La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) alegó este martes que su investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad está en “fase preliminar” y es “poco razonable que pueda identificar” sospechosos o “establecer el alcance real” del caso, en contra de la posición mantenida por el régimen de Nicolás Maduro.
La Administración de Maduro, que niega la validez legal y sustancial de la petición de reanudar la investigación, trató hoy de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal Karim Khan reanudar la investigación.
En es sentido defendió que las autoridades nacionales están llevando a cabo sus propios procesos, por lo que “no se respeta el principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones.
En noviembre de 2021, la fiscalía anunció la apertura de una investigación formal tras finalizar un examen preliminar iniciado en base a una remisión hecha en 2018 por Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
El anuncio de esa investigación llegó acompañado de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promovieran un proceso nacional.
En abril de 2022 Venezuela pidió diferir las investigaciones de Khan a favor de las autoridades nacionales, pero en noviembre Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorización para reanudar esa investigación, porque a su juicio las autoridades venezolanas no estaban haciendo lo suficiente.
Tras varios meses de intercambio de réplicas, la Sala autorizó en junio de 2023 reanudar la investigación, al considerar que los “procesos penales internos” no reflejan «suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.
Venezuela recurrió esa decisión y la CPI celebra este martes y miércoles audiencias para escuchar los argumentos de las partes en este sentido.
Según el régimen venezolano, la notificación para pedir reanudar la investigación, definida en el artículo 18.1 del Estatuto, “no fue válida, ni desde una perspectiva legal, ni sustancial”.
“El fiscal no proporcionó información sobre los delitos reales que se propone investigar (…) ni ha identificado a ningún funcionario de alto rango del que sospeche que esté involucrado”, aseguró Emmerson, que subrayó que la fiscalía “mantiene un nivel de generalidad que hace bastante imposible, en sentido práctico, que Venezuela responda”.
Según defendió, la notificación “no dio suficiente información detallada” y “solo establece” que miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales cometieron crímenes en virtud del Estatuto de Roma, pero “no incluyo datos, ni fechas, ni ubicaciones específicas de los incidentes, ni el número aproximado de las víctimas, el grupo, el colectivo o las personas responsables de estos incidentes”.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.analitica.com
Publicado el: 2023-11-07 17:49:00
En la sección: Actualidad Nacional archivos – Analitica.com