Empresas «ocupadas» por el chavismo suman 24

Un informe de Transparencia Venezuela revela cómo una normativa decretada en 2012 bajo la Ley Habilitante, sirve de sustento a esta nueva fórmula de apropiación de compañías por parte del gobierno venezolano, que durante la última década ha sumado 24 firmas, algunas pertenecientes a multinacionales con una larga data de actividades en el país

La palabra «ocupación» es el nuevo eufemismo para las expropiaciones y confiscaciones de empresas en Venezuela, medidas que, durante más de dos décadas, han servido para despojar de los activos a sus dueños. Ya son 24 las compañías que, mediante esta nueva figura, han sido usurpadas en los últimos 10 años a través de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) decretada por el Ejecutivo.

El más reciente informe de la ONG Transparencia Venezuela «Empresas ocupadas por el Estado, la vía más expedita a la confiscación», explica cómo ha ocurrido este proceso, cuáles han sido las empresas «ocupadas», quiénes son los funcionarios involucrados, cuál es su situación actual y otras causas e implicaciones de esta política gubernamental.

Decretada por el Ejecutivo bajo la Habilitante en el año 2012, esta ley, que no fue sometida a consideración de la Asamblea Nacional, da poder a los trabajadores para tomar, con apoyo del Estado, empresas que hayan cerrado «ilegalmente» y de manera «fraudulenta». Y aunque declara que esta ocupación sería de carácter temporal, por un lapso prorrogable de un año, 22 de ellas permanecen bajo control estatal y algunas están completamente inactivas.

«El eslogan de los trabajadores, ´Kimberly Clark, el mejor lugar para trabajar´, solo quedó en palabras. Y los productos que antes se conseguían en los comercios del país brillan por su ausencia. Uno de los trabajadores entrevistados por Transparencia añadió, «si bien es cierto que nosotros cómo trabajadores solicitamos al gobierno la intervención, hoy en día nos arrepentimos, definitivamente no sabíamos en qué nos estábamos metiendo».

De acuerdo con el informe, el cierre de la mayoría de estas empresas ha estado forzado por una serie de medidas gubernamentales que han acorralado a la actividad privada hasta llevar a un alto número de compañías a la quiebra. Este acoso ha incluido normativas que estipulan faltas, delitos y sanciones desproporcionadas que afectan a los sectores productivos y sus actividades; políticas de control de precios; controles cambiarios que entorpecieron la compra de materia prima; inamovilidad laboral perpetuada y amenazas de toda índole hasta que, sobre todo en 2014, numerosas empresas cesaron sus operaciones.

Entre 2017 y 2021, se registró el mayor número de medidas de ocupación temporal con 15 y, en su mayoría, las firmas afectadas eran de capital extranjero, incluso algunas pertenecientes a multinacionales con una larga data de actividades en el país.

Para la elaboración de este trabajo se entrevistó a trabajadores de empresas ocupadas, y se hizo un arqueo de las gacetas oficiales para obtener información de fuentes estatales. Además, se ha analizado la legislación que ha facilitado estos procedimientos y se han estudiado los perfiles de algunos funcionarios vinculados a esas empresas. No obstante, debido a la opacidad oficial y la escasa información pública disponible, no fue posible conocer sus balances financieros, pero su productividad es baja o inexistente.

En realidad, el patrón de funcionamiento de estas empresas es idéntico a las empresas propiedad del Estado y lo único que ha cambiado son los procedimientos que el gobierno ha utilizado para apropiarse de ellas.

Espiral de corrupción

Durante las dos últimas décadas, informes de Transparencia Venezuela han evidenciado que las empresas públicas han devenido en una espiral de corrupción. El clientelismo, la malversación, la opacidad y discrecionalidad en su gestión suman un peso adicional a los presupuestos públicos, por lo que sus aportes o beneficios a la nación son discutibles.

Al parecer, la situación de las empresas ocupadas por el gobierno, pero que siguen siendo de capital privado no ha sido distinta y, además, en ningún caso analizado se han respetado los derechos de los trabajadores, a pesar de que esta es la principal justificación de la ocupación, según la LOTTT.

En tal sentido, empresas ocupadas por el Estado, la vía más expedita a la confiscación incluye un listado de las compañías ocupadas con base en la LOTTT, que contempla la fecha de la medida, operatividad actual, sector al que pertenecen y bienes producidos.

El informe profundiza en el análisis de tres casos particulares de ocupación: Smurfit Kappa de Venezuela, Kimberly Clark y Goodyear de Venezuela, con la intención de precisar si la historia en la gestión sigue la misma línea de las empresas propiedad del Estado y cuál es la situación legal con las casas matrices de estas compañías transnacionales.

Uno de los datos significativos sobre la ocupación de Goodyear es que más del 50% de la nómina de obreros fue enviado a su casa, supuestamente bajo el argumento de vacaciones, pero al cumplirse el periodo no hubo reenganche y fueron liquidados.

Otras compañías como Clorox, Kellogs, Alina Foods fueron objeto de medidas de ocupación. «Las empresas Calderys, Indorca y Equipetrol pasaron de ser empresas multinacionales a convertirse en empresas del tipo artesanal, según fue documentado y publicado por medios favorables al gobierno, los cuales revelaron que ni siquiera son convocadas a procesos de contratación con el sector público. Por su parte, la empresa Wonder de Venezuela desde su ocupación se mantiene inoperativa», así como, Guardian de Venezuela, Lincoln Soldaduras, Equipetrol Equipos Petroleros y Calderys Refractarios Venezolanos.

Otras consecuencias: las demandas

La naturaleza de las ocupaciones de empresas propició demandas en contra del  Estado ante instancias internacionales, las cuales se suman a la larga lista de querellas en contra del país, recordó la ONG Transparencia.

Venezuela se ubica entre los países con mayor número de casos por arbitrajes internacionales, número que se incrementó de forma notable tras la ola de expropiaciones iniciadas en el gobierno de Hugo Chávez. Hasta noviembre de 2023, Venezuela acumula 55 demandas ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)- Grupo Banco Mundial; de las cuales, 18 se encuentran en proceso y las otras 37 han sido concluidas.

«Cabe destacar que, de este total, 51 demandas han sido derivadas de las políticas empleadas en los gobiernos de Chávez y Maduro, de las cuales tres han sido interpuestas por propietarios de las empresas ocupadas que han tenido como fundamento la LOTTT».

Por otro lado, se han registrado cuatro demandas ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se rige por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 2010. De estas, una una de las demandas fue impuesta a Clorox, ocupada bajo el argumento de protección de los trabajadores con basamento también en la Ley del Trabajo.

*Lea también: El campo desmiente la ficción de la «Venezuela agrícola» que presenta Maduro

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