Denuncian abuso a la presa política Yanín Pernía
La madre del preso político José Miguel Estrada denunció un grave caso de violencia carcelaria. Yanín Pernía, pareja de Estrada y también prisionera política, sufrió presuntamente una agresión sexual masiva perpetrada por guardias. Los hechos ocurrieron dentro del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). La periodista Maryorin Méndez difundió esta alarmante información desde las afueras de la cárcel Rodeo I.
Detalles de la grave denuncia
La familiar aseguró que al menos 30 custodios participaron en los graves abusos contra Pernía. Según su testimonio, los funcionarios del penal usaron sus armas de reglamento y violencia sexual directa. Esta situación dejó graves secuelas físicas y psicológicas en la víctima. La denunciante exigió la excarcelación inmediata y medidas humanitarias urgentes para proteger a la detenida.
“Ella ha sufrido psicológicamente y vaginalmente está sufriendo de tanto maltrato”, reclamó la suegra de Pernía. La mujer detalló actos de extrema crueldad durante las agresiones de los guardias. Frente a este panorama, los familiares exigen protección inmediata y respuestas claras a las autoridades penitenciarias. Las actuales condiciones de reclusión generan una profunda preocupación en su entorno cercano.
Antecedentes del caso desde 2018
Las autoridades detuvieron a Yanín Pernía en el año 2018. El gobierno la vinculó con el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro. El evento ocurrió durante un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas. Un tribunal acusó a la mesoterapeuta de participar en este presunto magnicidio frustrado. Luego, el sistema judicial la condenó a 30 años de prisión. Esta condena representa la pena máxima vigente en las leyes de Venezuela.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos señalan constantes irregularidades en su proceso judicial. Tras su captura inicial, la ciudadana permaneció desaparecida durante varios días. Cuando los tribunales la recibieron, ella presentaba evidentes signos de maltrato físico. Los defensores denuncian que los funcionarios de inteligencia aplicaron golpizas, asfixia y descargas eléctricas durante los interrogatorios iniciales.
Exigencia de derechos y protección internacional
Diferentes activistas exigen una investigación imparcial sobre estas graves denuncias de abuso sexual. La impunidad agrava la situación de las mujeres recluidas en recintos penitenciarios venezolanos. Las leyes nacionales e internacionales prohíben estrictamente la tortura y los tratos crueles. Sin embargo, los familiares reiteran que el Estado ignora estas normativas de forma sistemática.
El caso de Pernía resalta la urgencia de permitir el ingreso de misiones internacionales al país. Los organismos multilaterales necesitan verificar el estado de salud de todos los prisioneros políticos. La comunidad internacional mantiene su mirada puesta sobre estas violaciones a la integridad humana. Los parientes de las víctimas claman por justicia verdadera y libertad inmediata.
Fuentes utilizadas: Maryorin Méndez (X/Twitter) y familiares de José Miguel Estrada.
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