Muere escolta que resultó herido en atentado dirigido a líder indígena en La Guajira – Otras Ciudades – Colombia

Luego de batallar contra la muerte, falleció el miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Aristides Movil Urariyu, quien resultó herido tras un atentado al parecer, dirigido al líder indígena Javier Rojas Uriana, peticionario de las medidas cautelares del pueblo wayú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El deceso de Movil, quien es de origen wayú, se produjo en la ciudad de Valledupar, este sábado en la clínica Santa Isabel hasta donde fue trasladado el mismo jueves, por la complejidad de las heridas tras recibir siete impactos de bala.

A través de un comunicado las Autoridades Territoriales Indígenas Wayú Shipia Wayú, rechazaron “el vil atentado del que fue objeto nuestro representante Javier Rojas Uriana en el sector Catchirmana, vía a la comunidad Wayumatamana jurisdicción del municipio de Manaure, Resguardo Indígena de la Media y Alta Guajira”.

El esquema de seguridad venía de regreso la tarde del jueves, tras dejar a sus protegidos en su vivienda, en el sector de la Sabana, conocido como el ‘Círculo de la muerte de niños’, debido a que es donde más muertes se han registrado por desnutrición en La Guajira, cuando el vehículo de placas GAV 669 de Bogotá, en el que se movilizaban fue atacado a tiros por fuertes hombres armados.

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Asimismo, las autoridades indicaron que Movil era miembro del esquema de protección familiar de Marcela Epiayu Sánchez representante legal de la Asociación Shipia Wayú.

“La persecución y discriminación en contra de nuestra organización, amenazas, atentados en contra de Javier Rojas Uriana y Marcela Epiayu Sánchez, no es nuevo”, denuncian las autoridades.

Explican que desde la solicitud de las Medidas Cautelares MC51-15 de 2015 otorgadas por la CIDH, las denuncias por la muerte de niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición, el manejo de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones AESGPRI administrados por las alcaldías de Manaure y Uribia, las sentencias T-155 de 2015, T-466 de 2016, T-359 de 2018, T-415 de 2018, T-172 de 2019 y la sentencia T-302 de 2017, se han incrementado el accionar de las personas que se oponen al cambio social necesario para cesar estas muertes.

Por lo que solicitan a la Fiscalía General de la Nación investigar el hecho para judicializar a los autores materiales intelectuales.

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Mientras que al presidente Gustavo Petro Urrego, le solicitan que se les brinde las garantías para seguir ejerciendo en el territorio la defensa de los derechos humanos del pueblo indígena wayú.

También piden a la ANP fortalecer el esquema de protección colectivo de la Asociación Shipia Wayú y sus representantes y a la Corte Constitucional y CIDH mediar para que el Gobierno Nacional les garantice la seguridad para seguir ejerciendo la defensa del derecho a la vida.

Esta asociación cuenta con 1.166 autoridades asociadas y agremiadas, de acuerdo a lo indicado en su momento por Javier Rojas.

Rojas, es representante de la Asociación Shipia Wayú peticionaria de las medidas cautelares en favor de tres grupos protegidos del pueblo indígena wayú: niños, niñas y adolescentes de Uribia, Manaure, Riohacha, y Maicao; mujeres gestantes y lactantes de Manaure, Riohacha y Uribía; y personas mayores de Manaure, Riohacha y Uribia.

También, es uno de los voceros ante la Corte Constitucional de varias sentencias entre ellas las T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira.

Eliana Mejía Ospino
Especial para El Tiempo
Riohacha