Familiares de víctimas de El Junquito exigen justicia
Los familiares de las víctimas de la Masacre de El Junquito clamaron justicia internacional este miércoles. Los afectados declararon durante una audiencia pública celebrada en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Costa Rica. El caso analiza los hechos del 15 de enero de 2018, cuando unos 500 funcionarios policiales y militares asaltaron el refugio del expolicía Óscar Pérez y sus acompañantes.
En el procedimiento murieron Óscar Pérez, Abraham Agostini, Daniel Soto, José Díaz Pimentel, los hermanos Abraham y Jairo Lugo, junto a Lisbeth Ramírez, quien estaba embarazada. Los seres queridos de los fallecidos exigen limpiar el nombre de las víctimas tras años de censura estatal.
Declaraciones de los familiares y el silencio del Estado
Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini, testificó de forma presencial ante los magistrados de la corte internacional. La ciudadana explicó que su hijo y sus compañeros izaron el artículo 350 de la Constitución Nacional como bandera civil para rescatar la democracia. Por razones de salud, Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez, no pudo concretar su participación telemática programada para la sesión. El abogado Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, lideró la representación legal del grupo de víctimas.
La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees, aclaró que el Estado venezolano no acreditó agentes para defenderse en la audiencia pública. De Mees recordó que los videos grabados por el propio Pérez demuestran que el grupo manifestó su voluntad de rendirse antes del desenlace. A pesar de la negociación inicial, todos murieron por impactos de bala en la cabeza. Los cuerpos forenses entregaron los restos mortales días después bajo un estricto control que impidió velorios privados. Esta agresión judicial se suma al historial de persecución documentado durante las pasadas manifestaciones ciudadanas en Venezuela, las cuales generaron miles de exiliados en América Latina.
Pruebas de ejecuciones extrajudiciales ante la CorteIDH
El informe final de la CIDH determinó que las fuerzas de seguridad rodearon e intimidaron a los ciudadanos con la certeza de que serían ejecutados. La Comisión ratificó que las autoridades estatales no demostraron resistencia armada por parte de las víctimas durante el ataque final. El organismo notificó su dictamen de fondo al Ejecutivo venezolano el 11 de julio de 2023, pero nunca recibió respuestas sobre la implementación de las recomendaciones reparatorias.
Debido a las constantes denuncias públicas, la señora Agostini sufrió persecución en Caracas y huyó a Colombia por la frontera de Cúcuta en 2018. El éxodo de la testigo refleja la magnitud de la crisis de movilidad humana en Venezuela, una realidad que desplazó a millones de personas debido a la violencia política y la crisis económica generalizada. Los representantes legales esperan una sentencia condenatoria definitiva que repare los daños morales sufridos por los familiares de los caídos.
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