Bolivia mantiene 27 carreteras bloqueadas pese al estado de excepción y avanza en acuerdos parciales para despejar carreteras | elperiodico.com
El estado de excepción declarado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha permitido reducir los bloqueos de carreteras en el país, pero no ha logrado desactivar por completo una protesta que se prolonga desde hace 52 días y que ha dejado más de una veintena de muertos. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, al menos 27 puntos de corte siguen activos, por debajo de los 47 registrados el viernes y de los 40 contabilizados el sábado por la mañana.
El Gobierno defiende que la situación empieza a normalizarse tras el despliegue de policías y militares en rutas estratégicas y después de cerrar acuerdos con algunos sectores movilizados. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que los bloqueos se han reducido en torno a un 60% respecto al momento más crítico del conflicto, cuando se llegó a superar el centenar de cortes en todo el país.
La desescalada ha avanzado especialmente en San Julián, en el departamento de Santa Cruz, donde el Gobierno y los manifestantes alcanzaron un acuerdo para levantar las barricadas después de más de un mes de bloqueo. Los movilizados obtuvieron compromisos de la Gobernación sobre mantenimiento de caminos, electrificación, salud, educación, acceso al agua, atención a conflictos de tierras, abastecimiento de diésel y gasolina y retorno policial a la zona. Tras la reunión, las autoridades anunciaron el levantamiento inmediato del bloqueo.
Los «bloqueos fantasma»
Las fuerzas de seguridad también han comenzado a despejar carreteras en el occidente y el centro del país. Desde El Alto y Oruro partieron contingentes de policías y militares para retirar piedras, bloques de cemento y montículos de tierra instalados en la ruta que conecta La Paz con Oruro. En algunos puntos, los agentes fueron recibidos con aplausos por vecinos afectados por los cortes desde principios de mayo.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó durante un operativo en Achica Arriba que la intervención tenía como objetivo principal limpiar las vías y sostuvo que algunos puntos eran ya “bloqueos fantasma”, sin presencia de manifestantes. El Gobierno insiste en que mantiene abiertas las vías de diálogo con los sectores que planteen demandas legítimas, pero defiende la necesidad de proteger a las poblaciones perjudicadas por el desabastecimiento y la paralización del transporte.
El conflicto ha provocado problemas de suministro de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de importantes pérdidas económicas. Según los datos difundidos por las autoridades, los bloqueos han causado daños millonarios y han dificultado el acceso a servicios básicos y atención sanitaria.
Los antecedentes
Pese a los acuerdos parciales, la tensión política continúa. Organizaciones campesinas de La Paz, entre ellas la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, han rechazado el pacto alcanzado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana al considerar que fue negociado sin consulta previa a las bases. Estos sectores han anunciado un intermedio en sus protestas y la convocatoria de un ampliado extraordinario para evaluar la situación y definir nuevas medidas.
La Asamblea Legislativa Plurinacional avaló en la madrugada del domingo el decreto de estado de excepción impulsado por Paz, en una sesión marcada por la tensión política y las críticas al vicepresidente Edmand Lara, que se declaró contrario a la medida pese a presidir el inicio del debate. La norma habilita el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para garantizar el orden público y prohíbe los bloqueos de vías, así como el uso de armas, explosivos y otros elementos violentos.
El Ejecutivo sostiene que buena parte de las demandas sociales ya fueron atendidas mediante procesos de diálogo y acuerdos, por lo que atribuye la persistencia de algunos bloqueos a intereses políticos. Los sectores movilizados, en cambio, mantienen sus críticas a las políticas económicas del Gobierno y a la gestión de Paz, cuya renuncia forma parte de las exigencias planteadas durante las protestas.
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