Lo que hay detrás de adoctrinamiento y asesinatos en el norte de Antioquia – Medellín – Colombia

Seis niños y dos adultos bailan en círculo al ritmo de una canción de merengue en una esquina de un salón de clases en una escuela rural del Norte de Antioquia.

(Lo invitamos a leer: Video: disidencias de las Farc entran a escuelas en Yarumal y entregan regalos).

Parecería una escena normal —una actividad recreativa en medio de la jornada escolar— de no ser porque los animadores de la ronda son presuntos miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Vestidos con uniforme camuflado, botas de caucho y portando brazaletes con la bandera de Colombia, hombres y mujeres de la organización criminal entraron a instituciones educativas a realizar actividades, repartir regalos y distribuir propaganda en lo que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviría, calificó de adoctrinamiento y una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.

(Le puede interesar: Así operan los grupos armados que se disputan el control del norte de Antioquia).

También se registraron patrullajes de estos grupos armados en centros poblados y entrega de kits escolares —hace varias semanas— en el parque principal del corregimiento de Cedeño, a poco más de una hora de la cabecera municipal de Yarumal.

Escalamiento de la violencia

“Reúnen la gente en el parque, hacen actividades que llaman pedagógicas y sociales. Les cuentan que quieren imponer sus normas, que deben poner atención a las personas que están robando o haciendo cosas ilícitas, porque ellos van a tomar medidas”, relató a EL TIEMPO el alcalde Miguel Peláez.

El gobernador Gaviria detalló esta semana que los ilegales llaman a los alcaldes de los municipios para pedirles recursos y así poder ir a entregar kits escolares a escuelas y plazoletas de los centros poblados.

En un comunicado emitido hace unos días por el Bloque Magdalena Medio de las disidencias de Gentil Duarte, la estructura aclaró que este tipo de actividades en instituciones educativas se seguirán realizando de forma ‘más profesional’ “porque son el objeto de nuestra lucha y el deber ser”. 

En todo caso, los videos que se han dado a conocer en la región son solo la punta del iceberg de lo que las autoridades han denominado como un escalamiento de las acciones de grupos armados y bandas delincuenciales contra la población civil en esta zona de Antioquia.

(Además: Revelan detalles de masacre en Antioquia: 4 jóvenes fueron asesinados).

Una situación que si bien no es nueva y ya había sido advertida por una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, preocupa a alcaldes, defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y analistas del conflicto armado.

A inicios de la semana pasada se registró la cruenta masacre de 4 jóvenes entre los 18 y 20 años en manos de ‘Primo gay’, presunto miembro de las disidencias del frente 36 en veredas de Angostura y Campamento. Hombres armados dejaron sus cuerpos en vías veredales, a 5 kilómetros uno del otro, en lo que ellos mismos han denominado como ‘ajusticiamiento’.

La Asociación Campesina del Norte y Nordeste de Antioquia rechazó el asesinato de los jóvenes y señaló que el crimen: “Evidencia la crisis política y social que se vive en el territorio, soportada por la falta de oportunidades y la aceleración de la vinculación de los jóvenes a los grupos armados al margen de la ley”.

Durante el pasado mes de enero se registraron 16 homicidios en la subregión Norte de Antioquia, lo que representó un aumento del 77,7 por ciento de los casos con relación al 2022. Nueve de ellos ocurrieron en Yarumal.

Corredor estratégico

Analistas y defensores de Derechos Humanos consultados por EL TIEMPO aseguraron que esta zona del departamento se ha configurado como un importante corredor estratégico para las actividades ilícitas de las disidencias del frente 36 de las Farc y el ‘Clan del golfo’. En su momento, también hizo presencia la banda Los Pachelly de Bello y algunos sectores aún son controlados por miembros del Eln.

Lo que llama la atención de los grupos armados es su ubicación geográfica que permite conexión con el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño y el Pacífico colombiano; el alto número de cultivos ilícitos y una débil presencia institucional.

En los últimos años se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia en la zona por la reconfiguración de los mismos ilegales.

(Lea también: ¿Muerte natural u homicidio? El nuevo misterio en caso de sacerdote en Medellín).

«Esto ha generado una situación muy compleja de dominio territorial por la presencia de estos grupos, pero también en el incremento de homicidios, extorsiones y otra serie de situaciones que ponen en riesgo total a la población», señaló el defensor Yesid Zapata.

El alcalde Peláez, por su parte, aseguró que: “Esa presencia de los uniformados en un estilo militar hacía tiempo no era tan frecuente. Siempre han estado, no es nuevo en nuestro territorio, pero sí hay un mayor avance y presencia en el último año”.

Lo que sí se evidenció en los últimos meses, apuntó Carlos Zapata, coordinador del observatorio de Derechos Humanos del IPC, fue una disminución y estancamiento en el comercio de pasta de coca que se reactivó en el mes de enero. Al parecer, esto habría disparado las llamadas extorsivas desde las cárceles de la región.

¿Cese al fuego?

Este fenómeno se podría explicar, según dijo el defensor de DD. HH. Sergio Mesa, en lo que sería un cumplimiento del cese al fuego por parte de algunos de los grupos armados que operan en la zona, como el ‘Clan del golfo’

Sin embargo, este lunes el fiscal Francisco Barbosa denunció el secuestro de tres funcionarios judiciales de la regional Antioquia en inmediaciones de Valdivia, al norte de Antioquia. El fiscal explicó que detrás de la retención estuvo José Gonzalo Sánchez Sanchez, alias Gonzalito, máximo cabecilla del ‘Clan del golfo’ o Agc en la zona.

En todo caso, el cese al fuego ha sido aprovechado por los grupos armados para ejercer autoridad sobre la población, mostrar su poderío militar y controlar las rentas ilícitas, como el narcotráfico y la extorsión.

