Las agresiones violentas a operarios de Air-e, golpes que van más allá de las tarifas

sEn las calles de Barranquilla y su área metropolitana, la labor diaria de los operarios de Air-e, la empresa encargada del suministro de energía en la región desde octubre de 2020, se ha vuelto una tarea arriesgada que va más allá de los simples cortes del servicio por morosidad.

Las agresiones físicas y verbales que enfrentan estos trabajadores son una realidad que ha puesto en jaque la seguridad de quienes cumplen con su deber en las calles.

La mañana comienza temprano para estas cuadrillas de operarios, quienes, a pesar de estar acostumbrados a los retos de su trabajo, no ocultan su preocupación por lo que les depara el día.

Reunidos en la carrera 57 con calle 99 A, frente a las oficinas de Air-e, intercambian risas y chistes que apenas logran disimular el nerviosismo que se respira en el ambiente.

Uno de ellos, que cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector, relata con amargura el reciente incidente en el barrio Altos del Limón, norte de la ciudad, donde un compañero recibió un golpe en la cabeza con la cacha de un revólver por parte de un usuario moroso. Este episodio es solo uno de los muchos que enfrentan a diario estos trabajadores, quienes se ven confrontados con la animadversión de una parte de la comunidad.

«La gente no entiende que nosotros no tenemos la culpa. Somos solo trabajadores con responsabilidades, pero cuando hay inconformidades, somos nosotros los que pagamos las consecuencias», expresa uno de los operarios, que prefiere mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.

La gente no entiende que nosotros no tenemos la culpa. Somos solo trabajadores con responsabilidades, pero cuando hay inconformidades, somos nosotros los que pagamos las consecuencias

Las agresiones físicas y verbales no son casos aislados. Los operarios denuncian amenazas y ataques cuando ejecutan órdenes de suspensión del servicio o descubren conexiones fraudulentas en barrios donde el contrabando de energía es frecuente. El riesgo al que se enfrentan es evidente, y muchos de ellos admiten sentir temor al realizar su trabajo en determinadas zonas, como el municipio de Malambo, donde la presencia policial no garantiza su seguridad.

De acuerdo con el reporte de Air-e en lo que va corrido del año se han reportado 20 casos, una cifra que dispara las alarmas ya que en el 2023 fueron 37 en los 12 meses del año.   

Diálogo y concertación

Ante esta situación, las autoridades locales han expresado su preocupación y han llamado a la calma y al diálogo como vías para resolver los conflictos.

Dina Luz Pardo, gerente de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito, reconoce los problemas con el sistema de facturación y la alta tarifa del servicio, pero insiste en la importancia de buscar soluciones a través del entendimiento mutuo.

“Entendemos los reclamos por los cortes de personas que tienen ancianos o niños, pero también toca reconocer que hay personas que no pagan el servicio, algunas desde hace mucho tiempo, sumado a los problemas de facturación que tiene el sistema, no es una situación fácil de atender”, dice la funcionaria.

Pardo está de acuerdo en que la empresa instale los medidores inteligentes para de esta forma acabar con los cobros estimados, mecanismo que genera quejas de los usuarios al sentir que nos les facturan lo que es.

“Desde el Distrito estamos fortaleciendo el dialogo como mecanismo de conciliación, en donde exista una voluntad de las partes, no podemos permitir que se atente contra la integridad de una persona”, indicó.

Sin embargo, para Norman Alarcón, de la Liga Nacional de Usuarios, las medidas tomadas hasta el momento son insuficientes. Alarcón denuncia los abusos de Air-e y responsabiliza al gobierno de Gustavo Petro de contribuir al alza en las tarifas, al aprobar resoluciones que así lo determinan.

“No se le puede cortar el servicio a todo un condominios, más cuando hay personas que están al día en su pago. Estamos volviendo a la época de Electricaribe cuando habían problemas de orden público casi que a diario. El problema de las tarifas de Air-e y Afinia debe ser atendido de inmediato”, dice.

Para él, el problema va más allá de las tarifas y se refleja en la vulnerabilidad de la población frente a un servicio indispensable.

Falta presencia institucional

En medio de este panorama, los expertos señalan la falta de presencia del Estado como uno de los principales motivos detrás de las reacciones violentas de la comunidad.

Según el sociólogo Jair Vega, investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla, la impotencia y la indignación ante la ineficacia del gobierno son los principales motores de la violencia.

“Cuando la gentes se siente vulnerable e indefensa reacciona así”, dice Vega al indicar que son los mismos gobernantes o institucionalidad la que no le garantizan la protección, entonces tienen que actuar.

Por su parte, el profesor Jorge Bolívar, abogado y sociólogo de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atribuye estas conductas a la angustia y la desesperación de la población, que se siente abandonada por las instituciones y reacciona con violencia ante la falta de respuestas.

Nos dejaron solos con el problema

Mientras tanto, desde la empresa Air-e se reclama un mayor compromiso de las autoridades locales y se denuncia el abandono por parte del gobierno nacional.

Es un problema que no es solo de Ari-e, los operarios salen a realizar un trabajo decente, son personas con familia que no merecen ser atacados así

La compañía entró a manejar el sistema el primero de octubre del 2020, tras la salida de Electricaribe, en 57 municipios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde atienden a un millón 300 mil familias, territorio en el que hay reportados 850 barrios subnormales.

En estos barrios hay casas que consumen hasta 380 kilovatios al mes, más que en un estrato 1 y casi que similar a un estrato 4. Según Air-e estos 480 barrios subnormales facturan al mes unos 44 mil millones de pesos de los cuales se recuperan 2.200 millones de pesos (el 5 por ciento)

La empresa reporta que arrastra una cartera que supera el billón de pesos. Un ejemplo del incumplimiento de los pagos, es el municipio de Soledad, donde le fin de semana pasado se presentaron alteraciones de orden público y ataques a las oficinas de la compañía. Aquí 63 mil usuarios deben más de cinco facturas que suman un millón de pesos por recibo.

A esto se suman las pérdidas diarias por el robo de luz de 1.600 millones de pesos, casi 48 mil millones al mes. La Fiscalía avanza en 180 investigaciones a personas que han sido capturadas por este delito, pero hasta el momento ninguna ha sido enviada a la cárcel.

“Es un problema que no es solo de Ari-e, los operarios salen a realizar un trabajo decente, son personas con familia que no merecen ser atacados así”, precisa el funcionario de Air-e al insistir que el Gobierno Nacional y el Distrito deben intervenir más frente a estos casos “siempre nos dejan solos”.

La falta de diálogo, la ausencia del Estado y la precaria situación económica de la población son factores que contribuyen a un clima de tensión y violencia que requiere una atención urgente por parte de las autoridades.

Mientras tanto, los trabajadores de Air-e continúan enfrentando los riesgos de su labor cotidiana, con la esperanza de encontrar soluciones que garanticen su seguridad.

LEONARDO HERRERA DELGANS 

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

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