Taxistas y conductores de plataformas: razones del conflicto en Colombia – Otras Ciudades – Colombia

A la expectativa se declaran los taxistas y las administraciones en las principales ciudades del país ante las medidas que pueda tomar el Gobierno Nacional alrededor de las plataformas digitales de transporte público con conductores en vehículos particulares.

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El controversial tema, que se ha mantenido activo en las ciudades en los últimos años, revivió desde enero por un borrador de un proyecto de ley que buscaría regular o prohibir este mecanismo de movilidad.

«La Superintendencia de Transporte ordenará el bloqueo de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por (30) días por evento, cuando advierta que los servicios por ella ofrecidos permiten de cualquier manera, sin autorización de la ley y de la autoridad de transporte competente, que las necesidades de movilización de terceros se satisfagan en vehículos matriculados en el servicio particular», señala el documento.

Y agrega que en caso de que «se compruebe que con el equipo se presta un servicio no autorizado, será inmovilizado la primera vez por el término de treinta (30) días, la segunda vez por sesenta (60) días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de noventa (90) días».

Mientras que, para el usuario, «sanciones con multa de doscientos cincuenta (250) Unidades de Valor Tributario (equivalente a $ 10,6 millones) por contratar el suministro del servicio de transporte con personas naturales o jurídicas no autorizadas. La sanción será impuesta por cada vehículo usado en los servicios contratados».

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Pero en las cinco principales ciudades del país, aparte de la capital nacional, hay un aire de desesperanza entre los gremios de taxistas, que señalan un abandono por parte del Estado en la lucha por cumplir las normas que el mismo estado creó, y hasta han coincidido en que los taxis amarillos están condenados a desaparecer si no se concreta una regulación pronto.

Dicha regulación, además, es compartida por los mandatarios de las capitales, que también concuerdan en que se deben realizar mesas de trabajo para garantizar una justa competencia entre ambos tipos de vehículos y conductores. si bien no se cierran al uso de aplicaciones digitales de transporte, los alcaldes sí concluyen que es asimétrico el negocio para los taxis porque pagan impuestos y seguros que los particulares no, de momento.

El colombiano prefiere al particular

Entre los comentarios que hacen algunos barranquilleros para justificar el uso de carros particulares en aplicaciones como Cabify, Uber, InDriver y Didi para transportarse, están: «Nos ponemos de acuerdo con el conductor por el cobro de la carrera» y «están dispuestos a llevarme a cualquier lado».

Por la misma línea están los de Cartagena. «Desde Manzanillo del Mar hasta el Centro Histórico el viaje en Uber cuesta entre 28 y 32 mil pesos. Es una zona hotelera con su atractivo de playas, pero con una entrada destapada de dos kilómetros. Un taxi cobra 50 mil pesos por el mismo trayecto«, explica Pedro Mendoza, profesor y periodista de la ciudad.

Además, en el caso de la Heroica, explica Leonardo Caraballo, un conductor de plataformas digitales, la ciudadanía y los extranjeros prefieren al particular.

«El turista europeo o gringo las prefiere, ofrecemos seguridad, una tarifa clara antes de iniciar el servicio, y la confiabilidad total de que si algo se les queda en el carro lo recuperan. Somos universales y nos conocen en todo el mundo», dice Caraballo, quien trabaja hace dos años con Indrive, y tres meses con Uber.

Este tipo de comentarios a favor de los particulares son recurrentes en Medellín, Cali y Bucaramanga, tanto de usuarios como de prestadores del servicio. Asimismo, evidencian una crítica hacia el sistema de taxis amarillos.

No obstante, sindicatos de taxis de todo el país, por más que la preferencia de una parte de la ciudadanía esté con los particulares, reclaman que el Gobierno debe ponerse firme y regular este transporte que no cumple con ciertas normas.

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En ese sentido, el presidente de Sinchotaxis, en Barranquilla, Jorge Guerrero, recalcó que las plataformas no son el problema, sino la utilización del vehículo particular en las plataformas digitales.

«La ley está hecha, lo que hay que hacer es cumplirla. La legislación de transporte es muy clara y dice que los vehículos particulares no pueden hacer servicio público. No hay nada que inventar, sino cumplir la ley», expresó el dirigente gremial.

Guerrero considera una buena iniciativa «equiparar» a los vehículos particulares con los taxis, siempre y cuando sus conductores se acojan a las mismas obligaciones, como licencias, pólizas civiles, pago de planillas, afiliación a empresas legalmente constituidas, tarjeta de control, tarjeta de operación renovable, entre otras condiciones que cumplen los taxistas.

