privado que guardará en un cajón a la espera de su inscripción en el registro cuando considere».

Además, los ponentes señalaron que la opacidad corporativa en España ya es un problema resuelto gracias al actual Índice Único Informatizado del Notariado, que permite trazar cada participación y conocer a sus propietarios reales. «Con el sistema actual la opacidad no existe. Entonces, ¿por qué cambiarlo?», se preguntó Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado.

A los riesgos sobre la seguridad jurídica y la prevención de delitos como la financiación del terrorismo, se suma lo que el catedrático Antonio Roncero calificó como una «alarmante falta de rigor técnico, incoherencias y repeticiones hasta la saciedad» en el articulado de la norma. La regulación generará también problemas de convivencia inéditos entre el registro de socios y el Registro Mercantil, además de imponer un «reglamentismo extremo» que complicará la vida a las sociedades limitadas.

El fracaso en la redacción del texto se debe, concluyó la presidenta del Notariado en la clausura, a que el legislador decidió prescindir de la intervención de la Comisión General de Codificación para elaborar una reforma de tanto calado en el derecho mercantil y civil español.