EE.UU. pide a Venezuela la cabeza del hijo de Maduro y de otros ocho jerarcas chavistas

La petición no se limita a permitir interrogatorios. Incluye acceso a documentación, trazabilidad financiera y, cuando sea posible, fórmulas de entrega o traslado, un terreno especialmente delicado en Venezuela por la prohibición constitucional de extraditar a nacionales.

Estados Unidos ha puesto por escrito ante Delcy Rodríguez una exigencia que va más allá de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, sin más resistencia aparente. Esa cooperación, según la misma fuente, se articula en torno a una lista de nueve personas de interés, seleccionadas por su valor probatorio y por su utilidad para reconstruir el circuito de contratos, lavado de dinero y protección política que Washington atribuye al antiguo régimen que comandaba Maduro y que, en buena medida, sigue en pie.

En la práctica, la Casa Blanca plantea un esquema de intercambio con tres capas. La primera es la del acceso, facilitar entrevistas, interrogatorios, registros administrativos y documentación sensible. En esa fase entra el interrogatorio, la semana pasada, de Alex Saab, señalado durante años como operador del madurismo, y del empresario Raúl Gorrín. La segunda capa busca permitir que equipos estadounidenses participen o supervisen parte del trabajo de verificación sin que Caracas lo reconozca en público. La tercera, si se considera políticamente viable, contempla fórmulas de traslado o entrega, con el cuidado extremo de evitar la palabra extradición.

Posibles alternativas

El problema de fondo es constitucional. Venezuela no extradita a sus nacionales. Ese límite obliga a convertir la cooperación en un terreno gris. Se contemplan expulsiones administrativas, salidas pactadas, traslados por razones de seguridad, detenciones temporales con entrevistas y entrega de documentación. O, en caso de que los objetivos viajen fuera del país, también su captura, como ocurrió con Saab, detenido en Cabo Verde en 2020, extraditado a Miami y después indultado por Joe Biden.

Según la fuente, Washington lo asume y por eso prioriza objetivos que, por nacionalidad, por historial de viajes o por posición dentro del aparato, ofrecen más margen.

La lista, insiste la fuente, no es pública y no se presentó como un ultimátum, pero funciona como tal. Rodríguez, que aún no está imputada formalmente por EE.UU., recibe la lista como condición de normalización. A ese listado se suma el reconocimiento a la misión diplomática en Caracas, desbloqueos selectivos, permisos de operación y una agenda energética. A cambio, Washington exige avances en nombres concretos y en expedientes concretos. El acuerdo, si se puede llamar así, se mide en actos verificables, interrogatorios ya realizados, documentación entregada, cuentas rastreadas, sociedades identificadas, activos congelados y, si se llega a esa fase, un traslado.

Alex Saab, la pieza más valiosa

Sobre Alex Saab y Raúl Gorrín no hay fotografías, no hay parte oficial, no hay confirmación pública sobre su situación actual. Y eso, para Washington, es compatible con el objetivo, obtener información sin abrir una guerra interna en Venezuela por el control de los detenidos, lo que podría desencadenar una crisis para Rodríguez en este momento.

Saab, en particular, se ha convertido en la pieza más valiosa y más incómoda. La fuente lo define como el hombre que sabe dónde está el dinero y cómo se movía. No es solo un contratista. Fue ministro, fue intermediario y fue enlace con el núcleo político del madurismo durante años. EE.UU. lo ha señalado por redes de corrupción ligadas a contratos públicos y lo ha imputado en el pasado por esquemas de soborno y blanqueo.

Lo que cambia ahora es el foco. Según ha podido saber ABC, el Departamento de Justicia revisa una investigación adicional sobre una presunta conspiración de sobornos vinculada a importaciones de alimentos a precios inflados. En el mapa mental de los fiscales, el programa de alimentos no es un episodio humanitario, sino una caja.

Delcy Rodríguez, según la fuente, lo apartó del gabinete al asumir la presidencia interina precisamente por ese riesgo. Saab no solo conoce operaciones. Conoce decisiones. Conoce nombres de ministros, altos cargos, firmas, intermediarios y bancos, y conoce el mecanismo por el que un contrato de importación se convertía en comisiones y esas comisiones en activos fuera del país. El interrogatorio reciente, sostiene la fuente, buscaba dos cosas, confirmar la ruta del dinero y medir su disposición a cooperar. En su caso se ha implicado el FBI y se le investiga en Miami por hechos distintos a los que se le imputaron antes de su indulto.

Raúl Gorrín está en el mismo carril por motivos distintos, ya que representa la arquitectura del control de cambios. En EE.UU. está acusado de un esquema de sobornos para obtener acceso privilegiado a operaciones de cambio y de lavar posteriormente el dinero mediante sociedades pantalla y circuitos financieros. Para Washington, Gorrín sirve para explicar el engranaje que transformó una decisión administrativa en miles de millones, quién asignaba, quién autorizaba, quién cobraba, quién abría cuentas y quién compraba protección.