Por su parte, el presidente del sindicato de taxis de Cartagena, Frank Alberto Sánchez Castilla, va más allá y denuncia ya que la competencia pasó a ser injusta hasta en la oferta.

«Hoy en Cartagena hay 16 mil carros particulares que prestan servicios con las plataformas de Uber e Indrive, frente a 5.741 taxis autorizados para el transporte Público. Esto nos está acabando a nosotros», dijo Sánchez.

Además, el líder sindical aseguró que ellos han tratado de competir con los particulares utilizando las plataformas digitales, pero ahí también hay problemas. «Uber no permite que operen taxis, pero Indrive sí. Hoy, un 30 por ciento de nuestros taxis, es decir 1.700 carros amarillos ya bajaron la aplicación. Ellos alegan que es la única manera de entrar en una competencia con los particulares, incluso muchos usuarios de Indrive rechazan a los taxis», dice.

Por otro lado, en Medellín y Bucaramanga, las voces contra los particulares son más contundentes y radicales.

Néstor Patiño, Asociación de Propietarios de Taxis de Antioquia, fue enfático en su posición. «Nosotros queremos es la prohibición total de los vehículos particulares prestando servicio público. Estamos basados en la ley y la norma. Estamos exigiendo al Gobierno Nacional que se cumpla con lo que ya está establecido».

Y en Bucaramanga hay incluso desde hace seis años una acción popular por parte de la Asociación de Taxistas del Área Metropolitana, Asotan, para que las autoridades hagan operativos, de este caso ya hay un fallo y está en un incidente de desacato en el juzgado 15 administrativo.

Alcaldes intentan mediar entre taxistas y particulares

La capital donde la administración y las autoridades se han mostrado más estrictos con la regulación de las platafromas digitales de transporte es Barranquilla.

El director del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), Libardo García, aseguró que ha pedido en ocasiones anteriores al Ministerio de las TIC regular las plataformas, porque «está claro que estas aplicaciones están colocando tarifas a los servicios y esa es una función exclusiva de la autoridad de transporte. Están usurpando las funciones. Hemos dicho que esta situación amerita una intervención, porque la disposición legal hoy no se está cumpliendo en el caso planteado», sostuvo el funcionario.

Mientras tanto, en Cali, Medellín y Cartagena los mandatarios se han mostrado a favor de la regulación pero aún sin ideas concretas.

«Hay una asimetría entre quien presta el servicio a través de la plataforma digital, y quien adelanta el oficio de taxista. El taxi debe pagar impuestos, debe pagar seguro frente a terceros, está debidamente regulado, mientras que la plataforma digital no tiene regulación», dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y agregó que es necesaria una regulación: «Sí creo que sea necesario una normatividad para que se reduzcan las asimetrías y para que ambos servicios se puedan prestar con igualdad de condiciones».

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Una opinión similar emitió el alcalde Daniel Quintero, de Medellín, apuntándole al diálogo como primer paso.

Y en Cartagena, la secretaria del Interior, Ana maría González, fue más allá y dijo que la Alcaldía Distrital ya adelanta una mesa de trabajo con ambas partes para consolidar un plan piloto que logre establecer a Cartagena como la ciudad piloto para la regulación de los particulares. Pero la funcionaria también fue clara en afirmar que estos servicios son imparables y más en una ciudad con potencial turístico y portuario.

Las sanciones siguen y aumentaron significativamente

Entre tanto, pese a que los taxistas denuncian el poco control a los particulares que prestan servicio de transporte, las autoridades de tránsito de las capitales reportan aumentos significativos en las sanciones a los conductores informales.

Desde la subdirección de Transporte Metropolitano de Barranquilla señalaron que hay en curso 2.900 actuaciones administrativas sancionadoras por infracciones contra igual número de ciudadanos y propietarios de vehículos que han prestado o se encuentran prestando el servicio de taxis mediante el uso de plataformas no reglamentadas en el país.

Estas actuaciones tienen como finalidad, en caso de encontrarse responsabilidad en la conducta, la imposición de sanciones de carácter pecuniario que pueden oscilar de acuerdo a la ley 105 de 1993 hasta en 700 SMLMV.

Mientras que en Cartagena, entre 2020 y 2023, según el departamento administrativo de tránsito y transporte de la ciudad, DATT, van 2.936 carros particulares multados por prestar servicio de colectivo a los barrios o trabajar con plataformas digitales.

En el 2020 hubo 356 conductores de particulares multados, en 2021 hubo 1329 y para el año pasado se contabilizaron 1207. Además, solo en enero de este año fueron 44 multados. Lo anterior se configura en un promedio de 734 carros particulares multados por año en la capital de Bolívar.

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