Qué pasó en México, Colombia y Venezuela después de que sus organizaciones criminales fueran clasificadas como terroristas por EE.UU.

El gobierno de Sheinbaum denunció además una supuesta operación no autorizada de la CIA, el servicio de inteligencia estadounidense, en territorio mexicano. Según el gobierno, dos agentes que supuestamente investigaban laboratorios de drogas en el norte del país fueron identificados tras fallecer en un accidente de tráfico.

En Venezuela, la presión sobre el crimen organizado alcanzó su punto álgido con la invasión armada y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, en enero de este año.

Aunque la designación de organizaciones como terroristas no sea un requisito legal para autorizar las operaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses en el extranjero, los expertos afirman que las recientes acciones de EE.UU. en México y Venezuela forman parte de la campaña del gobierno de Donald Trump contra el narcoterrorismo.

«La designación cambia definitivamente el tono (de EE.UU.) respecto a estos grupos y cómo califican la amenaza que representan», afirma Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio Norteamericano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).

Según Farfán-Méndez, la acción estadounidense no ha provocado grandes cambios en el comportamiento de las organizaciones criminales afectadas, pero sí ha tenido un impacto significativo en los negocios del sector privado de los países implicados.

El primer día de su segundo mandato, en 2025, Trump firmó una orden ejecutiva en la que solicitaba al Departamento de Estado que designara a los principales carteles y otras organizaciones criminales latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

La clasificación fue confirmada aproximadamente un mes después por el secretario de Estado, Marco Rubio. En la lista de organizaciones afectadas figuraban los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Nordeste, del Golfo, Unidos y Nueva Familia Michoacana, de México, y el Tren de Aragua, de Venezuela.

Posteriormente, también fueron designados como terroristas el Clan del Golfo, de Colombia; el Cartel de los Soles, de Venezuela; y los grupos Los Choneros y Los Lobos, de Ecuador. Los grupos Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), que tienen ramificaciones en varios países de Centroamérica y en EE.UU., también fueron incluidos.

Con estas designaciones, todas estas organizaciones han sido incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales, y sus activos en EE.UU. han sido bloqueados.

Esto también significa que cualquier empresa o persona que preste apoyo material a miembros o instituciones vinculadas a estas organizaciones puede enfrentarse a sanciones en EE.UU. Esto incluye el envío de dinero, la prestación de servicios, la consultoría, el suministro de transporte o cualquier otra ayuda económica directa o indirecta.

Hasta la fecha, los carteles mexicanos han sido los principales objetivos de las sanciones estadounidenses.

En el sistema de la OFAC, BBC News Brasil ha identificado que al menos 40 personas vinculadas a organizaciones clasificadas como terroristas en México han sido incluidas personalmente en la lista desde su designación el año pasado. De ellas, 23 pertenecen al Cartel de Sinaloa.

Más de 50 empresas vinculadas al cartel o a estas personas han sido sancionadas, así como 31 negocios señalados por tener conexión con el CJNG y sus miembros.

Al menos 14 personas y 4 empresas que tendrían algún tipo de conexión directa con el Tren de Aragua, de Venezuela, también han entrado en la lista de sanciones relacionadas con el terrorismo desde febrero de 2025.

El economista Welber Barral, exsecretario de Comercio Exterior de Brasil y socio de la consultora BMJ, explica que, además del efecto personal para los individuos y las empresas sancionados, la inclusión de las organizaciones en las listas de la OFAC ha supuesto un aumento significativo de los costes operativos de las empresas que operan en los países afectados y que también tienen presencia en EE.UU.

Muchas de estas facciones están muy infiltradas en las sociedades locales y cuentan con ramificaciones en diferentes sectores de la economía, afirma el experto. Dado que la definición de «apoyo material» adoptada por la ley estadounidense es bastante amplia, las empresas que operan en los países afectados pueden acabar siendo sancionadas por algún tipo de vínculo con las facciones, incluso sin intención.

«Un banco estadounidense que tenga cuentas de personas vinculadas a alguna de estas organizaciones, o un inversor estadounidense que invierta en una empresa cuyo proveedor esté relacionado con alguno de estos grupos, puede ser sancionado penal y civilmente en Estados Unidos si no demuestra que ha llevado a cabo la debida diligencia», ejemplifica Barral.

