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Inhabilitaciones las usan «discrecionalmente» para atender irregularidades previas

Inhabilitaciones las usan "discrecionalmente" para atender irregularidades previas

El PCV cree que el Gobierno debió haber tomado medidas con anterioridad contra personas que incurrieron en delitos mucho más fuertes que inhabilitar


El buró político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), en la vocería de Yul Yabour, indicó el lunes 29 de enero que, si bien líderes opositores como el exdiputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, habrían incurrido en supuestas irregularidades contra las leyes del país, las autoridades quieren resolver «con el uso discrecional de la figura de las inhabilitaciones administrativas» una situación que debían haber atendido oportunamente.

A juicio del PCV, lo que debió haber ocurrido es que a estas personas se les debió juzgar de forma oportuna y determinar las sanciones que les corresponde y con mecanismos más severos, ya que sus delitos fueron «graves». Además, advierte que «este manto de impunidad» también recae sobre los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, en especial aquellos implicados en tramas de corrupción, que deben ser investigados como el exministros Tareck El Aissami, Manuel Quevedo y Asdrúbal Chávez.

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La tolda del «Gallo Rojo» cree que los Acuerdos de Barbados son una continuidad de las negociaciones que «distintas facciones de la burguesía (de la que está en el Gobierno y las oposiciones de derecha)», han hecho en varios momentos a través de la aprobación de leyes y medidas que perjudican a los venezolanos como lo es la bonificación salarial y las reuniones «tripartitas» que dejan fuera a otras centrales sindicales.

De igual forma, el PCV cree que con el acuerdo «se trata de reemplazar los principios fundamentales del estado de derecho, consagrados en la Constitución y en nuestras leyes, por acuerdos que justifican la impunidad imperante para los actores de esas cúpulas» mientras los otros sectores de la sociedad pueden verse perjudicadas de distintas formas.

Además, condenó cualquier acción violenta que ponga en riesgo la vida del mandatario Nicolás Maduro y otros funcionarios de su administración, por lo que respaldan que se realicen investigaciones «transparentes, apegadas al debido proceso y garantías del pleno ejercicio de los derechos humanos» para determinar quiénes son los responsables y paguen por sus delitos.

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Fuente de TenemosNoticias.com: talcualdigital.com

Publicado el: 2024-01-30 09:59:32
En la sección: Noticias – TalCual

Publicado en Nacionales

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