Estudiante universitario es acusado de “conspiración” y conminado a grabar un video para incriminar a otros

Un estudiante universitario venezolano fue privado de libertad y acusado el lunes de presuntos delitos de conspiración y asociación, vinculado al caso de seis dirigentes sindicales condenados en agosto a 16 años de prisión, informó uno de sus abogados.

John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro del Comité de Usuarios del Comedor de esa institución, fue detenido el 30 de agosto por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Tras permanecer 24 horas «desaparecido», Álvarez fue trasladado al Palacio de Justicia en el centro de Caracas, pero su audiencia de presentación, que debió celebrarse dentro de las primeras 48 horas tras la detención, fue postergada hasta el lunes por la noche, informó el Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Joel García, abogado penalista y defensor de DDHH, denunció que el estudiante fue imputado y privado de su libertad “con tan sólo el señalamiento de informes anónimos de contrainteligencia”.

“John Álvarez declaró y narró las circunstancias en que fue detenido, su moto, reloj y cadena no figuran en el acta de aprehensión, es decir, lo robaron», dijo el abogado en la red social X, antes Twitter, en alusión al alegato del estudiante durante su audiencia de presentación el lunes. De acuerdo con el abogado, Álvarez señaló a los funcionarios que lo torturaron con nombres y características fisonómicas.

Además informó que durante la audiencia de presentación, el estudiante también declaró que fue obligado a incriminar en un video al líder sindical, Carlos Salazar y a Carlos Julio Rojas, periodista y líder comunitario.

De acuerdo con el abogado, el estudiante tuvo que afirmar que Salazar lo invitó a “colocar explosivos en la autopista Valle-Coche” y acusar a Rojas de liderar el cierre de calles y manifestaciones en La Candelaria, en el centro de la capital venezolana.

Los medios no suelen tener acceso a las audiencias judiciales, en las que solamente participan los implicados, abogados y la fiscalía, por lo que no se pudo corroborar esta información de forma independiente.

Rojas, quien en 2020 estuvo privado de libertad y fue posteriormente excarcelado tras ser acusado de -entre otros delitos- traición a la patria, alertó sobre las presuntas intenciones de divulgar el video con “acusaciones falsas” en su contra y responsabilizó de su libertad e integridad al ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, y al fiscal general, Tarek William Saab.

“El único delito que Carlos Julio Rojas, que Carlos Salazar han cometido es estar en las calles denunciando. En mi caso ejercer el periodismo, ejercer el activismo de DDHH. Cuando recibimos la alerta el día sábado de que había una posible orden de aprehensión, nosotros lo avisamos, porque hoy para el gobierno de Nicolás Maduro lo que es ser periodista, ser luchador social, ser dirigente sindical, te convierte en terrorista”, denunció el martes.

Rojas aseguró que conoce a Álvarez y que han coincidido en las “calles luchando”, pero advirtió que las declaraciones del estudiante fueron bajo coacción y que “son falsas”.

“Valientemente, él mismo en la audiencia lo dijo”, subrayó.

El fin de semana autoridades rectorales de la UCV divulgaron un comunicado en el que exigieron garantizar la integridad física, psíquica y moral de Álvarez y expusieron “dudas” acerca de las actuaciones de los órganos del Estado y el respeto al debido proceso.

Provea, una de las ONG de DDHH más antiguas de Venezuela, denunció que Álvarez es “víctima de un patrón de persecución y hostigamiento contra estudiantes, dirigentes sindicales, políticos y ONG por parte del Estado venezolano”.

El mes pasado el fiscal general de Venezuela negó que los seis activistas condenados a 16 años de prisión por presuntos delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir” sean dirigentes sindicales y los señaló de estar involucrados en “actividades conspirativas” contra el gobierno, entre ellas, asaltar una instalación militar para apropiarse del parque de armas.

De acuerdo a su defensa fueron acusados sin que “el único testigo” se presentara y con capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que exponían opiniones personales como únicas pruebas.

Defensores de DDHH denuncian que el gobierno venezolano busca “criminalizar” la protesta de gremios y organizaciones sindicales que se pronuncian para exigir reivindicaciones laborales y salariales.

En su más reciente actualización oral, presentada en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) destacó que “tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno” y se refirió directamente al caso de los dirigentes sindicales condenados a 16 años.

En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”.

El gobierno de Maduro ha señalado a la fiscalía de la CPI de cometer “irregularidades y violaciones” del debido proceso y la acusó de mantener “vínculos probados” con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales, poniendo en duda su “debida imparcialidad y objetividad”.

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