Frontera agrícola en Colombia: grandes desafíos – Colombia

Según el artículo 65 de la Constitución, la producción de alimentos goza de la especial protección del Estado, quien además debe aumentar el rendimiento de la tierra mediante la investigación y la transferencia de tecnología al campo. 

Dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, la meta de neutralidad de la degradación de la tierra se entiende, como “Un estado donde la cantidad y calidad de los recursos de la tierra, necesarios para apoyar las funciones y servicios de los ecosistemas y mejorar la seguridad alimentaria, se mantiene estable o aumenta dentro de las escalas y ecosistemas temporales y espaciales especificados” (Convención de Naciones Unidas para el Combate a la Desertificación).

El informe de la Misión para la Transformación del Campo, conocido en el 2014, denuncia la ausencia de políticas para contener el grave problema de la erosión de la capa vegetal y precisa que “Colombia debe controlar la rápida erosión del suelo y la desertificación que se está generando en muchas zonas como consecuencia del mal manejo del agua y el inadecuado uso del suelo, que generan sedimentación de los ríos y posteriores inundaciones”.

Tal informe pasó por alto que en el 2005 se había formulado el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía en Colombia, a cargo del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, desde donde se reportaron avances como el de la Política de Gestión Sostenible del Suelo y, con el soporte científico del Ideam, se presentaron varias líneas de base, sistemas de monitoreo y seguimiento, así como algunos protocolos para la restauración.

En el Plan Nacional de Restauración adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2015, se distingue la restauración de los ecosistemas degradados a su condición inicial de la rehabilitación y de la recuperación en aras de la provisión de servicios ecosistémicos, se distinguen las etapas de la restauración y se traza un plan de acción.

Por otro lado, en el Acuerdo Final del 2016 se incluyó un punto crucial denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. 
Siguiendo la retórica del informe Brundtland de 1987, “reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra conservada” y, dentro de sus catorce principios, el del Derecho Humano a la Alimentación, sin invocar aspecto alguno de la trayectoria institucional descrita.

En el 2018 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 261, en cuyas consideraciones se encuentra una amplia recopilación de normas en las que se ampara la definición de la Frontera Agrícola Nacional como “el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley”.

Situación lamentable 

De los 114 millones de hectáreas de territorio continental que posee Colombia, 47,9 millones son bosques naturales y áreas no agropecuarias, 26,4 millones están catalogadas como exclusiones legales y los restantes 39,6 millones integran la frontera agrícola nacional.

Además, el 78,3 % de la frontera agrícola nacional se ubica en el piso térmico cálido, el 14,6 % en el templado, el 6,8 % en el frío y apenas el 0,3 % en el de páramo.  Por tanto, la textura, la estructura y la composición química de la tierra son muy heterogéneas y, además, su exposición a las anomalías del clima y a los vaivenes de la irrigación natural ocasionan diferencias sustanciales que afectan su fertilidad y rendimiento.

Los alimentos de origen agrícola se obtienen de cultivos permanentes y transitorios cuya área cosechada, en conjunto, ocupa apenas el 12,4 %. Otro 1,2 % del área sembrada no se cosecha por razones como las plagas, el uso inadecuado de pesticidas, la intermediación depredadora de ciertos agentes y la exposición a las anomalías del clima.

Por otro lado, hay un 6,4 % de la frontera agrícola que está erosionada en grado severo o muy severo. El restante 80 % es tierra vacante o destinada a la explotación pecuaria.
Así como los seres humanos y otras especies vivas del planeta gozan de sistemas inmunológicos que los tornan resistentes a bacterias y a otras enfermedades (como se hizo evidente durante la pandemia), la tierra saludable es inmune a la gran variedad de plagas que la acechan.

Pero de los 1.122 municipios del país, tenemos 230 —el 20,5 %— donde el área de la frontera agrícola con erosión severa y muy severa supera el área cosechada con cultivos permanentes y transitorios.

Son municipios con la tierra muy enferma, que hace frágiles y nada soberanos a sus sistemas agroalimentarios y que, como se observa en la gráfica 2, son caribeños, ya sean costeros o ya de la sabana interior. Otro tanto ocurre en el noroccidente de Antioquia en dirección de Córdoba, en el Macizo colombiano, en la cordillera oriental, en buena parte del Piedemonte llanero y en el Putumayo.

En otros 438 municipios, el 39,0 %, la frontera agrícola está enferma, pues el área con erosión severa y muy severa se aproxima de manera paulatina pero persistente al área cosechada con agroalimentos.

En los restantes 454 municipios, el 40,4 %, la frontera agrícola se encuentra relativamente sana, pues no experimenta erosión severa o muy severa, pero ello no la exime de tener ya erosión en grado ligero y moderado.

La erosión en el PND

En el articulado del Plan Nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial de la vida, la erosión de la Frontera Agrícola Nacional no merece ninguna atención, pues apenas hay una referencia marginal en el artículo 193 a la erosión costera.

Proponemos que en el marco del Acuerdo Nacional contra el Hambre se adopten compromisos y metas en materia de restauración, recuperación y prevención de la erosión de la frontera agrícola nacional, dando prioridad a los saberes locales en materia de producción de abonos orgánicos más eficaces y menos costosos que los importados.

AUTOR: Óscar A. Alfonso R. (*)
RAZÓN PÚBLICA (**)
En Twitter: @RazonPublica
(*)Doctor en Planeamiento Urbano y Regional, economista, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia.
(**)Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones son responsabilidad de los autores.
Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones son responsabilidad de los autores.

Aumenta la inseguridad alimentaria en Colombia

Un informe muy preocupante sobre la seguridad alimentaria en Colombia presentó hace poco el Programa Mundial de Alimentos. Felipe Roa-Clavijo, profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes destaca cinco aspectos que el informe trae sobre la situación de seguridad alimentaria en el país:
1. El 30 % de la población colombiana se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. De esos, 2,1 millones están en situación severa y 13,4 millones están en situación moderada.
2. Los departamentos con más altos niveles de inseguridad alimentaria son Córdoba, Sucre y Cesar, con 70, 63 y 55 %, respectivamente. Otros departamentos, como Arauca, Putumayo, Chocó y Norte de Santander también tienen altos niveles de inseguridad alimentaria y, si lo vemos por los términos absolutos, en las zonas donde más hay inseguridad alimentaria es en Antioquia, Córdoba y en Bogotá.
3. La seguridad alimentaria en Colombia se ha ido deteriorando por varios factores, en especial por los altos niveles de pobreza, las altas tasas de desempleo e informalidad, la violencia, el conflicto y el desplazamiento que se ha venido exacerbando en varias regiones.
De igual forma, otros factores estructurales como la crisis en Ucrania, que ha tenido efectos importantes sobre la importación de fertilizantes e insumos agroquímicos, la elevada inflación y los desastres naturales.
4. Las poblaciones que más han estado afectadas incluyen, en primer lugar, a las víctimas del conflicto armado; en segundo lugar, los grupos étnicos, y, por último, los hogares con mujeres cabeza de familia.
5. Es posible que la inseguridad alimentaria en el transcurso del 2023 continúe en aumento,principalmente por las condiciones internacionales de inflación y la guerra en Ucrania, por la intensificación del conflicto armado en varias regiones, por los temas climáticos, como el fenómeno del niño y por la inflación.