Alcaldía avanza en la construcción de la cárcel para sindicados

En menos de 72 horas las autoridades de Medellín tuvieron que enfrentar la fuga de 13 personas que se encontraban en la estación de paso de La Minorista y el intento de fuga de 148 más de una estación en Belén.

Lo sucedido en estos lugares, en dos extremos de la ciudad, pusieron nuevamente sobre la mesa la necesidad de la cárcel metropolitana para sindicados que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, pero que, aunque ya tiene un contrato de concesión bajo esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública desde finales del año pasado, aún no inicia su construcción.

Esta decisión fue informada al Concejo de Medellín por parte del director de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (Agencia APP) de Medellín, German Schäfer Elejalde.

Según lo explicó el funcionario, la administración del exalcalde Daniel Quintero, después de haber firmado el acta de inicio hizo un otrosí donde se definió que el proyecto se podía iniciar sin la necesidad de tener un contrato de interventoría.

“En la actualidad se adelanta el otrosí número 2 para poderle dar claridad a esta situación que nos encontramos”, dijo Schäfer Elejalde.

Este nuevo otrosí buscaba, según lo dijo el gerente, dejar sin efecto el primero, firmado en la pasada administración, al considerar que la interventoría es un requisito legal para la ejecución de la totalidad del contrato.

“En la actualidad se adelanta el otrosí número 2 para poderle dar claridad a esta situación que nos encontramos”

Días después, el 19 de febrero, Schäfer Elejalde y Jonny Alexánder Romero, representante legal suplente de Carmet Medellín S.A.S, concesionario encargado del proyecto, firmaron el Otrosí No. 2, donde acordaron suspender la ejecución del contrato hasta el 26 de abril de 2024.

“Las partes pactan dejar sin efecto a partir de la firma de este documento el Otrosí No. 1 y en consecuencia la relación contractual está determinada por lo pactado en el Contrato y en este Otrosí No.2”, se lee en el acuerdo firmado.

De acuerdo a lo consignado en la misma documentación del proyecto, cuyo valor es de $675.013.680.000, donde están comprometidas vigencias futuras por $56.210.140.000 anuales efectivos entre 2026 y 2037, la Agencia APP estaba adelantando el proceso de concurso de méritos para seleccionar la interventoría del contrato, por lo que se hace necesaria la suspensión del mismo.

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Sin solución de fondo

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad en Antioquia, quien estuvo en la socialización del proyecto en el Concejo, donde se aprobaron las vigencias futuras, contó que les manifestó a los corporados su inconformidad ante un gasto tan elevado para un lugar que no solucionará lo que pasa con los sindicados.

“Yo también estuve allá y también me atreví a decir que estaban haciendo mal las cosas, porque pensaban construir una cárcel en San Cristóbal que estaba por el orden de más de los 70.000 millones de pesos para 1.400 personas, cuando teníamos 3.000 en estaciones, el resto ¿dónde los van a meter?”, cuestiona Carmona.

Explicó que en el Valle de Aburrá existen siete cárceles y 23 salas de paso donde hay en promedio 12.000 personas privadas de la libertad. De ellos, cerca de 3.000 están en estaciones donde a funcionarios de la Policía y CTI les han endosado la responsabilidad de vigilar y custodiar internos.

Estaba por el orden de más de los 70.000 millones de pesos para 1.400 personas, cuando teníamos 3.000 en estaciones, el resto ¿dónde los van a meter?”

Esta situación ya había sido alertada por la Personería que el pasado 19 de febrero advirtió sobre los niveles de hacinamiento en los centros de detención transitoria en la ciudad.

Para la fecha, un total de 1.896 personas vinculadas a procesos judiciales estaban en estos lugares.

“El día que ocurra aquí una tragedia de grandes dimensiones, que es lo que se está avizorando en cualquier momento, la gente va a intentar salir a como de lugar, a sangre y fuego, y ojalá esté equivocado, pero si eso llega a ocurrir, aquí tiene que haber unos responsables”, concluyó Carmona.

Se adjudicará Interventoría

Por medio de un comunicado, la Agencia APP informó en días pasados que, tras recibir las propuestas de tres empresa interesadas, el contrato de interventoría será adjudicado este miércoles 13 de marzo, después de recibir las observaciones de la evaluación.

“Por tratarse de un contrato avaluado inicialmente en $675.013 millones para la construcción de la cárcel, es importante contar con la interventoría como lo estipula la ley, para garantizar la transparencia durante la ejecución del mismo”, explicó el director Schäfer Elejalde.

Las tres firmas oferentes fueron Consorcio Metropol, Consorcio Intercárceles y Consorcio MZCJ 2024. La ganadora firmará contrato el 3 de abril para iniciar las obras.

Una demanda en curso

Andrés Tobón, presidente del Concejo meses atrás instauró una demanda de nulidad simple en contra del acuerdo municipal que autorizó vigencias futuras al considerar que los concejales se extralimitaron.

“La demanda no implicaría una pérdida del contrato toda vez que esto es un asunto posterior y no es sujeto de la demanda misma, sino del piso de las vigencias futuras y obligaría a encontrar otra fuente de financiación”, precisó el concejal.

LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

EL TIEMPO Medellín

En X: Laura_Rossa