Exclusivo: las revelaciones del fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que pone un ultimátum al Gobierno Nacional para intervenir en Briceño
📅 🕐 hace 11 min🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 9 min de lectura
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En los últimos meses, el panorama de seguridad en Briceño ha alcanzado máximos históricos en términos de inseguridad y violencia.
Este municipio del Norte de Antioquia se ha convertido en un enclave estratégico para múltiples estructuras al margen de la ley, haciendo que la población se vea sometida al yugo de los beligerantes, quienes no solo se encargan de controlar el acceso y el movimiento en la zona, sino de, incluso, restringir el ingreso de la fuerza pública al casco urbano y la ruralidad.
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Fuerza pública en Briceño Foto:Cortesía Policía Antioquia
La situación pasó de ‘rojo’ a ‘negro’ a principios del mes de mayo, cuando el joven periodista Mateo Pérez fue secuestrado, torturado y posteriormente asesinado por el frente 4 de las disidencias de las Farc en zona rural de este municipio.
El cruel asesinato del reportero que se desplazó por sus propios medios hasta este territorio no solo hizo que todo el país pusiera los ojos sobre la región, sino que puso en evidencia el insólito panorama que viven los habitantes de Briceño día a día.
En la cabecera municipal, sus aproximadamente 2.500 habitantes desarrollan sus vidas con «normalidad», una que se ha instaurado a través de la ley impuesta por las estructuras ilegales.
En la ruralidad de Briceño hay actividad del ‘clan del Golfo’, el Eln, y principalmente, de las disidencias de las Farc a través de los frentes 36 y 18.
Mateo Pérez Rueda, periodista desaparecido forzadamente por el GAOr- 36. Foto:Redes sociales.
Sin embargo, recientemente se habla de la reactivación del frente 5, que estaría a cargo del recién arribado alias Chalá, mientras que se materializa un cambio estratégico entre las jerarquías del 36 y el 5.
El relato de los briceñenses y la magnitud de la situación que en el municipio del Norte de Antioquia se vive, se ve encarnado perfectamente en el alcalde Noé de Jesús Espinosa.
El mandatario fue declarado objetivo militar del frente 36 de las disidencias de las Farc en febrero pasado. Desde entonces, la Unidad Nacional de Protección le asignó un vehículo convencional para su transporte, y nada más.
Por otro lado, en cuanto al acceso a Briceño, sus habitantes saben que después de las seis de la tarde no se puede salir del municipio. Saben también que quien quiera visitar la cabecera municipal debe hacérselo saber a las estructuras con antelación, pues los desconocidos en el pueblo se convierten en objetivos de vigilancia y, en la ruralidad, en objetivos militares.
En palabras del secretario de Seguridad de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez: «Allá no entra nadie desconocido a ninguna hora. Entrar al casco urbano toca con muchísimo cuidado; uno, desde que deja la troncal y coge la entrada a Briceño, ya es de cuidado, no se sabe en qué momento le puedan salir esos bandidos a la vía».
Incluso, para traslados de personas enfermas a hospitales fuera del municipio hay prácticas estandarizadas y establecidas por los beligerantes, quienes tienen el control vial y se cercioran de quién entra y sale con minucia.
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Ejército en Briceño, Antioquia Foto:MinDefensa
De acuerdo con los relatos, el yugo de las disidencias sobre la población civil, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, es tal que tienen identificada a cada una de las personas que allí residen. ¿Cómo? A través de los registros de las Juntas de Acción Comunal, a las cuales cada habitante debe afiliarse a partir de cierta y temprana edad.
El panorama que se vive en Briceño ha llevado a la Gobernación de Antioquia a acudir, una y otra vez, al Gobierno Nacional en busca de apoyo e intervención en la zona, sin éxito.
EL TIEMPO reveló meses atrás que desde la Secretaría de Seguridad de Antioquia, desde 2024 se le han remitido 60 oficios al Gobierno Nacional para que intervenga en Briceño.
Ninguno de los oficios presentados por la Gobernación recibió respuesta o, por lo menos, ninguna respuesta en términos de ejecución.
El secretario reveló que le han enviado más 100 oficios al Gobierno pidiendo intervención militar. Foto:Jaiver Nieto Álvarez.
En ese sentido, la Gobernación de Antioquia acudió ante el Tribunal Administrativo del departamento con la solicitud de una medida cautelar.
