– Isa Saiz – Europa Press
MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) –
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado este martes a examinar las propuestas del promotor de la acción disciplinaria de archivar varias diligencias informativas abiertas por quejas presentadas contra el juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, una de ellas por sugerir que la Policía Nacional podría ayudar a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a huir de la justicia, pero no ha alcanzado acuerdo, por lo que las deliberaciones seguirán en próximos días.
Así lo ha comunicado el CGPJ, cuya Comisión Permanente acordó el pasado junio remitir al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, que estudie si el juez Peinado, en el auto con el que envió a Gómez a juicio con jurado y le retiró el pasaporte, incurrió en la falta del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ese artículo establece como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial».
Aquel acuerdo de la Comisión Permanente fue aprobado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, si bien cuatro vocales discrepantes formularon voto particular.
Todo ello tras una reunión extraordinaria que se produjo después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase a la presidenta del CGPJ la «más enérgica queja» por las afirmaciones del juez sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez.
En dicha resolución, de 84 páginas, el magistrado aseguró que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Para el ministro, esas afirmaciones «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de derecho».
Marlaska señaló además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».
El titular de Interior indicó que esas afirmaciones son «un hecho de máxima gravedad» e instó al CGPJ a que adopte «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones» al tiempo que ha insistido en la «plena profesionalidad» de los agentes y de sus mandos.
Además de esa diligencia informativa, que contó con una queja contra el juez del Sindicato Unificado de Policía, el órgano de gobierno de los jueces se ha sentado a deliberar otras cuatro interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, y un particular.
