Gasto en contratos de prestación de servicios no está disparado, confirma informe del Carf | Gobierno | Economía

En medio del debate público sobre el crecimiento del gasto en funcionamiento del Estado, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió recientemente un concepto en el cual se desmiente que la contratación por medio de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) esté fuera de control y por el contrario se dice que está dentro de los rangos históricos.

Según su más reciente análisis, el gasto proyectado en este rubro para 2025 está incluso por debajo del promedio registrado entre 2018 y 2024, tanto en términos de valor como de volumen de contratos. Así mismo, analistas resaltan que lo más probable es que, por ley de garantías, este nivel no se supere en el 2025.

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De acuerdo con el Carf, la contratación por OPS, figura mediante la cual el Estado vincula a personas naturales para tareas específicas sin establecer relación laboral, ha representado un gasto relativamente estable en los últimos años en los que, a precios constantes de 2025, el promedio anual de gasto desde 2018 asciende a $17,6 billones; mientras que en 2023 y 2024, fue de $17 billones y $17,3 billones, respectivamente, y en lo corrido de 2025 (hasta junio), se han ejecutado $14,1 billones.

El organismo aclaró que, por la estacionalidad de esta modalidad, el grueso de la contratación suele concentrarse en el primer semestre, entre el 75% y el 80% del total del año. Por lo tanto, y salvo un comportamiento atípico durante los meses restantes, el gasto final de 2025 se mantendría dentro del rango promedio.

A nivel de volumen, la tendencia también muestra una disminución significativa; ya que mientras que entre 2018 y 2024 el promedio anual fue de 486.500 contratos, en 2025 se han registrado 394.600 contratos hasta junio; lo que se traduce en una caída considerable frente a los picos de años anteriores, como en 2021, cuando se firmaron más de 546.000 contratos.

Un modelo flexible con todo lo anterior

Partiendo de todo lo anterior, el Carf recuerda que la contratación por OPS tiene retos y límites, pero no está fuera de control y aunque reconoce que esta modalidad otorga flexibilidad en la gestión administrativa, advierte que su uso excesivo puede afectar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del Estado.

“En el Marco Fiscal de Mediano Plazo los déficits total y primario en 2025 serían 7,1% y 2,4% del PIB, respectivamente. El déficit total sería superior al de 2024 (6,7% del PIB) y uno de los más altos de la historia. El escenario del Gobierno contempla menores ingresos por COP 18,7 billones y mayores gastos por COP 20,1 billones, respecto del escenario de Plan Financiero 2025 de febrero”, dice otro apartado del reporte.

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Con el fin de ahondar en estos datos y sus causas, Portafolio consultó a Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, quien ofreció una lectura técnica de las cifras y aportó una explicación estructural de los factores que han contenido el crecimiento del gasto por OPS durante el año en curso.

En primer lugar, Amorocho recordó que 2025 está marcado por la vigencia de la ley de garantías electorales, lo cual restringe la contratación en el segundo semestre, ya que esta limitación, que busca prevenir el uso político de los recursos públicos, actúa como un freno natural a la expansión del gasto contractual.

Por ahora los niveles de OPS en 2025 se mantienen dentro del margen promedio.

Imagen de ChatGPT

Además, el experto enfatizó que el Gobierno enfrenta un déficit de caja de $19 billones, según lo expuesto en el Plan Financiero 2025-2026 divulgado el pasado 7 de febrero y que este faltante ha obligado a las entidades del nivel central a moderar su ejecución presupuestal, incluyendo la contratación por OPS.

Otro punto crítico señalado por Amorocho fue la aprobación del presupuesto general de 2025 mediante decreto el 30 de diciembre de 2024, ya que el documento original contemplaba apropiaciones por $523 billones, pero solo contaba con rentas legales vigentes por $511 billones, es decir, se aprobó desequilibrado.

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“Ante la falta de una ley de financiamiento que respaldara los $12 billones faltantes, proyecto que debía radicarse en el primer semestre de 2026, pero no fue presentado, el Ministerio de Hacienda se vio obligado a reducir las apropiaciones por decreto”, sostuvo.

Este experto en temas presupuestales acotó que “una cosa es decir que usted quiere ejecutar $523 billones, pero si realmente solo tiene $511 billones, lo que esperaba gastar de más no lo ha podido hacer”, y dejó claro que considera que esta desfinanciación ha restringido de forma decisiva la dinámica del gasto público, incluidas las OPS.

Por ahora los niveles de OPS en 2025 se mantienen dentro del margen promedio.

Imagen de ChatGPT

Efectos de la inflación

Amorocho también llamó la atención sobre el efecto de la inflación en el análisis a precios constantes y dijo que si bien los valores nominales podrían parecer similares a los de años anteriores, al ajustarse por inflación el gasto en OPS de 2025 presenta una caída real. Por esta razón, incluso si se igualara el ritmo de ejecución de años previos, el gasto lucirá inferior en términos reales.

De esta forma, tanto los argumentos del Carf , como los del profesor de Hacienda Pública del Rosario apuntan en la misma dirección, en la que la contratación por OPS no es responsable del crecimiento del gasto de funcionamiento en 2025, ni en valor ni en cantidad de contratos.

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En palabras del profesor Amorocho, “este año, pese a que se haya querido que fuera superior, no se dan las condiciones para un aumento. Lo más probable es que se mantenga en torno al promedio histórico tanto en valor como en número de contratos”.

Según las proyecciones más realistas, el total de contratos podría cerrar el año en un rango de entre 480.000 y 490.000, muy cerca del promedio histórico, y el valor total ejecutado estaría en torno a los $17,2 billones, una cifra también alineada con el promedio calculado por el Carf.

Por ahora los niveles de OPS en 2025 se mantienen dentro del margen promedio.

Imagen de ChatGPT

El experto concluyó que las condiciones fiscales, legales y operativas de 2025 han limitado cualquier posibilidad de expansión del gasto en OPS. No solo por la ley de garantías y el déficit de caja, sino también por la desfinanciación del presupuesto y el estrecho margen de tiempo para ejecutar recursos.

No obstante, aunque por ahora se descarta un desbordamiento del gasto por OPS, es necesario abordar de forma estructural el uso de esta figura en el sector público, dado que la contratación por prestación de servicios ha sido útil para suplir vacíos de personal y responder con agilidad a necesidades específicas, pero su uso sistemático para tareas misionales plantea problemas de precarización laboral, opacidad y falta de continuidad en la gestión pública.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio