El 58% de los delitos sexuales denunciados en Francia afectan a menores | elmundo.es

El 58% de delitos sexuales denunciados en Francia afectan a menores, según reconoció el ministro de Interior, Laurent Núñez, que advirtió que los casos de abusos sexuales de niños se han duplicado con creces desde el 2017. La Asamblea Nacional guardó entre tanto un minuto de silencio por la muerte de Lyhanna, la niña de 11 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado la semana pasada en una granja abandonada al sur del país, mientras la policía interrogaba al sospechoso, Jérôme Barella, que había sido denunciado en el 2025 por violar a una niña de 10 años.

Audrey, la madre de la niña violada que ha sido identificada como «Rosa», anunció por su parte que presentará una denuncia por «negligencia grave» contra el Estado y contra el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, «pues él personifica la institución judicial y hoy finge estar sorprendido por ver que el sistema hace aguas». «Desde que presenté mi denuncia en agosto del 2025, no se hizo nada», aseguró Audrey, que recalcó cómo el sospechoso no fue nunca detenido ni interrogado, pese al examen ginecológico de su hija que confirmó las acusaciones. «¿Cómo podemos esperar un año y que alguien muera, antes de obtener respuestas?», se preguntó la madre de la menor.

A través de su denuncia y su declaración pública, Audrey espera que «cambien las cosas para que ningún otro niño sufra como sufrió mi hija». La madre asegura sentirse «culpable por no haber estado a la altura ni haber hecho lo suficiente», pese a sus llamadas constantes a la policía y a la fiscalía. Su hija «llora todas las noches antes de acostarse» como consecuencia de los abusos sexuales sufridos a manos de Jérôme Barella, de 41 años, que había sido expulsado años antes de un instituto donde trabajaba como operario de mantenimiento por «conducta inapropiada» con una alumna.

«Incomprensible»

El propio ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha reconocido que resulta «incomprensible» cómo el sospechoso de la muerte de Lyhanna estuviera en libertad o no tuviera algún tipo de vigilancia especial tras la denuncia por violación. Darmanin ha admitido que hubo «fallos extremadamente graves» que pudieron haber prevenido la tragedia y ha ordenado un investigación administrativa para depurar responsabilidades, así como la revisión de las 70.000 denuncias acumuladas que afectan a menores.

Emmanuel Macron ha pedido entre tanto «transparencia» al Gobierno, según informó Le Parisien de fuentes cercanas al Elíseo. «Existe tal indignación entre la población que no podemos dar la impresión de permanecer indiferentes ante semejante tragedia», fue el mensaje interno de Macron un día después de las manifestaciones que convocaron a más de 60.000 franceses ante los tribunales en decenas de ciudades de todo el país.

El ministro de Interior reconoció por su parte en una comparecencia en el Senado cómo las denuncias se ha multiplicado por 2,5 desde el 2017. Laurent Núñez aseguró que el sistema para gestionar estas denuncias «se ha reforzado significativamente», con la creación de 400 salas espacios habilitados para que los niños puedan hablar y la formación de 20.000 policías en este ámbito.

En el caso concreto de «Rosa», la niña de 10 años supuestamente violada por Jérôme Barella, Núñez aseguró que la menor fue entrevistada durante cuatro horas y recibió una evaluación psicológica. Con respecto al seguimiento del caso, alegó que fueron las fiscalías (primero la de Toulouse y luego la de Agen) las que dieron «las instrucciones sobre el caso». El ministro reconoció que se está investigando si la policía llegó a amenazar a la madre con denunciarla por acoso por sus llamadas insistentes.

El primer ministro Sébastien Lecornu celebró entre tanto un encuentro interministerial para analizar las medidas que deberán integrarse al proyecto de ley sobre protección infantil. Entre ellas, el aumento de las penas por violación, la modificación de las normas de prescripción de los casos, la información a las víctimas sobre los procedimientos y la necesidad de justificar las decisiones de archivar los casos de delitos sexuales sin emprender acciones adicionales».

«Apoyaremos estas medidas, pero es poco probable que sirvan para cambiar las cosas», anticipó la líder de Agrupación Nacional Marine Le Pen. «Lo que los franceses esperan no son leyes circunstanciales, sino una verdadera introspección en el funcionamiento de la justicia», aseguró Le Pen, que culpó del declive del sistema judicial a «causad ideológicas, como la de priorizar la rehabilitación a expensas de la protección de la sociedad».