AN de 2020 aprueba en segunda discusión ley de extinción de dominio

La Asamblea Nacional (AN) de 2020 sancionó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que permitirá al Estado confiscar activos que se determinen como provenientes del delito, mediante un proceso rápido ordenado por un Tribunal de Control mediante sentencia, a solicitud del Ministerio Público (MP) «de oficio o por denuncia».

Durante la segunda discusión realizada el jueves 27 de abril, en el Palacio Federal Legislativo, se incorporaron dos nuevos artículos para 48 en total, distribuidos en cuatro capítulos y una tercera disposición transitoria.

En el inicio de la segunda discusión realizada el pasado 20 de abril, el presidente de la Comisión de Política Interior y proponente de la ley, Diosdado Cabello aclaró que la legislación no tiene que ver con el proceso penal por delitos relacionados con la corrupción o el narcotráfico , que sigue su curso, sino con el tema civil, de los bienes incautados, de allí que no se requiera sentencia firme de un tribunal en el juicio por el delito, para la ejecución de la extinción del dominio.

La segunda discusión partió de la modificación de la redacción del artículo 5 ya aprobado el 20 de abril por lo que tuvo que levantarse su sanción y vuelto a aprobar. Luego se avaló el artículo 8 que fue diferido en la sesión pasada. A partir de allí, la plenaria prosiguió con el artículo 20 en adelante.

Recompensa para quien facilite información

Los bienes a incautar a los que se refiere la ley en su artículo 5 son muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, incluyendo acciones, títulos, valores, activos digitales (criptoactivos), ganancias, frutos, productos o permutas derivados de dichos activos, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas derivados de dichos activos.

En el artículo 22 sobre el uso por parte del MP de cualquier elemento de la investigación sobre corrupción ( incluyendo intervención y grabación de toda clase de comunicaciones privadas y la vigilancia electrónica) se incluyó que la Contraloría General de la República debe entregar la declaración jurada de patrimonio de los titulares de los bienes incautados.

Te puede interesar: AN de 2020 aprueba 18 artículos de Ley de Extinción de Dominio tras consulta exprés

El artículo 24 de la ley se establece una recompensa para quienes suministren información para la obtención de pruebas para la declaratoria de extinción de dominio. El monto dependerá de la colaboración y sería equivalente a un porcentaje del producto de la liquidación de los bienes por parte del Estado o de su valor comercial, previa opinión del servicio de bienes recuperados en la incautación de bienes y la Procuraduría General de la República.

El Estado debe crear mecanismos de protección de testigos. Quien ofrezca información falsa será sancionado. El artículo 26 (incorporado) también habla de sanciones contra funcionarios de organismos de seguridad que se apropien indebidamente de activos sujetos a la extinción de dominio.

El artículo 48 señala que el destino de los bienes confiscados comprende el financiamiento del sistema de protección social, servicios públicos, infraestructura pública, programas de atención y reparación de víctimas de actividades ilícitas y fortalecimiento de instituciones encargadas del combate a la corrupción.

Revisión de leyes contra la corrupción

La disposición transitoria tercera incorporada señala que los ministerios de Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz deben dictar «las normas que regulen las actuaciones de los organismos de seguridad ciudadana en materia de aseguramiento, incautación y decomiso de bienes dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley».

El nuevo instrumento legal fue aprobado de manera sorpresiva en primera discusión el 31 de marzo, en medio de nuevos escándalos de corrupción que envuelven a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a fin de que el Estado pueda disponer rápidamente de los bienes incautados y destinarlos a obras de interés social para tratar de «resarcir» el daño al patrimonio público.

Te sugerimos: Juristas dudan de constitucionalidad de propuesta de Ley de Extinción de Dominio

Entonces, el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez indicó que entre los bienes confiscados por dichos casos se encuentran 200 vehículos último modelo y 19 aeronaves.

Al declarar sancionada la nueva ley, Rodríguez ordenó su remisión al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ratifique el carácter orgánico de la normativa.

Rodríguez también designó una comisión especial integrada por las comisiones permanentes de Política Interior, Contraloría y Economía y Finanzas para que revisen «con celeridad» las leyes relacionadas con la lucha contra la corrupción. La intención, reiteró, es que los castigos impuestos por los delitos asociados sean más severos. La instancia estará presidida por Cabello.

«Para hacerlas (las leyes) más enérgicas y eficientes, para que la impunidad no sea moneda de uso de los corruptos, estén en el sector privado o sean funcionarios públicos», subrayó.