Arroz: Gobernadora de Sucre propone medidas para frenar pérdidas de arroceros durante paro nacional | Regiones | Economía

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, se pronunció sobre el paro arrocero que inició el 14 de julio y que moviliza a productores en al menos nueve departamentos del país. La funcionaria advirtió que la situación es crítica para las familias que dependen del cultivo y pidió decisiones que eviten que continúen produciendo a pérdida.

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“Lo que esperamos es que estos valores cubran realmente los costos de nuestros productores. No puede haber una libertad regulada si se sigue condenando a los productores a producir con pérdidas. Pedimos que se escuche a quienes hoy están movilizados y se tomen decisiones justas que garanticen ingresos dignos para las familias productoras de arroz”, señaló.

El pronunciamiento se dio tras la publicación por parte del Ministerio de Agricultura del borrador de resolución que establece la libertad regulada para el precio del arroz paddy verde. La propuesta incluye precios mínimos por región y obliga a reportes semanales de compra, origen y condiciones de venta.

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Desde una mesa de trabajo con la Agencia de Desarrollo Rural en Bogotá, la gobernadora recalcó que los agricultores temen que la regulación no logre frenar las pérdidas. “Los arroceros piden lo justo, que el precio cubra la inversión y utilidades que les permita vivir dignamente”, expresó.

En Sucre hay más de 23.000 hectáreas sembradas de arroz secano mecanizado, el 90 % en la subregión de la Mojana. La producción promedio es de 4,5 toneladas por hectárea y el costo estimado de $5.142.682 por hectárea. Esta zona aporta más de 103.000 toneladas anuales de arroz al país, lo que la convierte en un territorio estratégico para la seguridad alimentaria.

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No obstante, los productores enfrentan una diferencia negativa entre el precio de venta y el costo de producción. Según cifras del sector, los molinos pagan $1.250.000 por tonelada, mientras que producirla cuesta $1.570.000, lo que genera pérdidas para el agricultor. A esta situación se suman los altos costos de arriendo, que alcanzan hasta $2 millones por hectárea, además del limitado acceso a financiamiento, infraestructura y asistencia técnica.

El arroz es el principal cultivo de ciclo corto en Colombia y genera cerca de 400.000 empleos en más de 198 municipios.

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Ante este panorama, García planteó fortalecer los mecanismos de compra pública estatal como una salida viable para estabilizar el mercado. “Entidades como el ICBF, la Uspec, el Ejército, la Policía y los programas de alimentación escolar deben priorizar la compra de arroz producido por nuestros campesinos. Es una medida concreta, legal y urgente para proteger su trabajo y dignidad”, subrayó.

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El arroz es el principal cultivo de ciclo corto en Colombia y genera cerca de 400.000 empleos. Su producción sostiene la economía agrícola en más de 198 municipios, por lo que las autoridades regionales advierten que resolver esta crisis es clave para garantizar la seguridad alimentaria del país.

DIANA K. RODRÍGUEZ T. 
Periodista de Portafolio