▷ Misión de la ONU advierte impacto en familias de detenidos y cuestiona Ley de Amnistía en Venezuela #12Mar

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La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las familias de personas detenidas en el país continúan enfrentando graves consecuencias por la falta de información sobre el paradero y situación de sus seres queridos, en medio de un contexto político y judicial que sigue generando preocupación internacional.

Durante la presentación de la actualización de su informe, la experta María Eloísa Quintero destacó que muchas familias, principalmente mujeres, han pasado semanas frente a centros de detención exigiendo información sobre los detenidos, llegando incluso a protagonizar huelgas de hambre para exigir respuestas de las autoridades.

Mujeres y familiares, entre los más afectados

Según la Misión, la incertidumbre sobre los criterios y los tiempos de liberación ha generado un fuerte impacto emocional y social en los familiares de los detenidos.

Las investigaciones preliminares del organismo apuntan a que, entre septiembre y diciembre de 2025, las autoridades venezolanas continuaron aplicando patrones de represión contra sectores de la oposición, una práctica ya documentada en informes anteriores.

Acciones militares de EE.UU. en el Caribe y en Venezuela

El informe también hizo referencia a hechos de gran trascendencia ocurridos durante el período analizado. Entre ellos, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe a partir de septiembre de 2025 para combatir lo que ese país calificó como “organizaciones narcoterroristas”.

Posteriormente, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Venezuela que incluyó bombardeos contra instalaciones militares y aeroportuarias en Aragua, Caracas, La Guaira y Miranda. Según estimaciones del Ministerio de Defensa venezolano, el ataque dejó 82 fallecidos, de los cuales al menos dos serían civiles, de acuerdo con reportes de medios de comunicación.

La operación incluyó además una acción de fuerzas especiales en la que fueron capturados Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con drogas y armas.

Ante estos hechos, la Misión reiteró que la operación militar estadounidense violó el derecho internacional, aunque subrayó que existen motivos razonables para considerar a Maduro responsable de presuntos crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Aun así, enfatizó que tales acusaciones deben ser procesadas mediante procedimientos judiciales con las debidas garantías.

Cuestionamientos a la Ley de Amnistía

El informe también abordó la aprobación, el pasado 20 de febrero, de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional venezolana.

Si bien la Misión valoró positivamente la existencia de una norma de este tipo, expresó serias reservas sobre su alcance y proceso de aprobación. Entre las preocupaciones mencionadas se encuentra la rapidez con la que fue aprobada, que según los expertos, impidió un proceso consultivo transparente e inclusivo.

Asimismo, el organismo señaló que la ley no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, ni contempla mecanismos independientes de investigación, búsqueda de la verdad o reparación efectiva para las víctimas.

Otro punto crítico es que la amnistía se limita a una lista específica de delitos y acontecimientos, dejando fuera a numerosas personas detenidas por acusaciones relacionadas con presuntas “acciones armadas o de fuerza” contra la soberanía nacional, cargos que han sido utilizados frecuentemente contra militares, exmilitares y civiles.

Según cifras oficiales, entre el 20 de febrero y el 6 de marzo 247 personas fueron excarceladas bajo esta ley, mientras que a 7.407 se les otorgó libertad plena tras la caída de los procesos judiciales en su contra. Sin embargo, la Misión advirtió que estas cifras no pueden ser verificadas debido a la falta de registros públicos.

Además, el organismo documentó que al menos 76 personas extranjeras o con doble nacionalidad detenidas por motivos políticos continúan privadas de libertad.

Momento crucial para las víctimas

La Misión también subrayó que este es un momento determinante para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Más de 8,7 millones de venezolanos viven fuera del país, incluidos miles de refugiados que esperan poder regresar en condiciones de seguridad.

En los últimos meses, numerosas personas excarceladas o liberadas de medidas judiciales se han acercado a la Misión para ofrecer sus testimonios, lo que ha provocado que el número de casos y solicitudes de investigación se haya duplicado o incluso triplicado.

Ante este escenario, los expertos reiteraron su llamado a las autoridades venezolanas para que cooperen con el mecanismo internacional y permitan su acceso pleno al país, como una señal de transparencia.

“La situación actual puede representar una oportunidad para que finalmente prevalezcan el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas”, señaló Quintero ante el Consejo.

La Misión concluyó que el momento exige mayor acompañamiento y escrutinio internacional, al tiempo que recordó que miles de víctimas venezolanas y de otras nacionalidades continúan esperando justicia. “El pueblo de Venezuela no merece menos”, afirmó la experta.

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