Perú rechaza un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusa al Gobierno de perpetrar una «masacre» | elperiodico.com

 «Hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos«, dijo con rostro adusto la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionado con la represión estatal durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de este año, y que han sido calificadas por el organismo de «masacre». Las conclusiones de la CIDH no sorprenden a los organismos defensores de los derechos humanos de ese país. El tono del texto enervó sin embargo a un Gobierno provisional cuya dimisión había sido reclamada esos días dew sangre y furia. Boularte se tomó unas horas para responder. «Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la clasificación de masacre».

Acompañada de sus colaboradores más cercanos dijo a su vez «lamentar» la «pérdida de vidas humanas ocurridas en el marco de las protestas y los actos vandálicos». Sin embargo, reclamó «objetividad» en las investigaciones sobre lo ocurrido esos días que estremecieron a Perú. A la vez, exaltó el papel desempeñado por las instituciones de seguridad y militares.  «Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad».

El documento de la CIDH es el resultado de dos visitas de sus representantes en medio de la crisis que se desató tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Las manifestaciones no solo pedían la dimisión de Boularte sino el adelantamiento de las elecciones, un tema que ha quedado en el limbo por los obstáculos que pone el Congreso. La delegación constató «múltiples privaciones del derecho a la vida» y el «uso excesivo e indiscriminado» de la fuerza por parte de los agentes del Estado, especialmente en Juliaca, una localidad ubicada 1200 kilómetros al sur de Lima, donde murieron 18 personas durante un solo día del prolongado estallido social.

La CIDH recordó que Perú atraviesa desde hace años «una crisis institucional que ha debilitado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad». Advirtió a su vez que «las políticas contra el terrorismo o crimen organizado no deben legislarse de modo tal que restrinjan los derechos humanos y generen un efecto inhibitorio generalizado para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión y derechos políticos».

Al comentar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) sobre los hechos de violencia ocurridos entre diciembre y enero, enfatizó que el Ejecutivo siempre se ha planteado un trabajo transparente, poniendo por delante las necesidades de la población. pic.twitter.com/dKSFEW6akp

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) 3 de mayo de 2023

Racismo encubierto

Margarette May Macaulay, relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH también detectó casos de racismo. «Muchas personas se vieron lesionadas, aunque no estaban participando en las protestas. Estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados. En el caso de Ayacucho, hubo violación de los derechos humanos grave que debe ser investigada con debida diligencia y con un enfoque étnico y racial«.

El informe es concluyente en ese sentido: «se ha observado una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades, perpetuando la noción de que las personas campesinas e indígenas que protestan tienen vínculos con actos de terrorismo y que incluyen la utilización de palabras como terroristas, terrucos, senderistas o indios». Esa mirada, se añade, fomenta «un ambiente de permisividad y tolerancia de la violencia institucional».

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La denuncia también fue rechazada por la mandataria interina. «Esta presidenta, que viene del sur, en reiteradas veces ha señalado su respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres. En este Gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole».

La pregunta que se formularon algunos analistas políticos tiene que ver con el impacto interno que podían tener las conclusiones de la CIDH que responsabilizan a las autoridades. La ultraderecha ha pedido expulsar del país a sus representantes permanentes. Más allá de esos exabruptos, el informe puede comprometer la estabilidad de Boluarte, siempre frágil y sujeta a precarias alianzas en un Congreso acostumbrado a cesar jefes de Estado y donde carece de una bancada propia.