La crisis de drogas choca con la campaña electoral

MÁNCHESTER, Nuevo Hampshire — El informe oficial de toxicología afirmó que el hijo de Andrea Cahill murió a los 19 años por una sobredosis accidental de fentanilo. Pero más de tres años después de la muerte de Tyler Cahill en la habitación de su infancia, ella no lo cree. Fue un envenenamiento, afirmó, y no tiene duda alguna sobre a quién se debe culpar: “Los cárteles”.

Andrea Cahill cree que los gobiernos de México y China deberían ser sancionados por el flujo de droga hacia Estados Unidos. Cahill, quien políticamente es independiente y casi siempre vota por los republicanos, quiere un presidente que se centre de forma implacable en el tema.

Por estos días, los candidatos presidenciales republicanos están trabajando para convencer a personas como Cahill de que comparten su sentido de urgencia.

Ron DeSantis habla sobre el fentanilo en cada discurso, promete enviar fuerzas militares a México para atacar a los cárteles. Nikki Haley ha prometido enviar fuerzas de operaciones especiales al otro lado de la frontera. Chris Christie ha pedido un mejor acceso a los tratamientos. El expresidente Donald Trump ha ofrecido pocas soluciones específicas, pero ha aprovechado el deseo de las familias de las víctimas de ser vistas: compara las muertes por drogas con las víctimas de tiempos de guerra.

En el debate del miércoles por la noche, los candidatos vincularon la crisis con la inmigración y la política exterior y recalcaron repetidas veces el impacto.

“El fentanilo ha matado más estadounidenses que las guerras de Irak, Vietnam y Afganistán juntas”, señaló Haley.

Las promesas son necesarias para cualquier político que quiera parecer estar en sintonía con Nuevo Hampshire, un estado que puede convertir campañas presidenciales en un éxito o un fracaso. A medida que el fentanilo se ha convertido en una de las crisis de salud más urgentes del país —en la actualidad, es una de las principales causas de muerte entre personas menores de 45 años— ha devastado al pequeño estado. El año pasado, las muertes por sobredosis de opioides alcanzaron su punto máximo en cuatro años, aunque ligeramente por debajo de su pico en 2017, según datos estatales. La mayoría fueron de fentanilo.

Pero conectar verdaderamente con los votantes, es decir, persuadirlos de que la ayuda podría estar en camino, está resultando difícil. En decenas de entrevistas con personas que están en la primera línea de la lucha contra el fentanilo, se percibe una sensación de desamparo generalizada. Muchos dijeron que creían que el gobierno federal había hecho muy poco para detener la epidemia y que continúa haciendo muy poco para tratar de controlarla.

Los discursos de los candidatos sobre bloqueos e intervenciones militares son recibidos con cinismo y una profunda desconfianza en que sus posibles gobiernos puedan encontrar soluciones.

“No veo que las cosas vayan a mejorar con Trump o Biden o quien sea que gane”, dijo Shayne Bernier, de 30 años, quien luchó contra la adicción a los opioides hace años y ahora está ayudando a abrir un centro de rehabilitación en el centro de Mánchester, Nuevo Hampshire. Durante más de un año, Bernier ha patrullado parques y calles de forma rutinaria, brindando información sobre un programa de desintoxicación financiado por la ciudad.

Bernier creció en la ciudad y tiene tatuado en su bíceps izquierdo la frase “Vive libre o muere” en inglés, el lema oficial del estado. Se considera un conservador. No ama ni odia a Trump, aunque entiende cómo el expresidente conecta con la ira y la frustración por la que atraviesan sus amigos.

Hace cinco años, Trump viajó a Nuevo Hampshire y comentó lo “increíble” que era que el estado tuviera una tasa de mortalidad por drogas que duplicaba el promedio nacional. Cuando prometió asegurar la frontera “para mantener alejadas las malditas drogas”, la audiencia respondió coreando: “¡Construye ese muro!”.

Las drogas nunca dejaron de llegar. La oferta no hizo más que aumentar y la heroína fue completamente eclipsada por el fentanilo, su primo sintético más barato y letal. El estado ya no es tan atípico como solía ser: en una encuesta de opinión pública reciente, más de una cuarta parte de los adultos estadounidenses clasificaron los opioides y el fentanilo como la mayor amenaza para la salud pública.

Hasta cierto punto, DeSantis ha continuado la retórica de Trump. Ha prometido matar a tiros a los narcotraficantes, una promesa que es constantemente recibida con aplausos. En gran medida presenta el problema como un síntoma de una frontera porosa, lo que da a los conservadores otra razón para criticar la inmigración ilegal.

