Cancillería le pidió al fiscal Barbosa investigar el polémico contrato de $600 mil millones para pasaportes

A través de su secretario general encargado, José Antonio Salazar Ramírez, la Cancillería de la República le solicitó al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que investigue el contrato por casi 600 mil millones de pesos con el que se busca tramitar los pasaportes y otros documentos para los colombianos.

El subordinado del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, envió una carta al jefe del ente acusador en la que pide que, a profundidad, investigue el proceso con el que la Cancillería estará entregando la licitación y demás trámites pertinentes para la expedición del mencionado documento.

Inclusive, el funcionario de la Cancillería asegura que este tema debería tratarse conforme a “una noticia criminal” y así, desde la Fiscalía, se “adelante la instrucción que concluya con las peticiones de rigor ante los jueces de la república”, dice Salazar, quien asegura que la carta fue enviada en nombre del ministro Leyva.

Es más, indirectamente, se refirió al presunto choque de trenes que habría entre la Presidencia de la República y la Cancillería para adelantar estos temas.

Por su parte, desde que se conocieron los cuestionamientos de este contrato, cuyo principal oferente es la empresa Thomas Greg & Sons, el jefe de cartera ha señalado que la licitación de pasaportes se ha realizado con transparencia debido a que ha contado con el respaldo de distintos órganos de control:

Por este hecho, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Vladimir Fernández, advirtió a los delegados de la Cancillería que habrían inconveniencias en el trámite, lo que habría desatado tensiones entre esas dos dependencias del Gobierno de Colombia.

De acuerdo con algunos reportes de prensa, la Cancillería no habría ofertado el contrato a otras empresas y habrían primado a la compañía Thomas Greg and Sons que es la misma que, desde hace 15 años, viene adelantando el trámite para el pasaporte de los colombianos.

Aunque el presidente Gustavo Petro le ordenó a sus subalternos de la Cancillería que garantizaran la libre competencia para elegir a la firma adecuada para ese trámite, su secretario jurídico habría advertido que esa casa diplomática no habría querido cambiar de proveedor, pese a que desde el palacio presidencial les hicieron la recomendación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, asegura que la empresa Thomas Greg and Sons es la única en Colombia que cumple con los requisitos para cumplir a cabalidad con las etiquetas en las visas, procedimiento que se conoce como pliego sastre o hecho a la medida.

Aunque se habla de las tensiones entre la cartera que dirige Leyva y la oficina jurídica del palacio, encabezada por uno de los hombres de confianza del presidente Petro, desde Cancillería aseguran que no existirían esos presuntos conflictos al interior del Gobierno nacional.

Pese a esta aclaración, el diario El Tiempo reveló una carta que envió de respuesta el mismo secretario general de la Cancillería en la que contesta a los señalamientos de Presidencia sobre la contratación con Thomas Greg and Sons. Por ejemplo, según mostró el periódico, el funcionario asegura que esa licitación no tiene “requisitos irracionales” y que tampoco busca “disfrazar la selección en los pliegos”, entre otras, como asegura la oficina jurídica.