Lavado de activos: Diputados dio media sanción a la reforma de la ley impulsada por el Frente de Todos

Diputados dio media sanción hoy -con 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones– al proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La sanción de este proyecto es clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

Entre sus principales puntos propone que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Por otro lado, se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas), a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

Durante el debate en comisión, el PRO firmó con disidencias el dictamen de mayoría del Frente de Todos. Por su parte, el Interbloque Federal, la Coalición Cívica, la UCR y Evolución firmaron un dictamen de minoría.

El punto central del dictamen opositor señalaba que el presidente y el vicepresidente de la Unidad de Información Financiera deben ser “seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad-hoc”, integrada por dos ministros de la Corte Suprema, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos funcionarios del Ministerio Público, un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores y un funcionario de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central.

“Ustedes no quieren incorporar una de las 40 recomendaciones del GAFI, pero es la clave. Es la 29, que habla de la autonomía de la UIF y señala que no debe tener interferencias políticas”, dijo Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Y agregó: “A los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Nosotros no vamos a negociar la autonomía de la UIF”.

En la previa de la sesión, Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, cargó contra la oposición porque no habrían respetado los términos negociados en la comisión. Según explicó a Infobae, el diputado Pablo Tonelli fue el encargado de proponer modificaciones en representación de toda la coalición opositora; sin embargo, luego los bloques de Evolución y la UCR decidieron no firmar el dictamen. Ante la consulta de Infobae, desde estas fuerzas negaron ese acuerdo.

“Me definieron interlocuciones para poder avanzar en el consenso. Llegamos a un principio de acuerdo que después la dinámica política en Argentina hace que los acuerdos duren poco. Escuchamos todos los aportes, introdujimos más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques. No se pudo, pero no fue por falta de generosidad por los diputados del Frente de Todos que negociaron, ni por la mala fe de los opositores que se decidieron a transitar el camino de la búsqueda de consensos”, dijo durante su discurso.

Finalmente, el PRO cambió su postura y rechazó el proyecto, en sintonía con el resto de Juntos por el Cambio. Por eso, el proyecto fue aprobado en general con una mayoría simple. “Lamentablemente sigue predominando la lógica de diferenciarnos del otro”, dijo Martínez.

Desde Juntos por el Cambio pidieron la votación en particular de varios artículos para insistir con algunas modificaciones sobre los puntos cuestionados. Pero no tuvo los votos necesarios para imponerlas.

La diputada Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande, adelantó que junto a los diputados de su espacio, Federico Fagioli y Itai Hagman, no acompañarán el proyecto impulsado por el oficialismo.

“Otra vez a las apuradas, otra vez un organismo internacional nos impone una agenda, que no tiene nada que ver con la realidad y las urgencias de nuestro pueblo”, dijo la legisladora que se referencia a nivel nacional con Juan Grabois.

En ese sentido, planteó que se está “discutiendo una ley que no le va a transformar la vida a la gente en el corto plazo”. Ante la consulta de Infobae, desde Patria Grande explicaron que se abstendrán.

Comienza el debate de la reforma de la ley contra el lavado de activos

El proyecto fue aprobado por unanimidad, con 210 votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones. El objetivo de la ley es “proveer a los progenitores de información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con síndrome de Down y sus familias”. También brindar “capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud para generar las instancias de diálogo y provisión de la información al o los progenitores que reciban este diagnóstico”.

Leonor Martínez Villada, diputada nacional de la CC ARI, aseguró que la aprobación del proyecto “es un acto de empatía y humanismo conectado con los valores más profundos del ser humano”.

“El diagnóstico humanizado viene a garantizar una norma y el acompañamiento de las personas que reciben diagnóstico de síndrome de Down. Esa familia necesita la contención y los profesionales de la salud deben contar con las herramientas necesarias para poder guiar a estos padres en la evolución de la enfermedad de estos niños”, continuó.

Y finalizó: “Esto no se puede garantizar sin el presupuesto adecuado y sin reglamentación en todas las provincias del país sino en cada lugar se hace lo que se puede y lo que se quiere porque no hay presupuesto. Pido que se cumpla y se controle sino votamos leyes que quedan en letra muerta”.

Por su parte, Julio Cobos explicó: “Esta ley, de ocho artículos, establece protocolos específicos y capacitación al personal; básicamente se quiere asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. Y esto hay que hacerlo a partir de un marco que garantice una adecuada comunicación e información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y apoyo para las personas con Síndrome de Down”.

Comenzó el debate del primer proyecto: acompañamiento a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido

Además del proyecto de reforma de la ley anti lavado, se tratarán una serie de proyecto con amplio consenso entre las principales fuerzas políticas.

La sesión comenzará con el tratamiento del proyecto sobre contención para acompañar a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. El objetivo de la ley es “proveer a los progenitores de información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con síndrome de Down y sus familias”. También brindar “capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud para generar las instancias de diálogo y provisión de la información al o los progenitores que reciban este diagnóstico”.

Además se debatirá el proyecto que avala la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1º de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024.

El texto establece que “la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento” y “entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas, profundizar el acercamiento y el conocimiento mutuo con las Fuerzas Armadas de otros países”. Los ejercicios son Acurx II; Alasur III; “Fraterno IV; “Inalaf V; “Passex VI; “Unitas VII; “Viekaren VIII; y “Cruzex”, que tendrán lugar dentro y fuera del territorio nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas correspondiente al período comprendido entre el 1° de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

También se tratará el Programa Pubertad Precoz Central, con el cual se busca hacer un tratamiento integral de esta problemática que afrontan las familias. El dictamen se realizó en base a tres proyectos. Uno de ellos es del diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi, quien en los fundamentos dijo que la pubertad precoz “es definida como una condición que lleva a los niños a adquirir, en forma temprana, caracteres sexuales secundarios, la pubertad precoz central, provoca problemas en la estatura, en el desarrollo de los huesos y en el de los dientes”.

“Estos cambios hormonales generan no sólo problemas físicos, sino que también influyen en el aspecto psicológico y en las relaciones sociales de las niñas y niños que padecen PPC. La maduración física temprana respecto del resto de sus pares genera en la mayoría de los casos sentimientos de angustia, vergüenza, timidez lo que conlleva, con mucha frecuencia, a un retraimiento que afecta la personalidad de los menores”, desarrolló.

Los otros dos proyectos que componen el dictamen fueron presentados por la radical Carla Carrizo y Lorena Matzen, que ya no es más diputada. “Sería un gran avance en el reconocimiento del derecho a la salud de los niños y niñas. La historia no comienza hoy. Empezó hace dos años, en 2021, con la presentación del proyecto impulsado por la red de madres. En 2022 logramos que se incluya el acceso a los medicamentos en el PMO y se dictaminó el proyecto”, detalló Carrizo.

Otro tema que se analizará es el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina – Progresar – con el otorgamiento de becas para lograr la reinserción educativa de jóvenes entre 16 y 30 años con el fin de “acompañar la terminalidad de los estudios en educación media, superior y formación profesional”

Finalmente, se debatirá el Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo el 17 de diciembre de 2018, y la declaración como Monumento Natural de la Especie Águila Harpía.

El PRO firmó ayer en un plenario de comisiones el dictamen de mayoría junto con el Frente de Todos. Sin embargo, en la previa de la sesión desde Juntos por el Cambio anunciaron que buscarían un posición común de todo el interbloque, por lo que el PRO podría finalmente abstenerse o rechazar en favor del dictámen de minoría.

“Hay sectores de la oposición que quieren impedir este miércoles su aprobación”, denunció anoche Germán Martínez, presidente del bloque oficialista.

Un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados avanzó hoy con el dictamen del proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.