Pero culpar a los cruces fronterizos ilegales es engañoso. La enorme mayoría del fentanilo en Estados Unidos ingresa a través de puertos de entrada legales, según la Agencia de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés). Por lo general, son ciudadanos estadounidenses que cruzan la frontera quienes ingresan de contrabando las drogas, metiéndolas en remolques, maletas o en los revestimientos de los vehículos.

Keith Howard, que dirige Hope for New Hampshire Recovery, un grupo comunitario de apoyo entre pares en Mánchester, hace una mueca de rechazo cuando escucha a los candidatos hablar de una ofensiva fronteriza como una solución viable. El apoyo a la salud mental, empleos bien remunerados y los programas de tratamiento a largo plazo son mucho más importantes, afirmó.

Cuando Christie, exgobernador de Nueva Jersey, visitó Hope for New Hampshire Recovery a principios de este año, no mencionó la frontera. Christie se desempeñó como presidente de la comisión especial de Trump para combatir la crisis de opioides, pero muchas de las recomendaciones del informe de 138 páginas que la comisión emitió en 2017 no llegaron a nada. Christie culpó a la pandemia, pero también dijo que el gobierno de Trump no se centró lo suficiente en elaborar políticas y programas específicos.

Desde entonces, dijo, la crisis ha empeorado y los políticos no han sido sinceros con los votantes sobre las soluciones.

“Es deshonesto hacerle creer a la gente que se puede salir de este problema por la fuerza”, dijo en una entrevista, y agregó que apoyaría el envío de tropas de la Guardia Nacional a los puertos de entrada legales para ayudar a los agentes de la Patrulla Fronteriza a interceptar drogas. Al mismo tiempo, añadió: “No quiero engañar al pueblo estadounidense haciéndole creer que si envío la Guardia Nacional a la frontera sur, se resolverá el problema”.

El presidente Joe Biden se ha centrado tanto en ampliar la aplicación de la ley como en mejorar los tratamientos. En marzo, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la venta sin receta de Narcan, un aerosol nasal que revierte las sobredosis de opioides. Biden ha pedido una inspección más meticulosa de las cargas que entran al país y sanciones más estrictas para quienes sean capturados traficando drogas. Recientemente, criticó al Congreso controlado por los republicanos por correr el riesgo de un cierre federal, lo que impediría que se asignen miles de millones de dólares a la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza para abordar la crisis.

Victoria Sullivan considera un fracaso la estrategia de Biden. Sullivan, exlegisladora estatal republicana en Nuevo Hampshire y presentadora de programas de entrevistas políticas, ayudó este año a abrir un centro de rehabilitación para hombres en recuperación.

Sullivan ha calificado su rol como de “limpieza de los desastres del gobierno” mientras intenta llenar los vacíos que dejan las agencias locales. Está convencida de que las políticas antidrogas de la ciudad son demasiado permisivas y atraen a personas de toda la región a las calles de Mánchester. (Aproximadamente, una cuarta parte de las personas sin hogar en Mánchester han reportado ser de la ciudad).

Sullivan dijo que el problema requiere intervenciones más agresivas, tratamiento médico accesible, familias fuertes e instituciones religiosas. Sus soluciones chocan con una contradicción en las opiniones de muchos republicanos sobre la crisis de las drogas: no se avergüenza de sus opiniones conservadoras en las que el rol del gobierno debe ser pequeño, pero sostiene que las agencias necesitan gastar más dinero en programas de rehabilitación.

“El gobierno simplemente ha fracasado en todos los niveles”, dijo Sullivan. “Fomentan la dependencia, pero no hacen nada ni remotamente cercano para que alguien pueda recuperarse por sí solo”.

Sullivan ha votado por Trump en el pasado y todavía lo apoya. Pero también ha quedado impresionada por Haley, exembajadora ante las Naciones Unidas, quien a principios de este año organizó una discusión en Freedom House, el centro de rehabilitación que Sullivan ayudó a crear. Allí, Haley prometió hacer más para combatir los envíos realizados por China a Estados Unidos de las sustancias químicas utilizadas para crear fentanilo.

Patrick Burns, de 35 años, creció en la zona rural de Maine, donde comenzó a robarle opioides recetados a su madre cuando era adolescente. A los 17 años, se alistó en el Ejército y sirvió durante varios años en Afganistán.

Cuando regresó en 2013, casi todas las personas con las que creció estaban lidiando con algún tipo de adicción. Se mudó a Mánchester en parte para estar más cerca de un Centro Médico para Veteranos más grande, pensando que allí podría obtener más ayuda. En cambio, se topó con un obstáculo burocrático tras otro y afirmó que el fentanilo estaba en todas partes.

Burns votó por Trump en una ocasión y podría imaginarse hacerlo de nuevo. Lo que le resulta más difícil de imaginar, dijo, es que el gobierno que lo envió a la guerra pueda encontrar una salida al atolladero que ve en Mánchester.

© The New York Times 2023