Todo esto, señala el experto, ha incrementado significativamente los gastos de las empresas en requisitos de cumplimiento normativo y diligencias previas para evitar problemas a la hora de invertir y operar en países como México y Colombia.

Nikos Passas, profesor de Criminología y Justicia Penal de la Universidad Northeastern, en Estados Unidos, afirma además que las entidades procesadas por apoyo material a una organización clasificada como terrorista por Estados Unidos han sufrido, además del impacto económico, consecuencias en lo que respecta a su reputación.

«En la práctica, según la ley, no tener la intención de apoyar a una organización terrorista no es necesariamente suficiente (para demostrar la inocencia). Por lo tanto, incluso sin intención, alguien puede acabar viéndose involucrado», afirma el experto, que colaboró en la implementación de las convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción y el crimen organizado transnacional.

Aún no existen estudios exhaustivos sobre el impacto real de todo esto en las economías locales, pero un informe de la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence, citado por la consultora Control Risks, señaló que, un año después de la designación de seis organizaciones criminales mexicanas como terroristas, se produjo un aumento significativo en los costes de las empresas en ese país.

El estudio señala un incremento del 8% al 12% en los gastos logísticos y un aumento del 30% en los precios de los seguros para camiones de transporte de mercancías en las regiones afectadas.

Los bufetes de abogados y las consultoras especializadas también informaron de un aumento significativo del escrutinio en el sector agroindustrial en los estados mexicanos de Jalisco y Michoacán, donde miembros de los carteles se han infiltrado en las cadenas de suministro en las últimas décadas.

Además, el Tesoro de Estados Unidos ha emitido órdenes en las que exige a todos los bancos que operan en ciudades fronterizas con México, en los estados de California y Texas, que soliciten la identificación de los clientes que realicen transacciones en efectivo por un importe superior a 200 dólares estadounidenses y que comuniquen dichos movimientos al organismo.

En junio de 2025, tres bancos mexicanos fueron sancionados bajo la acusación de blanquear dinero procedente del narcotráfico.

A dos de ellos, Visa y Mastercard les bloquearon el acceso a sus redes de pago, lo que dejó prácticamente inutilizadas las tarjetas de débito y crédito de los bancos, ya que las dos empresas estadounidenses dominan el sector de los pagos en casi todo el mundo.

Otro caso que marcó el debate el año pasado involucró a una escuela privada en Florida, que tuvo que pagar una multa de más de US$1,7 millones por recibir el pago de la matrícula y otras tasas de dos alumnos cuyos padres tienen vínculos con un cartel mexicano, según el Tesoro estadounidense.

Según el organismo, las infracciones del internado IMG Academy no fueron intencionadas, pero ponen de relieve la importancia de que las instituciones de diversos sectores «implementen controles eficaces y basados en el riesgo para evitar infracciones de las sanciones».

Todo este panorama, señala Barral, puede estar alejando a los posibles inversores de los países donde las organizaciones tienen su sede.

«Los bancos endurecen los requisitos para abrir cuentas y complican las operaciones con el extranjero, por lo que el acceso al crédito se vuelve más difícil», explica.

«Y, por supuesto, el inversor extranjero analizará con lupa la inversión que está realizando y si merece la pena».

Hasta el momento, no se han registrado señales claras de disminución de la inversión extranjera provocada por la medida estadounidense de designar organizaciones terroristas.

Pero, según Barral, el escenario tiene el potencial de ser especialmente perjudicial para México, que depende en gran medida de Estados Unidos y, en 2025, destinó aproximadamente el 80% de sus exportaciones a ese país.

En el ámbito penal, la calificación como organización terrorista conlleva penas más severas para los condenados en Estados Unidos, explica Nikos Passas.

«No solo son muy severas en términos económicos, sino que también incluyen penas de prisión que pueden llegar a los 20 años», afirma el abogado y criminólogo.

En febrero de este año, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, René Arzate-García (también conocido como La Rana), fue acusado de los delitos de narcoterrorismo, dirección de una organización criminal, apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana, y lavado de dinero en California.

