Qué significa que Ovidio Guzmán, hijo de «El Chapo», se declare culpable de narcotráfico en EE.UU. (y por qué esto es visto como un hito que molesta a México)

«No habría ningún incentivo para que se declarara culpable a menos que estuviera cooperando», le dice a BBC Mundo Rob Heroy, un abogado que ha seguido el caso y defendió a otro mexicano que en 2014 admitió su culpabilidad de narcotráfico en EE.UU.

El acuerdo negociado entre el gobierno de EE.UU. y Guzmán López ha sido cuestionado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y parece volverse cada vez más un asunto bilateral de alto nivel.

Para entender su significado, hay que repasar primero quién es este narco apodado «El Ratón».

Guzmán López ganó notoriedad con su arresto fallido en 2019, cuando sicarios del cartel de Sinaloa tomaron las calles de Culiacán y lograron liberarlo tras una feroz batalla con las fuerzas armadas, que se vieron superadas.

Aquel episodio fue un duro revés para el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el padrino político de Sheinbaum que entonces apoyó la decisión de liberar a Guzmán López para evitar más muertes.

Algunos compararon ese escape de «El Ratón» con las dos sorprendentes fugas que había logrado su padre de cárceles mexicanas, una de ellas por un túnel de kilómetro y medio que fue una afrenta para el gobierno de turno.

Pero la carrera criminal de Guzmán López comenzó mucho antes del arresto frustrado que puso las miradas sobre él.

EE.UU. lo incluyó en 2012 (cuando tenía 22 años) en su lista «kingping act» de importantes narcotraficantes extranjeros a sancionar.

La acusación más reciente ante una jueza federal en Chicago sostenía que, tras la recaptura definitiva de su padre en 2016, Guzmán López asumió un rol de líder del cartel de Sinaloa junto a los otros tres «Chapitos».

Los fiscales lo definieron como un «coordinador logístico» del cartel que movió grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a EE.UU., y lavó las ganancias de esos envíos al transferirlas a México.

Otra acta acusatoria presentada en un tribunal federal de Nueva York indicó que Guzmán López «es el principal responsable de las actividades de fabricación y tráfico de fentanilo de los Chapitos», que obtuvieron crecientes ganancias con este negocio ilícito mientras en EE.UU. crecían las muertes por esa droga.

El documento de 2023 sostenía que los «Chapitos» formaron «la facción más poderosa del cartel y la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo», mediante sobornos y sicarios que asesinan, secuestran y torturan a sus víctimas, incluso lanzándolas a tigres o usando sacacorchos y chiles.

Guzmán López fue recapturado en enero de 2023 —esta vez sin que sus hombres pudieran liberarlo en otra ofensiva violenta en Culiacán— y extraditado ocho meses después a EE.UU., que destacó esto como un logro de la cooperación entre ambos países.

«El Ratón» se declaró entonces inocente de los cargos en su contra por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

Todo indicaba que iría a un juicio, como su padre.

Pero luego comenzaron a surgir novedades inesperadas.

Diez meses después de la extradición de Guzmán López, su hermano Joaquín llegó a Texas en un avión privado y se entregó a las autoridades junto a Ismael «El Mayo» Zambada, quien fundó el cartel de Sinaloa con «El Chapo».

Zambada sostuvo que fue secuestrado por el hijo de su viejo socio y llevado contra su voluntad a EE.UU., donde ahora está preso con 77 años y busca desactivar el riesgo de pena de muerte que implican sus cargos.

Esa presunta traición desató una guerra interna en el cartel entre fuerzas de «El Mayo» y los «Chapitos», en una ola imparable de violencia que suma cerca de 1.500 muertos y otros tantos desaparecidos según estimaciones locales.

Iván y Alfredo Guzmán Salazar, dos «Chapitos» hermanastros de los Guzmán López, siguen prófugos.

Familiares de los Guzmán López —entre los que estaría su madre, según reportes sin confirmar— cruzaron en mayo la frontera desde México a EE.UU., donde los aguardaban autoridades locales.

El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo entonces que le parecía «evidente» que ese traslado obedeció a una negociación con el gobierno de EE.UU. y que probablemente Guzmán López cooperase con las autoridades como parte del trato.

El abogado de los Guzmán, Jeffrey Lichtman, negó en ese momento que el viaje de los familiares respondiera a un acuerdo de culpabilidad.

Pero la presidenta de México reclamó públicamente que funcionarios de EE.UU. informaran a su gobierno si había un entendimiento legal con Guzmán López, y reiteró su pedido la semana pasada.

«Nosotros por supuesto que combatimos al crimen organizado», dijo Sheinbaum. «Pero es un caso de extradición, entonces por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República».

También aludió a la postura de EE.UU. contraria a negociar con «organizaciones terroristas» (designación que el presidente Donald Trump aplicó al cartel de Sinaloa) para cuestionar: «¿Y qué está haciendo?».

Ricardo Monreal, un diputado mexicano del partido de Sheinbaum, anunció una revisión de la ley de extradición para buscar acceso a datos de procesos penales sobre ciudadanos de su país entregados a otros gobiernos.

En cambio, la senadora opositora Cristina Ruiz dijo estar segura de que, con su acuerdo de culpabilidad, Guzmán López «revelará nombres y deberían de preocuparse aquí todos los narcopolíticos» en el Congreso.

Mientras, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a fines de junio a tres instituciones financieras mexicanas a las que acusa de lavar dinero de carteles de drogas, incluido el de Sinaloa.

El abogado Heroy cree que los hermanos Guzmán López proporcionarían al gobierno de EE.UU. «una de las cooperaciones más extremas que probablemente hayamos visto nunca en este país».

«Ponen sus vidas y las de sus familias en peligro y tienen información que llega hasta lo más profundo de los carteles y el gobierno de México», sostiene.

Agrega que no le sorprendería que «El Ratón» reciba una condena de 15 años en una prisión de testigos protegidos, con una posible liberación anticipada.

Ese tipo de acuerdos del gobierno de EE.UU. con narcos importantes dispuestos a brindar información son frecuentes en el juicio a «El Chapo» testificaron varios que trabajaron a su lado, incluido un hijo de Zambada.

Pero a menudo esos pactos, lejos de reducir las drogas o las muertes en las calles, desatan nuevas disputas por el negocio.

Según Angélica Durán-Martínez, una experta de la Universidad de Massachusetts Lowell, es posible que sigan las luchas internas en Sinaloa y resulta incierto si una colaboración con EE.UU. de Guzmán López debilitaría o fortalecería a su rival, el cartel Jalisco Nueva Generación.

«Este tipo de acuerdos, que son muy comunes, siempre se han presentado como triunfos», dice Durán-Martínez a BBC Mundo, «pero en realidad son éxitos de corto plazo que no eliminan el narcotráfico, y que no contribuyen a reducir la violencia o corrupción que le subyacen» ni «a clarificar los crímenes más graves como desapariciones u homicidios».

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.