Doble terremoto en Venezuela: una tragedia anunciada

Aunque las cifras oficiales todavía no reflejan toda la dimensión de la tragedia surgida a raíz del doble sismo que impactó a Venezuela el pasado 24 de junio, ya es evidente que las consecuencias de esos 120 segundos de movimiento telúrico desbordaron el aparato estatal de un país que durante años había visto deteriorarse sus capacidades para enfrentar desastres de esta magnitud.

Hasta ahora, el reporte gubernamental reconoce 3.685 fallecidos y 16.740 heridos, números aún preliminares frente a las proyecciones de agencias internacionales y de plataformas de monitoreo ciudadano. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó un piso de 10.000 víctimas fatales. La plataforma Desaparecidos Terremoto de Venezuelareporta 33.388 personas no contactadas. Por su parte, la ONG Comité Internacional de Rescate calculó que el número de desaparecidos podría acercarse a 50.000 personas, una cifra considerada verosímil por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Emergencia habitacional

La emergencia humanitaria apenas comienza a dimensionarse. Las autoridades reconocen actualmente que 17.907 personas se encuentran sin hogar. Sin embargo, ese número podría ser muy superior. Un estudio georreferenciado de la firma ANOVA Policy Research sobre los efectos del sismo en la línea costera de la Guaira advierte sobre una «emergencia habitacional de gran escala». Según ese análisis, unas 73.500 personas viven en estructuras dañadas solo en esa franja del litoral. De ellas, 37.611 habitan en edificaciones gravemente comprometidas o totalmente destruidas.

Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU estima que hasta 6,8 millones de personas podrían requerir refugio, agua, saneamiento, atención médica u otro tipo de ayuda. 

Los daños materiales también excederían las cifras oficiales actualmente disponibles. Según el reporte gubernamental, hasta el momento se han contabilizado 856 edificios afectados y 190 colapsados. No obstante, análisis satelitales de la NASA sugieren que cerca de 58.000 estructuras habrían sido afectadas en las zonas golpeadas por el sismo. Por su parte, el estudio georreferenciado de ANOVA calcula que solo en la línea costera de La Guaira 2.654 estructuras habitacionales quedaron gravemente comprometidas o destruidas.

Los costos económicos de la tragedia son todavía difíciles de cuantificar con precisión, pero las estimaciones ya superan ampliamente las capacidades actuales del país.  La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estima los daños en 37.000 millones de dólares: 24.000 millones en edificaciones y otros 13.000 millones en infraestructura. Este monto representa el 43 por ciento del PIB venezolano. 

Venezuela, segundo país de la región más vulnerable ante desastres y crisis humanitarias

Este enorme alcance humano y material de la tragedia venezolana no puede explicarse únicamente por la intensidad de los dos sismos que golpearon al país. Desde la década de los noventa, la comunidad internacional dejó de entender los desastres naturales como simples fatalidades y comenzó a analizarlos como el resultado de una ecuación más compleja: el grado de la amenaza física, la vulnerabilidad social y la capacidad de respuesta ante los desastres. 

Bajo esa lógica, la Unión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) implementaron el índice de riesgo INFORM. Este índice evalúa en 191 países el riesgo de sufrir crisis humanitarias y desastres capaces de sobrepasar la capacidad nacional de respuesta. La edición más reciente del Índice INFORM, publicada el pasado 31 de marzo de 2026, clasifica a Venezuela en la categoría de «riesgo alto», asignándole una puntuación general de 5,9 sobre 10. Este puntaje sitúa a Venezuela como el segundo país de América Latina y el Caribe —solo por detrás de Haití— y el vigésimo octavo del mundo con mayor vulnerabilidad ante crisis humanitarias y desastres.

Advertencias desoídas durante dos décadas

Además de su exposición a catástrofes naturales debido a su ubicación geográfica, el alto grado de vulnerabilidad de Venezuela frente a desastres de gran magnitud responde, en buena medida a la muy baja capacidad del Estado para prevenir, responder y recuperarse frente a este tipo de eventos.

Desde principios del siglo XXI, especialistas y organismos nacionales e internacionales han advertido sobre la urgente necesidad de desarrollar un sistema estatal robusto para la gestión de emergencias y desastres de gran magnitud. Sin embargo, estas alertas han sido sistemáticamente ignoradas.    

Tras el deslave de 1999 que afectó a Caracas y al Litoral Central, el Gobierno venezolano le solicitó a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) un estudio para enfrentar la vulnerabilidad de la capital ante amenazas naturales.

