Dirigentes sindicales exigen destinar los fondos que se recuperen del exterior a mejorar el salario de los trabajadores

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, subrayó: «Si es un dinero de los venezolanos, debe ser para resolver de manera inmediata las necesidades sentidas». Para Ofelia Rivera, dirigente del magisterio, «los pensionados y jubilados deben ser prioridad»

Si las negociaciones entre el gobierno y la Plataforma Unitaria se traducen en la recuperación de fondos, ese dinero debe usarse para mejorar el salario de los trabajadores. Esta es la posición de dirigentes sindicales que se han mantenido en protesta durante más de año y medio para exigir un ingreso igual al costo de la canasta básica.

«Nosotros aspiramos a que ese dinero, que supuestamente ha dicho el gobierno de Maduro que no ha permitido darnos salarios, no vaya a los bolsillos de otros, como el dinero de Pdvsa», expresó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. «Si es un dinero de los venezolanos, debe ser para resolver de manera inmediata las necesidades sentidas: salario para los trabajadores, recuperación de los hospitales».

Contreras enfatizó que en los centros asistenciales no hay condiciones para la atención digna de las personas. «Enfermeras y médicos quedamos, sin salario, pero estamos dando respuesta, aunque no no podemos resolver cuando no hay».

El pasado 17 de octubre gobierno y Plataforma Unitaria firmaron varios compromisos en Barbados. La ONU autorizó los permisos para el manejo del fondo destinado a aliviar la crisis humanitaria,

Ofelia Rivera, dirigente del magisterio venezolano, instó a que el dinero que se obtenga «vaya a atender la crisis humanitaria compleja que vive el país: niños con desnutrición, niños que no asisten a la escuela, los hospitales, las escuelas. . Subrayó, también, que la población debe hacer contraloría de esos recursos: «Tenemos que organizarnos y hacer la verificación de los recursos para poder exigir que sean usados en beneficio de la población en más pobreza».

El salario mínimo, desde hace 19 meses, se mantiene en 130 bolívares. El ejecutivo ha aportado otros elementos, como el llamado «bono de guerra económica», sin tocar la base de cálculo.

Ana Yánez, integrante de la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha y de la Unión Nacional de Trabajadores, lo resumió así: «Queremos ver ese dinero dedicado al pueblo, no que se lo lleven los corruptos que pone cada institución para que dilapiden el erario público».

Más que proponer alguna cifra, Yánez planteó que se debe dialogar en una mesa «para acordar el salario que realmente le dé dignidad al trabajador y a su familia». Descartó que el foro de diálogo social sea el escenario. «Ese es un diálogo entre amigos, es un diálogo entre ‘camaradas’ y ‘compatriotas’ que decidieron hacer del pueblo hambre y miseria. Allí no está la verdadera representación de los trabajadores y los jubilados».