ONU respalda primera solicitud de extradición por represiones en Venezuela durante protestas de 2014
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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, saludó este martes 9 de junio un avance judicial internacional que calificó como “clave” en la búsqueda de justicia por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas antigubernamentales de 2014.
Por: lapatilla.com
A través de un extenso comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la instancia respaldada por Naciones Unidas destacó la primera solicitud de extradición derivada de una investigación internacional por hechos ocurridos en Venezuela en el contexto de las manifestaciones de 2014.
Según detalló la Misión, un tribunal federal de Argentina solicitó formalmente a las autoridades de España la extradición del excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien enfrenta cargos de asesinato vinculados a la represión de las protestas ocurridas hace más de una década.
El exfuncionario forma parte de un grupo de 14 altos mandos de la GNB, denunciados en Argentina en 2023 por la organización no gubernamental internacional Inter-Just.
La investigación se desarrolla bajo el principio de jurisdicción universal, mecanismo jurídico que permite a tribunales de terceros países investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos, incluso cuando los hechos ocurrieron fuera de sus territorios.
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“La Misión saluda este avance procesal como un paso importante hacia el fin de la impunidad”, señaló el organismo, al remarcar que las fronteras no deben convertirse en refugio para quienes “han diseñado y ejecutado crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano”.
La Misión de Determinación de los Hechos recordó que, a través de múltiples informes, ha documentado ampliamente la violencia estatal desplegada desde 2014 en Venezuela, con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas de los responsables y justicia para las víctimas.
Las protestas de 2014 marcaron uno de los episodios de mayor movilización ciudadana durante la administración de Nicolás Maduro, en un contexto de creciente deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho.
De acuerdo con las conclusiones de la ONU, la respuesta de los cuerpos de seguridad no fue producto de “hechos aislados” o excesos individuales, sino parte de un patrón sistemático y planificado de violencia de Estado.
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Entre los principales elementos documentados por la Misión sobre la represión durante las manifestaciones, destacan el uso desproporcionado de la fuerza. El organismo aseguró que fuerzas de seguridad utilizaron de forma sistemática munición real y armas letales contra manifestantes desarmados, generando un elevado número de víctimas mortales.
La ONU también señaló que efectivos estatales, especialmente de la GNB, habrían permitido, tolerado o actuado conjuntamente con grupos civiles armados conocidos como “colectivos”, presuntamente involucrados en ataques y acciones intimidatorias contra manifestantes.
La investigación documentó cientos de arrestos arbitrarios de estudiantes y opositores, así como denuncias de tortura, malos tratos y violencia sexual durante detenciones o traslados a centros de reclusión.
ONU denuncia una estructura de represión desde las altas esferas
La Misión concluyó que estos hechos reflejan la existencia de un aparato de represión institucionalizado, dirigido desde las más altas esferas del poder con el objetivo de sofocar la disidencia política y mantener el control estatal.
Asimismo, sus investigaciones apuntaron a una línea de mando originada en la cúpula del Poder Ejecutivo, con participación determinante de la GNB y organismos de inteligencia civil y militar, además de presunta complicidad de sectores del sistema judicial venezolano.
El pronunciamiento de la ONU se produce en medio del avance de investigaciones internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, mientras distintos mecanismos judiciales exploran vías de cooperación transnacional para procesar a presuntos responsables.
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