En marzo de 2005, se presentó formalmente el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, en el que quedaba claro que la magnitud de las consecuencias de un futuro desastre natural dependería, en buena medida, de las decisiones que el Estado adoptara desde ese momento para reducir la vulnerabilidad de la ciudad. 

Entre las recomendaciones centrales del informe destacan la implementación de un Sistema de Alerta Temprana y Evacuación y la creación de un Centro de Comando de Emergencia como sede centralizada para la coordinación de la Protección Civil. Dos décadas después, ambas seguirían figurando entre las debilidades de la respuesta estatal. 

Once años después, en 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres: Informe Venezuela. Este reporte dejó en evidencia que para ese momento en el país existía «un desfase considerable» entre lo que estaba estipulado en el marco legal —Ley de Protección Civil (2001) y Ley de Gestión Integral de Riesgos (2009)— y su implementación efectiva.  Es decir, en la práctica, los avances normativos no se habían traducido en capacidades institucionales. 

Un Estado cada vez menos preparado para responder a desastres 

Lejos de mejorar, la situación se fue agravando con el paso del tiempo. No solo dejaron de desarrollarse las capacidades estatales necesarias para enfrentar desastres de gran magnitud, sino que incluso aquellas construidas en periodos anteriores se fueron debilitando. 

Los datos del índice INFORM muestran que, entre 2015 y 2026, la puntuación de Venezuela en el componente que mide la falta de capacidad de respuesta del país ante desastres de gran magnitud —en una escala de 0 a 10, donde los valores más altos indican menor capacidad de respuesta— se deterioró gravemente, al pasar de 5,5 en 2015 a 7,0 en 2026. Este resultado sitúa a Venezuela como el segundo país de América Latina y el Caribe —solo por detrás de Haití— con la peor capacidad estatal para responder ante desastres de gran magnitud. 

Para entender este deterioro, es necesario analizar las dos dimensiones a partir de las cuales INFORM calcula la capacidad de respuesta de los países: la infraestructura y la institucionalidad. La dimensión infraestructura —que mide la capacidad de respuesta y recuperación, incluidas las redes de comunicación, infraestructura física y el acceso al sistema de salud—, ya mostraba importantes deficiencias en 2015 y apenas varió en el periodo analizado. Su puntuación pasó de 4,1 a 4,4 entre 2015 y 2026, con señales particularmente críticas en el acceso a la atención sanitaria.

La segunda dimensión, la institucional —que evalúa la efectividad gubernamental y la percepción de la corrupción, la fortaleza de la administración pública, la calidad de los servicios públicos, la preparación y la alerta temprana para la reducción del riesgo de desastres— sufrió un marcado deterioro, al pasar de un puntaje de 6,5 en 2015 a 8,6 en 2026.

El factor corrupción

Un análisis detallado de este elevado puntaje revela que uno de los factores que más contribuyó al colapso casi total de la capacidad institucional de Venezuela para responder ante emergencias ha sido la persistente y altísima corrupción gubernamental a lo largo de todo el periodo evaluado por INFORM (2015-2026).

La corrupción en el sector público no solo afecta directamente la categoría institucional, sino que repercute a lo largo de toda la dimensión que mide la capacidad de respuesta del país: los recursos destinados a prevención de desastres son desviados; las normas de construcción antisísmicas no se aplican; los equipos de rescate no se compran por malversación; la infraestructura se queda sin mantenimiento; los hospitales no se dotan adecuadamente, etc.

En esta misma dirección, el estudio elaborado por Ambraseys y Bilham (2011) señala que el 83 por ciento de las muertes por colapso de edificios en terremotos ocurre en países con muy alta corrupción. 

Deficiente respuesta tras el desastre

Cuando el doble sismo golpeó duramente a Venezuela, el desastre desbordó ampliamente las capacidades del país para enfrentarlo. Así lo reportaron medios nacionales e internacionales y lo evidenciaron los innumerables testimonios e imágenes que circularon en las redes sociales. 

La respuesta tardía de las autoridades, la falta de coordinación, las fallas en las comunicaciones, la escasez de dotación de los equipos de rescate, la inoperancia de las Fuerzas Armadas y los obstáculos para el ingreso de ayuda internacional, entre otros problemas, no fueron fallas puntuales de los primeros días de la emergencia, sino el resultado necesario de un largo proceso de rezago y debilitamiento de las capacidades estatales, tal como año tras año lo venía anticipando el índice de riesgo INFORM. 

La respuesta inmediata ante el desastre fue la primera prueba. La gran interrogante que sigue es cómo se podrá afrontar con éxito el desafío de la reconstrucción con las mismas autoridades bajo cuya gestión se produjo el colapso institucional que amplificó la tragedia.

(ms)