El gobierno estadounidense también ha ofrecido una recompensa de hasta US$10 millones por información sobre el paradero de La Rana y su hermano, Alfonso Arzate-García (Aquiles). La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) afirma que ambos controlan la zona de Tijuana para el Cartel de Sinaloa desde hace 15 años.

Desde que los carteles mexicanos y sus miembros fueron clasificados como terroristas, los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum han llevado a cabo una serie de negociaciones a puerta cerrada.

Ambos países llegaron a hablar de aumentar la cooperación y crear estrategias conjuntas para combatir a los carteles. También se intensificaron los traslados de delincuentes capturados en México a EE.UU., con casi cien presos enviados a territorio estadounidense entre enero de 2025 y enero de 2026.

Sheinbaum también fue señalada como una de las líderes mundiales que mejor logró negociar treguas con la Casa Blanca ante las acusaciones de Trump sobre la delincuencia en la frontera y la imposición de aranceles comerciales.

Pero los recientes acontecimientos que involucran a líderes locales y las declaraciones del Palacio Nacional plantean dudas sobre lo que ocurre entre bastidores.

En enero, tras la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, Trump dio a entender que otros países latinoamericanos, como Colombia, Cuba y México, podrían ser los próximos objetivos de su gobierno.

En respuesta, Sheinbaum afirmó durante una rueda de prensa que se defendería la soberanía mexicana. «Pocos mexicanos están de acuerdo con una intervención», dijo.

«No solo no ayuda —¿a quién van a bombardear?—, sino que además nuestra soberanía estará en juego».

Las relaciones entre ambos países llegaron a un punto aún más delicado tras la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente de tráfico en el norte de México. Según las autoridades mexicanas, no contaban con autorización para operar en el país.

Un reportaje de la cadena CNN señaló además que agentes de la CIA participaron directamente en ataques mortales contra objetivos de los carteles en México durante el último año.

El gobierno de Sheinbaum lo negó categóricamente. La presidenta también ha sido enfática al afirmar que las autoridades extranjeras solo pueden operar en territorio mexicano previa autorización.

Pero, poco después del accidente de tráfico en el que se vieron involucrados los agentes de inteligencia estadounidenses, EE.UU. acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios del gobierno local por su supuesta implicación con el Cartel de Sinaloa.

Aunque Estados Unidos suele perseguir a los jefes del narcotráfico, son poco frecuentes las acusaciones formales contra políticos mexicanos en activo de alto rango.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Rocha y los demás conspiraron con líderes del cartel para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Tras la divulgación de los cargos, el gobierno mexicano recibió solicitudes de prisión preventiva con fines de extradición de los investigados. Sheinbaum exigió pruebas claras de la implicación de las autoridades antes de que la Fiscalía General de la República pueda proceder conforme a la ley.

La presidenta también acusó a «sectores de la extrema derecha» en Estados Unidos de liderar una «campaña» contra su gobierno, pero dijo creer que Donald Trump no está involucrado en el movimiento.

«Confieso que no creo que el presidente Trump haya liderado esta ofensiva en varios asuntos», dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina.

«Son sectores de la extrema derecha en Estados Unidos los que quieren impedir una buena relación».

En Colombia, una de las principales consecuencias de la presión estadounidense sobre el crimen organizado fue la inclusión, el año pasado, del presidente Gustavo Petro y sus familiares en la lista de personas presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Además de Petro, su hijo mayor, Nicolás Petro, y la primera dama, Verónica Alcocer, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también fue sancionado por la OFAC bajo la acusación de estar involucrado en el tráfico ilícito global de drogas.

Según el Tesoro estadounidense, desde que asumió el poder, Petro habría permitido que los carteles de la droga prosperaran e «inundaran Estados Unidos y envenenaran a los estadounidenses» con cocaína.

Más recientemente, en marzo, los fiscales federales de Nueva York habrían abierto oficialmente una investigación para indagar sobre la implicación del presidente con personas vinculadas al narcotráfico, además de las sospechas sobre el uso de fondos ilícitos en su campaña presidencial de 2022.

Al igual que en México y en los demás países implicados, esto generó una gran preocupación entre empresarios e inversores, que tuvieron que reorganizarse para evitar ser sancionados por cualquier tipo de contacto con el círculo cercano de Petro.

