Destituyen al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional por supuesta conducta sexual inapropiada
Fuente de la imagen, Reuters
Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) votaron este viernes a favor de destituir a Karim Khan como fiscal jefe por supuesta conducta sexual inapropiada.
Khan, que fue elegido como el tercer fiscal de la CPI en 2021, había sido suspendido el mes pasado. La decisión de destituirlo fue aprobada con 82 votos a favor.
En junio, el órgano de supervisión de la Corte concluyó que había incurrido en un «incumplimiento grave de sus deberes y una conducta indebida grave» al mantener una relación sexual inapropiada con una empleada subalterna de la CPI e intentar impedir que ella realizara la denuncia.
Khan ha negado reiteradamente todas las acusaciones en su contra.
Sus abogados calificaron su suspensión de «ilegal, procesalmente injusta y carente de respaldo probatorio».
Este proceso va mucho más allá del destino de un fiscal en particular. Podría redefinir el futuro del único tribunal permanente del mundo encargado de juzgar crímenes de guerra.
La investigación por conducta indebida ha dejado a la institución bajo un intenso escrutinio, ha profundizado las divisiones internas y se ha desarrollado en paralelo a una campaña sin precedentes para debilitar e, incluso, desmantelar por completo la CPI.
Quienes respaldan a la Corte temen que salga de esta crisis debilitada y con menos capacidad para hacer frente a las amenazas globales más graves.
Khan, un destacado abogado británico, está en licencia voluntaria desde mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones en su contra.
Permanece suspendido para ejercer el derecho en Reino Unido, luego de que el Bar Standards Board, el organismo que regula a los abogados en Inglaterra y Gales, le impusiera una suspensión provisional mientras lleva a cabo su propia investigación.
El fiscal no pudo asistir a la votación, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, porque tiene prohibida la entrada a Estados Unidos en virtud de las sanciones impuestas por la administración Trump por la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por funcionarios israelíes en Gaza.
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Cómo se llegó a la destitución
Es poco probable que la controversia termine con su destitución.
La decisión es el desenlace de un proceso sumamente delicado que dejó a la Corte bajo un intenso escrutinio.
En mayo de 2024, alguien informó a la CPI de acusaciones de que Khan había incurrido en conducta sexual inapropiada con una empleada de la institución.
El Mecanismo Independiente de Supervisión (IOM, por sus siglas en inglés) de la Corte abrió una investigación, pero el caso fue posteriormente archivado después de que la presunta víctima se negara a participar.
Los investigadores concluyeron que no había pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, pero los críticos del proceso sostuvieron que la investigación se había manejado de forma inadecuada, lo que socavó la confianza en el IOM.
En octubre de 2024, se presentó una segunda denuncia. El asunto fue entonces transferido a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS, por sus siglas en inglés), que llevó a cabo una investigación más amplia sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada y abuso de autoridad.
Esa investigación se desarrolló entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, y reunió más de 5.000 páginas de pruebas y testimonios.
Posteriormente, las conclusiones de la OIOS fueron revisadas por un panel de tres jueces encargado de determinar si la conducta de Khan constituía una falta grave, una falta leve o si no había incurrido en ninguna falta.
Presiones de Washington
Las acusaciones se desarrollaron durante un período de presión excepcional sobre la CPI, por cuenta de crecientes tensiones políticas.
Estados Unidos impuso sanciones contra Khan después de que solicitara órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes relacionados con la guerra en Gaza.
La actitud de Washington hacia la corte, en términos generales, se ha vuelto cada vez más hostil en los últimos años.
A principios de este mes, Estados Unidos lanzó una nueva campaña de «todo el gobierno» para desmantelar la CPI «ladrillo a ladrillo», al considerarla una amenaza para la soberanía estadounidense.
La campaña contempla prohibiciones de visado, congelación de activos y presión diplomática para que los estados miembros aliados de EE.UU. se retiren de la corte o rechacen su jurisdicción sobre sus ciudadanos.
Estados Unidos, Rusia e Israel no son miembros de la CPI. Sin embargo, la corte puede ejercer jurisdicción sobre crímenes cometidos por nacionales de esos países cuando estos se perpetran en el territorio de un estado miembro de la CPI.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.bbc.com
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