La administración departamental le pidió a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior: «Diseñar e implementar un plan urgente de intervención en seguridad para el municipio de Briceño, a fin de que se brinde protección efectiva (esquemas de seguridad, presencia institucional); se garanticen condiciones de seguridad en el territorio; se implemente un plan integral de prevención y protección colectiva y se adopten las medidas de seguridad definitivas para mitigar el riesgo inminente de desplazamiento, frente a las violaciones masivas a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en especial contra la población civil, miembros de nuestro Ejército Nacional y Policía Nacional, que se ha venido presentando y se ha incrementado desde el último semestre de 2025 a la fecha de presentación de esta medida cautelar».
Además, pidieron garantizar el aumento del pie de fuerza en el territorio y coordinar una serie de acciones orientadas asegurar la seguridad en Briceño.
Tanto la Defensoría del Pueblo como los ministerios accionados señalaron que inicialmente se articularon las acciones necesarias para diseñar un plan de intervención en el municipio.
Sin embargo, en la demanda interpuesta por la Gobernación y un tercero se hace referencia a que las Naciones Unidas señalaron una falta de respuesta estatal efectiva frente a una crisis humanitaria verificada, documentada y persistente.
Entre las consideraciones del asunto, el Tribunal Administrativo de Antioquia citó una serie de recomendaciones que planteó la Defensoría del Pueblo para las diferentes entidades de gobierno involucradas, de cara a la estructuración de un plan integral de intervención.
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Fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia. Foto:EL TIEMPO.
Luego, en el documento, el tribunal dejó constancia de que la Presidencia indicó que en el marco de la política de Paz Total se habían adelantado acciones orientadas a la implementación de mecanismos de diálogo y negociación con grupos armados organizados. Del mismo modo, la jefatura de Estado señaló que se habían desarrollado mesas de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las Farc-EP con incidencia en municipios del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, en las que se suscribieron acuerdos y protocolos dirigidos al desescalamiento del conflicto, la protección de la población civil, la participación ciudadana, las transformaciones territoriales y el tránsito a la vida civil.
Sin embargo, esas respuestas tuvieron lugar en a mediados de 2025. Desde entonces el panorama de violencia en las subregiones, particularmente en el Norte, se ha recrudecido exponencialmente.
En sus respuestas ante los requerimientos del Tribunal, las autoridades hicieron referencia a múltiples acciones articuladas en varios municipios de las subregiones afectadas de cara a dar solución a las problemáticas; sin embargo, ninguna fue en Briceño.
De hecho, en el documento se consignó que de acuerdo con la información entregada por las autoridades accionadas, el panorama de violencia en Briceño había disminuido entre 2024 y 2025.
En ese sentido, el Tribunal Administrativo citó la respuesta de la Alcaldía de Briceño: «La administración municipal precisó que dicha reducción no significaba el restablecimiento pleno de las condiciones de seguridad, pues persistía la presencia de estructuras armadas ilegales, especialmente en las zonas rurales, así como los riesgos asociados a las disputas por el control territorial y de economías ilícitas».
Tras la revisión exhaustiva de los elementos allegados por las partes accionadas, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó la medida cautelar solicitada por la Gobernación de Antioquia y, por el contrario, le ordenó, directamente al Gobierno Nacional, intervenir en el municipio del Norte de Antioquia.
Con precisión, la corte le ordenó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, a través del Grupo de Apoyo a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas (CIPRAT) que, dentro de los 30 días siguientes, «diseñen e implementen un plan transitorio de intervención urgente en el municipio de Briceño, Antioquia, teniendo en cuenta la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de 2025 y sus seguimientos».
Fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia. Foto:EL TIEMPO.
Además, le ordenó particularmente a la Presidencia de la República que «en el término de 10 días hábiles remitan con destino al municipio de Briceño, Antioquia, el número de activos necesarios para contener la peligrosidad de la región y los índices de desplazamientos documentados por las diferentes entidades gubernamentales».
Finalmente, ordenó que se conforme, de manera temporal y hasta que culmine el proceso, un Consejo de Seguridad extraordinario que diseñe y coordine una política pública y que adelante los estudios para realizar un plan de protección. Esta orden también cuenta con 10 días hábiles para ser ejecutoriada.
