– Eduardo Parra – Europa Press – Archivo
MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) –
La Dirección General de la Policía Nacional ha reiterado «la más absoluta, firme y escrupulosa defensa del honor, la integridad y el prestigio» de sus funcionarios, tras las consideraciones recogidas en el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que acuerda abrir juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le retira el pasaporte por riesgo de fuga en la que, según el auto, podrían participar sus escoltas.
En un comunicado, la Dirección General de la Policía Nacional ha calificado de «injustificada cualquier argumentación que sitúe bajo la sombra de la sospecha la labor de los agentes, sugiriendo que estos pudieran cooperar en la elusión de la justicia o en el quebrantamiento de medidas cautelares por parte de personas bajo su custodia o escolta».
El organismo ha recordado que los miembros de la Policía Nacional desarrollan sus funciones bajo el mandato del artículo 104.1 de la Constitución Española, que les encomienda «la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana» y que ese precepto se ejerce «bajo los principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto sometimiento al imperio de la ley, lo que excluye por completo el cumplimiento de órdenes que resulten manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico», como indica el comunicado emitido este domingo.
«La honorabilidad de la Policía Nacional se fundamenta en su trayectoria de servicio público y en la confianza que la sociedad deposita en ella», ha afirmado el organismo, al tiempo que ha rechazado «cualquier valoración especulativa que menoscabe el crédito de la institución».
Asimismo, la Policía Nacional ha insistido en «el compromiso inquebrantable de todos sus agentes con la legalidad constitucional y la colaboración con los tribunales de justicia».
El comunicado concluye precisando que «la defensa de la honradez y honestidad de los funcionarios policiales en el ejercicio de su profesión no es incompatible con el debido respeto institucional a la independencia judicial y al conjunto de las decisiones y resoluciones emanadas del Poder Judicial, pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».
