‘Las denuncias contra el EGC se han convertido en un patrón que ha causado muertes en la región’: Fundación Cordoberxia
📅 🕐 hace 3 min🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 5 min de lectura
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La Fundación Social Defensora de los Derechos Humanos -Cordoberxia- denunció el miedo que hay en las comunidades de la zona sur de Córdoba, ante la posible presencia de integrantes del Clan del Golfo en una mesa de diálogo, teniendo en cuenta que representan un patrón de muertes.
“No estamos de acuerdo en que hoy, ni mañana, ni pasado mañana, se inicie la concentración de estos actores armados, beligerantes, no estatales, en Tierralta y en el Chocó, porque no hay reglas claras, no hay claridad jurídica para las comunidades que están en la región”, dijo Andrés Chica, coordinador general de la Fundación Social.
Este líder social ratificó lo que ha venido denunciando desde hace un tiempo: que en Tierralta (Córdoba) operan dos frentes del Clan del Golfo y que se encuentran en el corredor de los corregimientos de ‘El Diamante’ y ‘Palmira’, lugares desde donde se supone que los integrantes del grupo ilegal van a ingresar.
“En este sentido no son claros ni los representantes del Gobierno Nacional, del EGC ni MapOea, y uno se pone a imaginar cosas por lo que ha vivido en el pasado con las Farc, las AUC en Santa Fe de Ralito y la situación que se presenta en Tierralta. No estamos de acuerdo con que esto se inicie y esperamos que puedan escuchar nuestro llamado”, precisó.
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El representante de la entidad se pronunció además sobre las más recientes publicaciones hechas por los medios de comunicación sobre los presuntos acuerdos del Gobierno Nacional y el grupo Clan del Golfo, lo que para Cordoberxia serían pruebas de un acuerdo que no tiene transparencia.
“Esto vulnera los principios de participación social efectiva, priorizando concesiones en mesas internacionales por encima del verdadero clamor y la seguridad de los habitantes de Tierralta y el departamento de Córdoba en general”, señalan.
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Amenazas y acciones al margen de la ley
En una denuncia inicial que hicieron los líderes de la región, defensores de derechos humanos de la entidad, dieron a conocer la forma como el grupo Clan del Golfo continúa delinquiendo en esta zona de Córdoba, además de proferir amenazas en contra de sus funcionarios.
Se trata de acusaciones relacionadas con extorsiones, desapariciones, atentados, asesinatos, amenazas de muerte en otros casos y el desplazamiento de campesinos, indígenas y la comunidad en general, habitantes de la región.
“Hemos denunciado en la Fiscalía General de la Nación que en estas mesas de trabajo, quienes han tomado la vocería en nombre de la sociedad civil, son integrantes del Clan del Golfo, que se presentan de otra forma, que han silenciado a personas que denuncian su persistencia en las extorsiones”, manifestaron en su momento.
Es por eso, además, que han solicitado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y organismos de control en general, que se investigue a fondo las denuncias sobre las irregularidades en el proceso de diálogo con el EGC.
“Configurar una zona de concentración de combatientes, a partir de una negociación cuestionada, arriesga la soberanía institucional local y entrega el control fáctico de áreas rurales a la estructura armada ilegal, vulnerando de forma flagrante las libertades de la población civil”, expresaron.
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Líder indígena bajo amenazas
La organización que lidera el trabajo en favor de los derechos humanos dio a conocer recientemente la grave situación por la que atraviesa la gobernadora del Cabildo Indígena Zenú ‘Vende Aguja’ y autoridad tradicional en la zona rural de Tierralta, la líder social, Águeda del Pilar Quiñónez Rodríguez, de quien dijeron que recibe amenazas de muerte por parte del grupo Clan del Golfo.
“Esta amenaza se vio ratificada el pasado 12 de junio, cuando fue obligada a abandonar el territorio bajo la advertencia de un comandante, mientras realizaba actividades en la zona”, consignaron.
De acuerdo con la Fundación Cordoberxia, las amenazas se mantienen en contra de esta líder social.
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“Advertimos con vehemencia que concentrar cientos de efectivos de una organización criminal de alto impacto en las zonas rurales de Tierralta, bajo un marco técnico e indicaciones geográficas declaradas explícitamente como de ‘carácter reservado’, carece de un blindaje social claro”.
“Sin mecanismos de verificación comunitaria robustos, la ZUT amenaza con convertirse en un santuario operativo que perpetúe las rentas ilegales y la coerción de las comunidades locales, como sucedió en el pasado en Santa Fé de Ralito, de donde surgió el fenómeno de la Parapolítica”, precisaron.
Finalmente indicaron que la paz de Córdoba no puede convertirse en “el laboratorio de un posible entramado malévolo de experimentos diseñado desde la opacidad de audios ocultos. Exigimos una paz real, sin chantajes de las armas y con total transparencia de cara al pueblo”, dijeron.
