Los riesgos de la eliminación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
📅 🕐 hace 6 min🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 7 min de lectura
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El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la eliminación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, dependencia que durante casi cuatro décadas ha desarrollado la política de Estado en esta materia.
El anuncio lo hizo la noche del lunes 13 de julio, a través de una transmisión en vivo por sus redes sociales, como parte de una reestructuración de la Presidencia que regirá desde el 7 de agosto, día en que se posesionará. Con esto, espera suprimir cerca de 229 cargos y generar un ahorro cercano a los 10.000 millones de pesos anuales, recursos que, según dijo, se destinarían a programas sociales.
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Según explicó el mandatario electo, las funciones que hoy cumple la Consejería pasarán a ser asumidas por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Junto con esta Consejería desaparecerán también la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, mientras que la Consejería Presidencial para las Regiones se transformará en una Gerencia de las Regiones.
¿Qué implica la eliminación?
Diluir esta Consejería dentro de tres ministerios distintos significa pasar de tener una instancia dedicada, con capacidad de coordinación transversal entre entidades y con línea directa con la Presidencia, a queel seguimiento de derechos humanos quede fragmentado entre carteras que ya tienen agendas propias. Así, está latente el riesgo de que los derechos humanos pierdan peso frente a otras prioridades de cada ministerio.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) había expresado preocupación sobre el tema, basado en las propuestas del entonces candidato, señalando que «desmontar esta arquitectura implica abandonar el Acuerdo de Paz, desproteger a quienes ya están en riesgo y favorecer el crimen organizado«.
Los riesgos se expresaban desde antes de que De la Espriella fuera elegido como presidente. Foto:@ABDELAESPRIELLA
La consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, cuestionó la reestructuración institucional que piensa realizar el próximo presidente y aseguró que la existencia de esta dependencia constituye una garantía para todos los ciudadanos, independientemente de la orientación política del gobierno de turno.
Además, las advertencias indican que la desaparición simultánea del Alto Comisionado para la Paz y de la Consejería de Derechos Humanos podría debilitar los canales institucionales para la negociación y el seguimiento humanitario y profundizar los ciclos de violencia justo en momentos de reactivación del conflicto armado en varias regiones del país.
¿Qué es y qué funciones cumple?
La institucionalidad de derechos humanos dentro de la Presidencia colombiana nació en el gobierno de Virgilio Barco, cuando mediante el Decreto 2111 de 1987 se creó la «Consejería para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos».
Desde entonces, la dependencia ha cambiado varias veces de nombre, de rango y de ubicación dentro del organigrama presidencial, pasando por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH creado en el año 2000 y en 2011, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se articuló al Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario mediante el Decreto 4100.
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Finalmente, con el Decreto 1649 de 2014, en medio de la negociación del Acuerdo de Paz con las FARC, se creó formalmente la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tal como se conoce hasta hoy.
Durante casi 40 años de existencia, la Consejería ha funcionado como el ente coordinador del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), es decir, la instancia encargada de articular a todas las entidades del Estado —ministerios, fuerza pública, entes de control y gobiernos territoriales— alrededor de una política pública en la materia.
Entre sus funciones más relevantes están:
Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y DIH, que reúne a los ministerios y organismos de control para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos en el país.
Impulsar la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, hoja de ruta de política pública en la materia.
Coordinar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados.
Hacer seguimiento y análisis institucional de la situación de derechos humanos en el país, incluida la interlocución con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presente en Colombia desde 1996.
En términos prácticos, la Consejería ha sido un ente articulador y de política pública, creando puentes entre el Estado, la sociedad civil, las víctimas y la comunidad internacional, así como mantener el tema en la agenda de la Casa de Nariño.
¿Qué ha hecho durante estas cuatro décadas?
Independientemente del gobierno de turno, esta dependencia ha estado presente y ha jugado un papel clave en momentos de la historia reciente del país como:
Contribuyó con insumos técnicos a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Acompañó la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y DIH, en cumplimiento de compromisos adquiridos por Colombia ante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993.
Fue la instancia que, en el marco del posconflicto tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, articuló la política de derechos humanos con la implementación de los compromisos humanitarios del Estado.
Este año, en marzo, sirvió de base institucional para la creación de la Comisión Nacional de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CONADIH), pensada para fortalecer la protección de la población civil en medio del conflicto armado.
Sin embargo, uno de los cuestionamientos más grandes que rodean a la Consejería es el aumento de cifras de víctimas que ha dejado el conflicto armado, el cual lleva un acumulado histórico de 10.303.346 personas afectadas, según el Registro Único de Víctimas.
El conflicto armado en Colombia ha dejado más de 10 millones de víctimas. Foto:Archivo
Con esta decisión, el presidente electo defiende una forma de hacer más eficiente al Estado y, tal como lo mencionó en su pronunciamiento, evitar la “duplicidad de funciones y el despilfarro, trasladando sus competencias a ministerios y entidades con mandato legal, fortaleciendo con ello la rendición de cuentas y reduciendo la burocracia».
Así, el gobierno que llega el próximo 7 de agosto a la Casa de Nariño le pone fin a una instancia que, durante cuatro décadas, tuvo como misión mantener los derechos humanos en el centro de la agenda del Estado, dejándola diluida en otras carteras y restando las capacidades institucionales para responder a los compromisos internacionales y para la protección de un eje fundamental en Colombia.
María Alejandra Mesa Munévar.
Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO – No Es Hora De Callar.
