Comunidades de La Guajira exponen al presidente Petro la lista de necesidades – Otras Ciudades – Colombia

Esta semana, el presidente Gustavo Petro, junto con todos los miembros de su gabinete, llegará a La Guajira con el reto de trazar soluciones a la crisis que atraviesa esta región, para lo cual anunció la posibilidad de declarar la emergencia económica y social.

A Petro le espera una larga lista de problemas que arrastra desde hace décadas este departamento, azotado por la corrupción, que ha dejado en los últimos 12 años la destitución de tres gobernadores y que ha llevado a que sea gobernado por 18 mandatarios.

La Guajira es un departamento que tiene muchos desafíos para el Gobierno, entre ellos, darle cumplimiento a la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Suprema de Justicia, la cual busca frenar la muerte de los menores wayús por desnutrición y garantizar el acceso al agua, la salud y la seguridad alimentaria.

Este es tal vez el tema más sensible que deberá revisar el Presidente, pues la desnutrición sigue dejando muertes en el desierto, como la del miércoles pasado, cuando un niño indígena de 4 años, residente en la zona rural de Manaure, falleció sin recibir atención médica oportuna, según denuncia de la Asociación Shipia Wayú.

“Ninguno de los actores se pone de acuerdo para desarrollar acciones concretas o contar con una política pública para resolver el tema más importante que tenemos los guajiros hoy que es la muerte recurrente de los niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. La llegada del Presidente es una bonita oportunidad para abrir ese espacio de diálogo con la comunidad y poner en marcha acciones concretas que permitan avanzar en materia de cuidado y cumplimiento de la sentencia”, asegura César Arismendy, economista y veedor de la sentencia T -302.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud de La Guajira, hasta el 19 de junio habían muerto por desnutrición 36 menores este año: 18 casos en Uribia, 7 en Maicao, 4 en Dibulla, 4 en Manaure y 3 en Riohacha. Asimismo, se han detectado 1.007 casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que en el 2011 se reportaron 28 muertes de menores y han venido creciendo, con años críticos como el 2016, con 77 casos, y el año pasado, con 85 casos.

Masacres y bandas

El hambre y la falta de agua potable no son lo único que azota estos municipios, donde siembran el terror las bandas ‘la Oficina Caribe’, ‘Yeico Masacre’, ‘los Pachencas’, las Agc y guerrilleros del Eln, que son señalados de ser los responsables de las siete masacres ocurridas en los últimos 18 meses, que dejaron 22 víctimas.

La Defensoría ha lanzado alertas tempranas sobre la situación en Dibulla y Maicao, donde estos grupos se nutren del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y las extorsiones.

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La gobernadora Diala Wilches informó que desde el despacho se está dando el apoyo que sea necesario, de acuerdo con lo que indican desde Casa de Nariño.

“Desde la administración se aprovechará para tocar algunos temas de interés para el departamento, que le apuntan a la reactivación económica a través de iniciativas desde los sectores de turismo, la agricultura y otros que se han visto afectados por la delincuencia”, manifestó Wilches.

Este año, en Maicao, se han presentado más de siete atentados terroristas a viviendas, colegios y establecimientos comerciales a nombre de la banda de ‘Yeico Masacre’, por los cuales hay diez capturados.

Y en Dibulla, el pasado 15 de abril, en el corregimiento de La Punta, fueron encontrados los cuerpos de cuatro samarios envueltos en sacos y bolsas plásticas con señales de tortura.
Desempleo y oposición.

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En medio de esta crisis y con un desempleo en su capital del 17,4 por ciento, Gustavo Petro deberá buscar puntos de encuentro entre la comunidad indígena wayú y las compañías de energía que les apuntan a proyectos eólicos en el departamento, considerado por expertos como una potencia en vientos del mundo; precisamente, una de las grandes apuestas de este gobierno que es apuntarle a la transición energética.

Los clanes indígenas, que ocupan principalmente la zona rural y tienen una población de 380.000 personas según el Dane (el grupo más numeroso del país), han realizado reclamos continuos por ocupación de su territorio y desplazamientos internos y denuncian que no los tienen en cuenta en las consultas previas, situación que rechazan las compañías.

René Lindarte, secretario de Gobierno de Uribia, manifestó que este será uno de los temas por tratar cuando se reúnan en el corregimiento Nazaré junto a representantes de las comunidades indígenas en la zona.

Según Indepaz, de los cinco parques que se tiene previsto construir en La Guajira existen conflictos con tres de ellos: Windpeshi, de 200 MW; Tumawind (antes Kuisa), de 200 MW, y Urraichi-Chemeski, de 360MW.

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José Silva, de la Organización Nación Wayú, dice que le van a presentar al Presidente una carta con su visión de la transición energética en la región.

La situación para las compañías es complicada, pues también son víctimas de los grupos armados. Ya dos trabajadores han sido secuestrados, el más reciente es el caso del profesor Eduardo Diazgranados Márquez, quien fue liberado el pasado 25 de abril tras dos años de cautiverio.

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