VP denuncia muerte en Tocuyito y suma 9 víctimas en cárceles
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este viernes el fallecimiento de José Ramón Yelamo Zárraga bajo custodia estatal en el Internado Judicial de Tocuyito.
Esta lamentable pérdida eleva a nueve el número total de víctimas fatales registradas en diversos centros de reclusión durante la última semana.
La organización asegura que el interno murió tras un deterioro progresivo de su salud sin obtener asistencia facultativa oportuna en el estado Carabobo. Este escenario refleja las graves fallas estructurales que padece el sistema penitenciario venezolano actualmente, donde la desidia estatal cobra vidas constantemente.
Expertos señalan que el hacinamiento extremo y la insalubridad generalizada facilitan la propagación de enfermedades respiratorias graves entre la población reclusa desasistida.
La omisión médica sistemática califica como una violación flagrante a los derechos humanos y constituye un trato cruel para los privados de libertad.
El Estado incumple su deber constitucional de proteger la vida de quienes permanecen bajo su resguardo en estos recintos críticos.
Crisis de salud y muertes en Tocuyito
La situación en el Internado de Tocuyito evidencia un patrón de negligencia médica que el OVP advirtió previamente en sus informes técnicos más recientes. Los reclusos carecen de acceso a diagnósticos básicos o tratamientos preventivos, lo cual agrava patologías comunes hasta convertirlas en cuadros clínicos mortales.
Este último deceso ocurre apenas días después de reportarse víctimas en El Rodeo y un motín violento en el centro penitenciario Yare III. Organizaciones internacionales de derechos humanos exigen una investigación inmediata para determinar responsabilidades administrativas por la falta de servicios básicos en las cárceles nacionales.
El Ministerio Público debe intervenir para frenar esta crisis sanitaria que contraviene los tratados internacionales suscritos por la República en materia humanitaria.
Urge adoptar medidas correctivas para garantizar la integridad física de los detenidos y frenar la escalada de mortalidad en los establecimientos carcelarios.
La transparencia institucional resulta vital para transformar las condiciones actuales de reclusión y asegurar justicia para las familias de los fallecidos.
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