Comienzo resaltando que así como el siglo XX en el país comenzó transcurridas tres décadas después de su inicio, a finales del año 1935; el siglo XXI se proyecta con esta misma característica de comienzo retardado.
En este sentido es vital para el país tener concebida una política que debiera contar con el mayor consenso posible en relación al tema petrolero y que se constituye en el elemento clave al momento de fijar la visión del país que aspiramos.
Tema en el que se presentan concepciones fundamentadas en ideologías y que lejos de ayudar en conformar lo que debemos de hacer HOY nos increpan en discusiones interminables basadas en la mayoría de los casos en concepciones semánticas y no en las realidades que el presente muestra, que yo identifico a continuación con unas interrogantes que no debieran presentar dudas al respecto.
Siendo el Petróleo un recurso natural no renovable. 1. ¿Es Venezuela un país con abundantes recursos petroleros, que excederán más allá de la finalización del siglo XXI?; 2. ¿Es la Industria petrolera la mayor productora, a menor costo y con mayor eficiencia en cuanto a su distribución, de energía disponible para el mundo en lo que queda del siglo XXI?; 3.¿Es la energía producida por el petróleo un elemento necesario para continuar con el desarrollo de la humanidad y fundamentalmente para las aspiraciones de los ciudadanos que habitan países del llamado 3er mundo y en particular de Venezuela?; 4.¿Siendo el uso de algunos de los derivados del petróleo altamente contaminantes y que ponen en riesgo el eco sistema mundial y con ello “el fin del planeta” (según los más extremistas), se plantea dejar de producir estos contaminantes en lo que resta del siglo XXI?. Estas interrogantes con la excepción de la 4ta que revela un NO, responden a un SI y en las que no ameritan ninguna duda al respecto; con lo cual queda por demás explícito la necesidad de contar por parte del país con una POLITICA PETROLERA y en la que esta industria al menos para nuestras próximas generaciones representa un eje fundamental para lograr el desarrollo económico.
En este sentido me propongo volver con algunas interrogantes que pudieran servir de base para al menos buscar el mayor consenso posible. 1¿Se hace necesario analizar, que cualquier recurso natural existente bajo la superficie en el territorio Nacional, su propiedad, sea exclusiva del Estado? 2. ¿Son los venezolanos los propietarios de aquellos bienes administrados por el Estado, o los verdaderos dueños terminan siendo los administradores? y en todo caso es suficiente la declaración en la Constitución? 3. ¿Qué hacer con PDVSA y en general con cualquier empresa estatal para lograr que los venezolanos podamos ser accionistas de nuestras, “en teoría”, empresas.
Ninguna de estas tres preguntas cuentan con el consenso necesario, o peor aún, de las repuestas a cada una de ella en las que además se derivarán acciones y mecanismos que son los que en definitiva debieran constituir esa política que es fundamental para contar con esa visión que de manera muy resumida pudiera concebirse como el “QUE LOS HABITANTES DE ESTA TIERRA CONTEMOS CON ESA CALIDAD DE VIDA QUE EN DEFINITIVA NOS PERMITA PROGRESAR COMO CIUDADANOS Y ESENCIALMENTE COMO VENEZOLANOS TANTO PARA NOSOTROS COMO PARA LAS GENERACIONES PÓR VENIR”.
En lo particular me voy a permitir opinar con relación a estas tres últimas interrogantes:
1- Aunque no descarto una posible enmienda constitucional considero no necesariamente indispensable el llegar a ella, siempre y cuando la definición del Estado no se circunscriba únicamente al gobierno de turno sino a un concepto más amplio en el que se enmarquen actores fundamentales en las decisiones trascendentales del país.
2- Definitivamente cuando no existen los contrapesos adecuados la declaración legal se convierte en una farsa en la que los únicos propietarios terminan siendo los administradores y que en mucho de los casos no cuentan con la legitimidad ni de origen y mucho menos de actuación.
3- En este punto, estoy de acuerdo con devolver a los verdaderos dueños, los venezolanos, estas propiedades quienes habrán de actuar como una suerte de “ASAMBLEA DE ACCIONISTAS”, sin descartar convocar a potenciales accionistas extranjeros, y en las que de manera transparente y eficiente se nombre a la “JUNTA DIRECTIVA” quienes habrán de administrar estas compañías pero con la adecuada supervisión y control que aseguren la rendición de cuentas apropiado en beneficio del país.
Por su puesto que con estas ideas y como lo mencione con anterioridad, surgirán unas series de acciones y mecanismos que en definitiva darán conformación a la propuesta de una política que REPITO habrá de contar con el mayor consenso posible.
Economista Hector Augusto Mantilla Alcalá, a los 21 días de julio 2023
Fuente de TenemosNoticias.com: www.lapatilla.com
Publicado el: 2023-07-22 06:08:25
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