Noboa es derrotado en una consulta popular que proponía la instalación en Ecuador de una base militar de EEUU | elperiodico.com
«Hay tendencia marcada», dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint al informar sobre la inexorable derrota de Daniel Noboa en la consulta popular con la cual ha intentado rediseñar las instituciones y la política de Ecuador. Una vez que el CNE dictó sentencia, habló el mandatario: «estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano«.
El Gobierno confiaba en los sondeos que, una vez más, no pudieron detectar las opiniones profundas de la sociedad. Al escrutarse el 75% de los votos, un 60,5% de los ciudadanos rechazó la instalación de una base militar extranjera para combatir la crisis de seguridad. Solo un 39,5% dijeron «Sí» a la propuesta madre del referendo porque suponía el retorno de Estados Unidos al territorio. Noboa promovió esa iniciativa como una prueba de fidelidad a la administración de Donald Trump. En 2009, y en virtud de la Constitución promovida entonces por el Gobierno de Rafael Correa, se cerró la base militar en Manta, el pacífico ecuatoriano, que era ocupada por fuerzas norteamericanas. Ecuador tiene la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica: 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2024. El primer semestre de 2025 es el más violento en la historia ecuatoriana: 4500 homicidios que tienen a las bandas narcotraficantes como principales protagonistas. Las autoridades consideraron prioritaria una respuesta positiva a esa pregunta para abordar el «estado de conflicto interno» declarado a comienzos de 2024, y reforzado con los «estados de excepción». Noboa señaló a propósito: «Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos».
Pero al joven presidente tampoco le fue bien con las otras preguntas. Un 58% le dijo «No» a que el Estado deje de financiar a los partidos polpolíticos tiempos electorales. Un 42% se mostró de acuerdo con que las agrupaciones se financien con donaciones y dinero de los afiliados. La propuesta beneficiaba a las formaciones que sintonizan con las expectativas de los grandes grupos económicos.
Los ecuatorianos también dijeron «No» a la reducción de los integrantes de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y, de manera más elocuente a la redacción de una nueva Carta Magna escrita a imagen y semejanza de Noboa: 61,55% de las papeletas ratificaron en los hechos la vigencia de la actual Constitución.
Noboa, promotor del referendo, siguió el avance del escrutinio desde un lujoso hotel de la comuna de Olón donde tiene su residencia de playa. Los resultados descolocaron al oficialismo. El malestar fue patente en un parlamentario, Eckner Recalde: «aquí no es que pierde un Gobierno, no es que pierde el presidente Daniel Noboa, no es que pierde ADN (el partido en el poder), sino el pueblo ecuatoriano.
Reacción de Correa
«La Constitución de Montecristi ha sido ratificada después de 17 años de vigencia. Por primera vez en la historia de Ecuador una constitución ha sido votada mayoritariamente por los ciudadanos dos veces. Esto marca un hito histórico. Ojalá sea el inicio de una definitiva estabilidad constitucional del país. Nuestra Constitución es de las mejores del mundo, solo hay que cumplirla», dijo desde el exilio el expresidente Correa.
El caso Pipo
En este contexto, el Gobierno tuvo al menos una razón para festejar: la felicitación de Washington por el arresto en España de Wilmer Chevarría, alias Pipo, señalado como presunto líder de la banda criminal Los Lobos, una de las más importantes en Ecuador. Chavarría había simulado su muerte en 2021. Sus familiares presentaron documentación falsa para legalizar su deceso y así evitar una sentencia de 16 años de prisión. Incluso, llegó a realizar un funeral falso. La Fiscalía General del Ecuador informó que tras la detención se inició una investigación previa por el supuesto delito de fraude procesal.
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