Los demás nombres

Los nueve nombres de la lista son perfiles que, por causas penales, sanciones o por conocimiento operativo, pueden sostener investigaciones o alimentar decomisos. Entre ellos figura Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro, incluido en el gran expediente penal estadounidense que acusa al núcleo del poder de conspiraciones vinculadas a narcóticos y armas, y también objeto de sanciones. Para Washington, es una pieza familiar y patrimonial, con potencial valor probatorio si se obtiene acceso a comunicaciones, patrimonio y redes.

Junto a él aparece Walter Jacob Gavidia Flores, el hijastro mayor de Maduro, sancionado por el Tesoro por su presunto papel en el ecosistema de comisiones asociado a contratos públicos. En la lógica estadounidense, es una puerta a activos y a la trama de sociedades pantalla y testaferros que, según Washington, crecieron al calor del programa de importaciones y del reparto discrecional de adjudicaciones.

El resto del listado amplía el perímetro hacia dos frentes. Uno es el de los purgados que ya están bajo control del propio aparato venezolano desde antes de la captura de Maduro. Ahí entran Tareck El Aissami y Samark López Bello, purgados, detenidos y procesados en Venezuela en 2024 dentro del caso de corrupción petrolera. Washington los considera objetivos disponibles porque, sin necesidad de localizarlos, Caracas puede autorizar acceso a interrogatorios y documentación.

El Aissami figura desde hace años en el radar estadounidense por narcotráfico y por violaciones de sanciones. López Bello, presentado como su operador financiero y presunto testaferro, concentra el interés por la red empresarial, las propiedades, los intermediarios y las rutas de pagos que Washington busca reconstruir.

Otro frente es el de los perfiles de información y de seguridad. En esa categoría aparece Pedro Luis Martín-Olivares, exresponsable de inteligencia económica, imputado en el país norteamericano por narcotráfico y sujeto a recompensas. Washington lo asocia a la cobertura institucional de rutas y a la protección de cargamentos. No hay constancia pública de una detención reciente, pero su inclusión, según la fuente, apunta a lo que EE.UU. cree que falta para cerrar el círculo, testigos con conocimiento interno del funcionamiento de la seguridad y de la cadena de mando. A estos siete jerarcas se suman otros dos altos cargos investigados en EE.UU., cuya identidad no ha sido desvelada todavía.

El hombre que sabe dónde está el dinero y cómo se movía. No es solo un contratista. Fue ministro, fue intermediario y fue enlace con el núcleo político del madurismo durante años.

Acusado de un esquema de sobornos para obtener acceso privilegiado a operaciones de cambio y de lavar posteriormente el dinero mediante sociedades pantalla y circuitos financieros.

Hijo de Maduro, incluido en el gran expediente penal estadounidense que acusa al núcleo del poder de conspiraciones vinculadas a narcóticos y armas, y también objeto de sanciones.

Hijastro mayor de Maduro, sancionado por el Tesoro por su presunto papel en el ecosistema de comisiones asociado a contratos públicos.

Purgado, detenido y procesado en Venezuela en 2024 dentro de un caso de corrupción, ya que fue ministro de Industria y Producción Nacional y presidente de la petrolera PDVSA.

Empresario señalado como testaferro del exministro Tareck El Aissami, también está detenido en Venezuela. Por ese motivo, el Departamento de Justicia de EE.UU. cree que puede interrogarlo fácilmente.

Exresponsable de inteligencia económica, imputado en EE.UU. por narcotráfico y sujeto a recompensas. Washington lo asocia a la cobertura institucional de rutas y a la protección de cargamentos.

El dilema de Delcy Rodríguez

De igual modo, la fuente subraya dos ausencias deliberadas en esta fase. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, no figura por ahora, pese a aparecer en causas estadounidenses, y Vladimir Padrino López, titular de Defensa, tampoco está entre las prioridades inmediatas. Según indica, no se trata de un gesto político, sino de un cálculo operativo. Washington quiere resultados rápidos y verificables, y prefiere empezar por quienes pueden abrir rutas financieras, entregar documentación o ya están bajo custodia venezolana. También busca evitar que Rodríguez se enfrente de golpe a una crisis interna por el intento de neutralizar a dos jerarcas con poder propio y capacidad de respuesta dentro del aparato.

Ese es el sentido de la lista, no una foto fija, sino un primer paquete de pruebas exigibles. Para Delcy Rodríguez, el dilema es el mismo en cada nombre, cooperar lo suficiente para sostener la normalización sin exhibir una tutela estadounidense que la fracture por dentro. Para Washington, la lógica es más simple: si hay cooperación medible, hay alivios y acuerdos; si no la hay, vuelven la presión por una segunda ola de ataques.