Cuatro venezolanos acusados de terrorismo en Guyana

7 de noviembre de 2025.- Georgetown, Guyana – Cuatro nacionales venezolanos han sido formalmente acusados de terrorismo por su presunta participación en la explosión de una estación de servicio Mobil en el corazón de la capital guyanesa, un atentado que cobró la vida de una niña de seis años e hirió a varios inocentes.

Los hechos

El suceso, ocurrido el 26 de octubre de 2025, no solo ha conmocionado a la nación caribeña, sino que ha reavivado temores sobre la infiltración de redes criminales transfronterizas en medio del disputado territorio de Esequibo, una región rica en petróleo y minerales que Venezuela reclama como propia. Las autoridades guyanesas, respaldadas por una investigación exhaustiva, han prometido no escatimar en recursos para llevar justicia, mientras el mundo observa con preocupación el potencial de una escalada diplomática.

El caos estalló alrededor de las 8:00 am en la intersección de Regent y King Streets, un bullicioso cruce en el centro de Georgetown. Daniel Alexander Ramirez Poedemo, un venezolano de 33 años considerado el cerebro del atentado, ingresó ilegalmente a Guyana esa misma mañana a través de una ruta clandestina por el río Pomeroon, portando un dispositivo explosivo casero. Según la confesión de Poedemo ante las autoridades, activó el artefacto después de colocarlo cerca de un área de almacenamiento de cilindros de gas propano, lo que provocó una devastadora detonación que destruyó parte de la estación, dañó vehículos cercanos y edificios adyacentes.

Las victimas

Entre las víctimas fatales se encuentra la pequeña Soraya Bourne, de apenas seis años, quien falleció en el acto junto a su familia, que viajaba en un vehículo estacionado. Cuatro parientes de la niña –Jenica Hooper, Yvonne Jonas, Seddia McIntosh y el niño de 11 años Reshard Lord– sufrieron heridas graves, requiriendo atención médica inmediata. “Este no fue un accidente; fue un acto deliberado para sembrar terror en el corazón de nuestra nación”, declaró el jefe de Crimen de la Policía de Guyana, Ravindranath Budhram, durante una conferencia de prensa posterior al arresto.

Detalles de las acusaciones

La investigación, liderada por la Fuerza de Policía de Guyana (GPF) con asesoría de la Directora de Procesos Públicos, reveló una red de complicidad que involucra no solo a los cuatro venezolanos, sino también a tres ciudadanos guyaneses. Poedemo, presuntamente afiliado al temido “Syndicato” –una pandilla criminal venezolana conocida por su violencia en la frontera–, no actuó solo. Dos de sus compatriotas, Johnny Boodram (27 años) y Alexander Bettancourt (44 años), utilizaron una visita a un restaurante KFC cercano como tapadera para realizar vigilancia previa al ataque, según evidencias de videos de seguridad y testimonios. Jennifer Rodriguez (33 años), la cuarta venezolana implicada, fue acusada de proporcionar apoyo logístico.

Los guyaneses Wayne Corriea (44 años), Ramesh Pramdeo (51 años) y Krystal LaCruz (33 años, novia de Poedemo) enfrentan cargos por aiding and abetting, habiendo transportado a los sospechosos desde Parika, en la costa este de Esequibo, hasta Georgetown en taxis improvisados. Todos ingresaron por rutas de contrabando, evadiendo puestos de control fronterizos, lo que subraya las vulnerabilidades en la porosa línea divisoria.

Comparecencias preliminares

El 5 de noviembre, los acusados comparecieron ante los tribunales de Georgetown bajo una estricta seguridad policial, con patrullas armadas custodiando el perímetro y restringiendo el acceso público. Poedemo, Boodram, Bettancourt y LaCruz fueron procesados ante la Magistrada en Jefe Faith McGusty por violación a la Sección 3(1)(a) de la Ley de Delitos Criminales (Acto de Terrorismo), Capítulo 8:01, que contempla penas severas, incluyendo la posibilidad de la pena de muerte. Los otros tres –Correia, Pramdeo y Rodriguez– enfrentaron cargos similares en una corte virtual en Leonora.

Los guyaneses acusados

Los abogados de la defensa, como Mikel Puran (representante de Boodram), argumentaron inocencia, alegando que sus clientes eran meros transportistas sin conocimiento del plan. Sin embargo, la fiscalía se opuso firmemente a la fianza, citando “interés público y seguridad nacional”. Todos fueron enviados a prisión preventiva: los primeros hasta el 12 de noviembre, y los segundos hasta el 24. “Esta es uno de los procesamientos de seguridad nacional más significativos en años recientes”, enfatizó la GPF, asegurando que la indagatoria se realizó con “profesionalismo e integridad”.

La disputa como contexto

El atentado no ocurre en el vacío. Guyana y Venezuela han lidiado por siglos con la disputa sobre Esequibo, que abarca dos tercios del territorio guyanes y alberga vastas reservas de petróleo explotadas por gigantes como ExxonMobil. En 2023, un referéndum venezolano impulsado por el régimen de Nicolás Maduro rechazó la soberanía guyanesa, lo que llevó a incursiones armadas, tiroteos fronterizos y acusaciones mutuas de usar pandillas para desestabilizar. Guyana ha reportado ataques previos contra sus fuerzas de seguridad, atribuidos a grupos criminales venezolanos aliados con el estado, como el Tren de Aragua o el mencionado Syndicato, involucrados en minería ilegal de oro, tráfico de drogas y trata de personas.

Implicaciones políticas

El Ministro de Asuntos Internos, Robeson Benn, insinuó posibles motivaciones geopolíticas: “Esto podría ser un intento de sembrar miedo y forzar concesiones en Esequibo”. La ministra Oneidge Walrond fue más directa, afirmando que el gobierno buscará la pena capital para los convictos, un recordatorio de que Guyana aún mantiene esta sanción para crímenes graves.La sociedad guyanesa, aún de luto por Soraya Bourne –cuya familia ha lanzado un llamado por justicia en redes sociales–, exige respuestas.

Organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de Guyana han elogiado la rapidez policial, pero advierten sobre el riesgo de xenofobia contra migrantes venezolanos, de los cuales miles huyen de la crisis en su país. Internacionalmente, Estados Unidos, aliado clave de Guyana por sus intereses petroleros, ha ofrecido apoyo en inteligencia, mientras la Comunidad del Caribe (CARICOM) urge diálogo. El Secretario de Estado Marco Rubio reiteró en marzo: “Sería un mal día para Venezuela si escalan a la agresión abierta”.