Al mismo tiempo, según reveló un reportaje del diario The New York Times, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, habría contactado con el gobierno estadounidense para solicitar la imposición de nuevas sanciones, esta vez contra los traficantes de oro ilegal.

El gobierno colombiano cree que la minería ilegal de oro ha financiado al Clan del Golfo, designado como grupo terrorista por Estados Unidos, y que ampliar las sanciones a los comerciantes de oro ayudaría a Colombia a combatir a esta facción, según el reportaje.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. no ha confirmado si se está analizando la solicitud, pero el tema del narcotráfico y la seguridad se ha convertido en uno central en las elecciones locales, que se decidirán en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

Iván Cepeda, líder de izquierda que propone dar continuidad a los programas del actual gobierno de Gustavo Petro, se enfrenta a Abelardo de la Espriella, un empresario de derecha que promete un enfoque radical para cambiarlo todo.

Sin embargo, a pesar de todas las medidas adoptadas por Estados Unidos hasta ahora, los expertos y observadores locales también señalan que no se ha producido una disminución significativa de la violencia provocada por las bandas.

Cecilia Farfán-Méndez, de GI-TOC, afirma que los colaboradores de la organización en México y Centroamérica no han notado efectos concretos de las medidas estadounidenses en la limitación de las actividades perpetradas por las organizaciones criminales.

«Pero claro, solo ha pasado poco más de un año (desde que EE.UU. publicó la designación)», dice la experta.

La gran excepción señalada por Farfán-Méndez es Venezuela, donde habría indicios de debilitamiento del Tren de Aragua.

Según los informes, la organización está cada vez más fragmentada. Además, habría visto aumentar la presión sobre sus redes después de que Chile y Colombia comenzaran a llevar a cabo operaciones conjuntas con las autoridades estadounidenses para desmantelar células del grupo en sus países.

En octubre, uno de los fundadores de la organización, Larry Álvarez, también conocido como Larry Changa, habría solicitado, en una carta, ayuda al gobierno colombiano para llevar a cabo negociaciones de paz que conduzcan a la disolución del grupo, una acción que fue interpretada por algunos como una señal de la debilidad del grupo.

Changa se encuentra detenido en Colombia desde 2024. En el mensaje dirigido a Gustavo Petro y al Ministerio de Justicia, habría solicitado ayuda para «facilitar el acercamiento y construir una vía viable de desmovilización».

La carta fue firmada por los abogados del delincuente y publicada en los medios de comunicación locales y en internet. La oficina del comisionado para la paz de Colombia confirmó la autenticidad del documento a la agencia AFP.

Además, según los colaboradores consultados por GI-TOC, algunas medidas del gobierno estadounidense, como la imputación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero y señalado como el máximo líder del Tren de Aragua en el proceso penal que también tiene como objetivo a Nicolás Maduro y a otros miembros de su gobierno, han debilitado la estructura criminal.

A todo ello se suman la detención de Maduro y el control de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano, que estarían perjudicando a la organización, según informes publicados por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

Sin embargo, aún quedan muchas dudas sobre los beneficios de la estrategia adoptada por EE.UU. de calificar a las facciones criminales latinoamericanas como terroristas.

Para Nikos Passas, de la Universidad Northeastern, existe la posibilidad de que la presión actual produzca un efecto contrario.

«En el pasado, hemos visto que la aplicación rigurosa de medidas contra estas organizaciones a veces ha servido de incentivo para que se organizaran mejor, se volvieran más sofisticadas y, en consecuencia, más poderosas y resistentes», afirma.

Además, señala el abogado, la aplicación de sanciones puede alejar cada vez más a los grupos del sistema financiero estadounidense y, por consiguiente, del dólar, lo que dificulta cada vez más a EE.UU. el seguimiento de sus movimientos.

«Esta estrategia también proporciona incentivos adicionales para la desdolarización, con el fin de eludir la jurisdicción estadounidense», señala.

«En otras palabras, puedes usar tus armas contra los objetivos que están a tu alrededor, pero si se trasladan a otro lugar, quedarán fuera de tu alcance».

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