Crecen las sospechas por el desvío de ayuda humanitaria en el terremoto de Venezuela

Esta semana, el alcalde Mizrachi denunció un presunto desvío de donaciones enviadas a las zonas devastadas del norte de Caracas y La Guaira, que aparecieron en la ciudad de Maturín, en estado de Monagas, situado a 400 kilómetros al sur de los lugares más afectados.

El funcionario panameño afirmó que colocó dispositivos AirTag como un mecanismo de transparencia para garantizar que las 100 toneladas de suministros recolectadas llegaban efectivamente a los damnificados por el doble terremoto. Para contrarrestar su denuncia, los medios del régimen publicaron una entrevista con los familiares de una damnificada, quienes explicaron que ella había llegado a dicho lugar desde la zona cero del seísmo y con el paquete de ayuda humanitaria que había recibido.

Sin embargo, el ministro Cabello se molestó por la colocación de chips electrónicos de rastreo en la ayuda proveniente de Panamá. Aseguró que el régimen no ha robado la ayuda humanitaria. En el fuerte cruce, el ministro calificó de «miserable» al alcalde panameño y afirmó que este le estaba enviando sobras.

En su respuesta, el alcalde panameño afirmó que sus sospechas sobre el desvío del material donado se basaban en las dudas existentes sobre la distribución y destino final de la ayuda humanitaria enviada en el contexto de la crisis.

«Pretendo darle más vueltas al tema del AirTag, pero sí me causa mucha curiosidad que el señor Diosdado Sin Cabello –Cabello– critique que lo que Panamá manda son sobras. Y si tantas sobras son lo que Panamá ha mandado de ayuda humanitaria, ¿qué hacen en Maturín? O sea, ¿por qué entonces siguen recibiendo nuestras sobras?», señaló Mizrachi.

De acuerdo con sus declaraciones, la situación se produce en un escenario donde las estructuras responsables de la recepción y distribución de la asistencia internacional operan bajo la coordinación de autoridades locales.

En efecto, dos días después del terremoto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó a los gobernadores, alcaldes chavistas y efectivos militares y policiales encargarse de centralizar la recepción y la distribución de toda la ayuda internacional en centros de acopio oficiales, lo que dejó fuera a las organizaciones y fundaciones privadas.

Sospechas de corrupción

Neida Dali Pérez, una venezolana de 50 años exiliada en Tenerife desde hace diez años que colabora con la CEA (Comisión Española de Ayuda), tiene una fundación llamada Una Sonrisa para los Niños del Mundo, que presta asistencia en varios países.

En su conversación con ABC, Neida Pérez explica que organiza recolectas y donaciones para la reconstrucción de Venezuela, pero «quiero enviarlas directamente a los destinatarios, que son los damnificados. Tengo mis representantes para recibir la ayuda, pero no quiero que pase por las instituciones chavistas porque desconfío de ellas por su falta de transparencia. Hemos visto tantos casos de corrupción y robos que no quiero que se pierdan nuestros esfuerzos por esos caminos indeseables».

Para identificar la procedencia de la ayuda, los grandes donantes como Estados Unidos han pegado la bandera tricolor de las 50 estrellas de la Unión en las cajas de alimentos que contienen carne enlatada, leche, sardinas, judías enlatadas, atún y jamón.

Con el fin de evitar el control chavista y el desvío de las donaciones, los brigadistas de Estados Unidos han desplegado sus helicópteros Osprey y Chinook en las zonas afectadas para entregar directamente el material a los damnificados. Las aeronaves aterrizan cerca de refugios y campamentos de damnificados, donde descargan toneladas de suministros, equipos y logística esencial para atender a las comunidades golpeadas por la emergencia.

Cuando los marines reparten las cajas de alimentos en los refugios de La Guaira, los damnificados, encantados y agradecidos, aprovechan para hacerse una foto con los efectivos estadounidenses. El balance oficial señala que han brindado asistencia a más de 30.000 venezolanos afectados.

La mayoría de los rescatistas internacionales ya se han retirado, pero entre los pocos que todavía prestan ayuda se encuentran los argentinos y los españoles. El Ejército argentino ha desplegado sus plantas de agua móviles. En La Guaira, mediante un sistema automatizado de envasado vertical, transforman rollos de plástico en miles de bolsitas de agua potable listas para ser distribuidas. Las bolsitas vienen identificadas y las distribuye directamente el personal argentino.

87 campamentos repartidos

En las redes sociales, el régimen chavista ha publicado el balance de atención en los campamentos transitorios hacia donde se destina la ayuda humanitaria. A fecha de 9 de julio hay un total de 87 campamentos asignados con una capacidad de 23.396 camas, de los cuales 39 se encuentran en Caracas, 26 en La Guaira y 22 en Miranda. La capacidad ocupada es de 16.891 damnificados, que duermen en estos refugios.

Sobre estas cifras oficiales, Susana Rafalli, experta en nutrición, plantea una información relevante: «Nos acerca más a un número estimado de personas afectadas, más allá de los 17.000 damnificados por daños físicos estructurales. La información abierta es una autopista para una respuesta humanitaria proporcional a los daños».

Rafalli cita a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Américas que, al hacer un llamamiento adicional para lograr la donación de 296 millones de dólares (unos 260 millones de euros), busca ampliar la respuesta a los terremotos en Venezuela para atender las necesidades de 1,3 millones de personas.

Para ello, Transparencia Venezuela, una ONG especializada en la investigación sobre la corrupción, propone instalar una plataforma que haga un seguimiento de las ayudas y donaciones internacionales para la reconstrucción del país.