(Siga leyendo: Las reacciones en Medellín al anuncio de Petro de estudio para soterrar el Metro).

Zapata afirmó que el frente 36 de las disidencias de las Farc es independiente y se hizo a un lado del proceso de paz de 2016, antes de la desmovilización. «Durante el proceso de paz, hubo gente del frente 36 ya habían dicho que no iban a participar, antes de que las Farc empezarán su desmovilización. Son una estructura independiente que no se organizó a partir de Gentil Duarte y de Iván Márquez», recordó el analista.

En una cartografía de violencias publicada en diciembre pasado, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, señaló que el frente 36 era una estructura autónoma con posibles relaciones con el Bloque Suroriental.

Pero en su primer informe de seguimiento al cese al fuego bilateral responsabilizó a esa estructura de dos hechos violatorios a los acuerdos, precisamente, los relacionados con la masacre de los cuatro jóvenes a finales de enero.

El senador Ariel Ávila le confirmó a EL TIEMPO que ese frente sí está ligado al Estado Mayor Conjunto, organización que hace parte del cese al fuego acordado con el Gobierno Nacional en diciembre pasado.

«La Fuerza Pública tiene la obligación constitucional de perseguir a los actores armados al margen de la ley. No he visto acciones que muestren que la disidencia del 36 quiera sumarse a un diálogo», añadió el investigador Zapata.

Sin embargo, a juzgar por las declaraciones que han entregado diferentes autoridades en la última semana pareciera que no hubiese suficiente claridad sobre el tema ni el proceder de la Fuerza Pública en estos casos.

«Pudimos confirmar una escalada de grupos ilegales que precisamente están en este cese bilateral en el Norte de Antioquia, que tiene que ver con la comisión de diferentes delitos y, adicionalmente, violaciones al Derechos Internacional Humanitario», apuntó el gobernador Gaviria hace una semana.

Y agregó: «Lo que se ve es una baja presencia del Ejército en el territorio y, por lo tanto, el aprovechamiento de esos grupos para aumentar las actividades delictivas».

Los más buscados

En la cabecera municipal de Yarumal hay otra situación que ha afectado la seguridad de sus pobladores, según denunció Mesa. Allí, ex miembros de estructuras delincuenciales, recién salidos de prisión, estarían detrás del asesinato del comerciante Arley Jaramillo Monsalve y un maestro, en hechos ocurridos en el último mes, así como otros 6 casos de homicidios.

La Policía Nacional difundió en el municipio el cartel de los más buscados en el que figuran alias Cejas o El Peludo, ‘Modisco’, ‘Alex’, ‘Mateo’, Uchuva’, ‘Ñato’ y ‘Mariano’. Al parecer, esta banda opera exclusivamente en la zona urbana y no estaría en disputas con los actores criminales de la zona rural.

El defensor envió en los últimos días una carta al presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro de la Defensa, Iván Velásquez; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y congresistas de la Comisión de Paz del Senado en la que pide verificar el cese al fuego e indagar si el ‘Clan del golfo’ estaría detrás de los autores de los crímenes.

En todo caso, hace unos días se difundió en el pueblo una foto en la que anónimos ofrecieron una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información sobre alias Bugui, quien estaría vinculado al asesinado del comerciante que era reconocido entre la población. Incluso, ofertaron 5 millones de pesos a quien le diera de baja.

Acciones de las autoridades

Este miércoles —y con un retraso de un día— el presidente de la República, Gustavo Petro, adelantó la instalación de un Puesto de Mando Unificado por la Vida en Yarumal, en el que anunció que el próximo 15 de febrero radicará el proyecto ley de acogimiento a la justicia para integrantes de organizaciones criminales como el ‘Clan del golfo’.

También aseguró que: “Grupo que cometa una hostilidad contra la población, grupo que debe ser perseguido, porque entre el cese al fuego debe estar el cese a las hostilidades contra la población (…) La Fuerza Pública tiene que actuar, no se puede quedar quieta”.

(Además: Juzgado falla a favor de músico que sufrió acto racista en un centro comercial).

El primer mandatario de los colombianos prometió regresar a la zona en las próximas semanas para verificar la situación de orden público.

Ante el incremento en el número de homicidios en Yarumal, la gobernación de Antioquia ya había ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita la captura de los presuntos responsables.

Y tras la masacre del 30 de enero, el secretario de Seguridad del departamento, Oswaldo Zapata, anunció una recompensa de 100 millones de pesos para dar con la judicialización de alias Leo o Firo, quien sería el presunto cabecilla de las disidencias del frente 36.

Por su parte, el gobernador Gaviria anunció que ya se adelantan acciones entre la secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia, Educación y la gerencia de Infancia y Adolescencia en las instituciones de la subregión. Allí se espera que haya acompañamiento por parte de otras entidades como ICBF, Fuerza Pública y alcaldías municipales.

«Pedimos que se hagan las verificaciones y protocolos necesarios para que haya una claridad en esos límites, mientras se avanza en la Paz Total. Y por supuesto, la exigencia de mi parte y ojalá de las instituciones del Gobierno Nacional, a los grupos al margen de la ley que están en ese propósito para que respeten a la población civil y las instituciones», solicitó el mandatario departamental esta semana en Yarumal.

(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)

Y autoridades, defensores de DD.HH. y asociaciones ciudadanas hicieron un fuerte llamado a los grupos criminales para que respeten a la población civil y muestren verdaderas intenciones de voluntad de paz.

Más noticias de Colombia

Alcaldía de Medellín hizo testeo de sustancias psicoactivas en Festival La Solar

Piden consejo de seguridad a ministro de Defensa por paro armado en Antioquia

Sicariato en Medellín: comerciante fue baleado cuando departía en un taller

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR
CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN