Crisis en Venezuela: OVP denuncia 34 muertes en centros penitenciarios
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alerta sobre la alarmante cifra de 34 muertes en centros penitenciarios del país entre abril y junio de 2026 debido a la crisis sanitaria.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció esta semana el fallecimiento de cinco nuevos reclusos que permanecían bajo la custodia del Estado.
Con estos lamentables casos, la organización defensora de derechos humanos elevó a 34 el número total de muertes en centros penitenciarios del país caribeño.
Los registros corresponden a los sucesos documentados formalmente entre los meses de abril y junio de 2026.
Los últimos decesos ocurrieron específicamente entre el 15 y el 25 de junio en diversos establecimientos. La ONG identificó a las víctimas como Ángel Urdaneta, Wilmer Lucena, Alejandro Pulgar, Alirio Delgado y Orlando Villarroel.
Esta alarmante cifra evidencia la terrible crisis sanitaria que sufren hoy las cárceles venezolanas. Los internos perecen continuamente por la falta de una atención médica oportuna dentro de los recintos de votación. El hacinamiento crónico y la escasez absoluta de fármacos esenciales aceleran el deterioro físico de toda la población reclusa.
Durante el mes de junio, la organización independiente documentó 11 decesos en prisiones como el Rodeo III y el Centro Francisco Delgado Rosales.
Los activistas reportan que patologías graves como la tuberculosis y las afecciones cardiovasculares destruyen diariamente la vida de los internos desasistidos.
El Estado ignora la obligación legal de garantizar tratamientos médicos continuos y traslados urgentes a los hospitales públicos. Las familias deben costear los insumos básicos en medio de un panorama económico sumamente complejo y desalentador.
La verdad sobre las muertes en centros penitenciarios y la inacción estatal
El OVP recordó con firmeza que el derecho humano a la salud permanece vigente para cualquier persona privada de libertad. Por esta razón, la organización civil exige investigaciones independientes e inmediatas para determinar las responsabilidades penales de estos trágicos fallecimientos.
Los defensores critican con dureza el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo ante el sufrimiento de los prisioneros. La falta de inspecciones efectivas en los calabozos policiales alimenta la impunidad y profundiza el abandono institucional del sistema penal.
Hasta la fecha, el Ministerio para el Servicio Penitenciario evita emitir declaraciones públicas sobre las denuncias presentadas por los activistas locales.
Las autoridades prefieren ignorar los reclamos de los familiares y mantienen las opacas políticas que destruyen el sistema carcelario nacional. La comunidad internacional observa con preocupación este escenario de desatención extrema en los centros de reclusión del país sudamericano.
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