10 meses sin paradero oficial
Mayra Boscán, madre del joven Eudi José Andrade, denunció el calvario que vive tras casi diez meses sin conocer el paradero real de su hijo, presuntamente recluido en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda. La situación se agrava ante la negativa de las autoridades penitenciarias de confirmar oficialmente su ubicación, generando un estado de incertidumbre y violación a los derechos humanos.
Desde el 29 de enero, Boscán no ha podido verlo, hablar con él ni entregarle pertenencias personales. La madre relata que su búsqueda ha sido infructuosa en el complejo carcelario. “Voy todos los fines de semana y me dicen lo mismo: que él no está, que allí nunca ha estado. Lo he buscado en el Rodeo II y III, y en ambos me dicen que tampoco está allí”, afirmó la angustiada madre.
Sin Fe de Vida ni Registro Oficial
La desinformación se mantiene a pesar de las gestiones legales. Ni el abogado defensor ni el juez del caso han podido ofrecer mayores detalles, limitándose a confirmar que el joven “está vivo y en el Rodeo”. Sin embargo, la madre asegura que no recibe respuesta a las solicitudes de fe de vida ni evaluaciones médicas. Esta omisión constituye una grave irregularidad en el sistema de justicia venezolano.
Boscán también denunció que el sistema penitenciario no registra oficialmente a su hijo. “He pedido una fe de vida, he pedido evaluaciones médicas y nada. Me dicen que hay que esperar, que el listado en el CENAMEC es largo”, lamentó. La madre mantiene la fe, pero la preocupación aumenta ante la opacidad institucional.
Invisibilidad en el sistema penitenciario
La situación escaló cuando Boscán consultó en el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Allí le informaron que Eudi José Andrade no aparece en ninguna base de datos. “Es como si no existiera. Y eso aumenta mi preocupación”, aseveró la madre, destacando la posible existencia de un esquema de desaparición forzada institucional.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado consistentemente el uso de la desaparición forzada en Venezuela como una herramienta de represión. Estas prácticas se inscriben dentro de un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ha sido objeto de investigación por la Corte Penal Internacional. Los organismos instan a las autoridades a garantizar el debido proceso y la integridad física de los detenidos. Nicolás Maduro ha sido interpelado por estas organizaciones, pidiendo transparencia y la liberación de los presos políticos.
La lucha de Mayra Boscán representa el drama de muchas familias venezolanas, quienes enfrentan la opacidad y la violación de garantías fundamentales por parte del sistema de justicia. Ella continuará su búsqueda, exigiendo una respuesta clara y el derecho a ver a su hijo.
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