El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El documento divulgado este 4 de julio se centra en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, así como el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente por su Oficina a la República de Venezuela. Abarca el período comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023.
Detenciones arbitrarias, violaciones del derecho a la protesta, a la libertad sindical, violencia contra campesinos e indígenas, restricciones del espacio cívico a la libertad de expresión y el tema de las inhabilitaciones políticas contra los candidatos a las elecciones primarias, entre otros, son recogidos en el informe que advierte que pese a las recomendaciones formuladas previamente por la oficial del Alto Comisionado persisten en Venezuela.
«Venezuela sigue afrontando una severa crisis de derechos humanos. Después de cuatro años del primer informe país de Acnudh ante el Consejo de Derechos Humanos, la situación institucional no ha mejorado en lo absoluto», advirtió el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello, Simón Gómez Guaimara sobre el informe en su cuenta de Twitter.
Qué dice la actualización del informe
El informe que será debatido en el Consejo de DDHH este 5 de julio, a partir de las 9 am (hora Venezuela), se basa en información recopilada y analizada por la Oficina del Alto Comisionado mediante entrevistas con víctimas y testigos, así como reuniones con funcionarios gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. También tiene en cuenta la información oficial proporcionada por el Gobierno nacional.
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Sobre las inhabilitaciones?
Vale recordar que el Alto Comisionado Volker Türk visitó Venezuela del 26 al 28 de enero de 2023, durante la cual se renovó por dos años la Carta de Entendimiento entre Venezuela y el ACNUDH.
En el informe la Oficina del alto comisionado señala su preocupación por 14 denuncias recibidas entre febrero y abril de 2023 sobre restricciones al derecho de participación política, incluyendo hostigamiento y otras formas de intimidación contra miembros de partidos políticos y militantes en el contexto de la campaña electoral para las primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre.
“Durante el período reportado, el ACNUDH recibió reportes sobre la inhabilitación de personas para participar en procesos electorales por parte de la Contraloría General de la República (CGR). Según se informa, no se emitió ninguna notificación sobre la apertura de los procedimientos, ni advertencia previa a estas inhabilitaciones, restringiendo así el ejercicio del derecho de defensa”, reza el documento.
La última inhabilitación política conocida se produce contra la candidata a las primarias María Corina Machado. Desde la CGR se dio a concer sobre una nueva restricción por 15 años (ya cumplió una sanción por un año) para optar por cargos públicos contra la dirigente de Vente Venezuela, de la que nada se sabía previamente.
Espacio cívico y libertad de expresión
El alto comisionado reflejó en su informe que durante el período abarcado se documentaron 21 casos de amenazas y hostigamiento; 46 casos de estigmatización en medios sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo ocho mujeres.
Documentó además el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país por falta de renovación o prórroga de los permisos correspondientes, debido a dificultades para tramitarlos, tales como la ausencia de oficinas regionales.
Asimismo el bloqueo de 44 sitios web, incluidos 29 medios de comunicación nacionales y cuatro internacionales; tres organizaciones de la sociedad civil y cinco servicios digitales en línea. Estos bloqueos, señala el documento, fueron llevados a cabo por proveedores de servicios de Internet estatales y privados, sin orden formal ni notificaciones.
Otro tema sobre el que llama la atención el informe es sobre la aplicación de la Ley contra el Odio contra la disidencia política, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros actores, con la documentación de nueve casos en el período abarcado, lo que eleva a 32 víctimas, sumando casos previamente registrados.
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Violaciones del derecho a la protesta
El informe del alto comisionado recoge denuncias de un “entorno intimidatorio” contra el personal sanitario del sector público por denunciar deficiencias del sistema de salud, lo cual incluye arrestos.
También expresa su preocupación por violaciones a los derechos de “reunión pacífica y libertad de asociación, incluida la libertad sindical”, denuncias de persecución, intimidación, acoso y otros actos de violencia contra empleadores, sindicalistas y trabajadores, incluido el asesinato de un dirigente sindical en 2015.
“A pesar de la reducción de casos documentados desde años anteriores, el ACNUDH documentó 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar), ya sea por parte de presuntos funcionarios del Estado o de colectivos”, se señala en el informe.
Se destaca que el 13 de septiembre de 2022, los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales enviaron una comunicación al gobierno nacional para expresar su preocupación por el caso de la detención de seis líderes sindicales y laborales, entre ellos un representante de la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), acusados de conspiración y asociación para delinquir en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
A la fecha de publicación del informe, la comunicación no han recibido respuesta. Esto, pese a los esfuerzos del diálogo entre gobierno, centrales sindicales y empleadores con asistencia técnica del Organización Internacional del Trabajo (OIT). El ACNUDH reitera su llamado para que se lleven a cabo sin demora investigaciones independientes e imparciales de todas las presuntas violaciones de los derechos y se ofrezca plena reparación a las víctimas.
Detenciones arbitrarias
La Oficina del Alto Comisionado insta en su informe a las autoridades judiciales para que se que pongan “inmediatamente” en libertad a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente. Hablan de las detenciones más allá del período legal establecido a pesar de las enmiendas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para reducir la detención preventiva y acelerar la apertura de juicios.
En este sentido, se documentaron al menos 135 casos de personas (10 mujeres) que permanecen en detención preventiva más allá del período legalmente establecido; la condena a 39 personas que superaron dicho período de detención preventiva legal. En 44 casos documentados, se añadió, se incumple con las solicitudes de puesta en libertad (34 en la jurisdicción ordinaria y 10 en la militar) tras haber pasado dos, tres o más años en prisión preventiva.
Türk advierte que pese a dictámenes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTAD), 12 personas continúan detenidas; 16 con medidas alternativas de detención pese a ser arbitraria y la continuación de procedimientos judiciales o sentencias contra al menos 16 personas, por lo que el Alto Comisionado insta al Estado venezolano a acatar las recomendaciones del GTAD.
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Violencia contra campesinos e indígenas
Pero las violaciones de DDHH no se limitan a las ciudades. El informe del Alto Comisionado de la ONU recoge el “asesinato por autores desconocidos” de dos dirigentes campesinos, la presunta detención arbitraria de nueve pequeños agricultores, trabajadores rurales y dirigentes (cuatro mujeres), y el desplazamiento forzoso de cuatro familias debido a la violencia y las amenazas y extorsiones, incluidos mujeres y niños por defender los derechos a la tierra o protestar por sus condiciones de vida.
Sobre la minería ilegal en el sur de Venezuela, el documento alerta que la extracción de oro se ha relacionado con “asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata sexual y el trabajo infantil, desapariciones forzadas por presuntos grupos armados y criminales no estatales, amenazas e intimidación contra personas indígenas y desplazamiento forzado de comunidades indígenas enteras por temor a la violencia”.
“El ACNUDH recibió denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, en particular en zonas mineras de los estados de Zulia, Bolívar y Amazonas, donde operarían organizaciones armadas y delictivas no estatales, incluyendo implicadas en el narcotráfico y la minería».
Añadieron que «recibió denuncias de violencia sexual contra niñas indígenas por parte de presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y garimpeiros, mineros ilegales procedentes de Brasil, en el estado de Amazonas”.
La actualización documentó amenazas e intimidaciones por parte de grupos armados y delictivos no estatales contra cinco defensores indígenas de DDHH, dirigentes y autoridades, que provocaron el desplazamiento forzoso de dos defensores (entre ellos una mujer) y sus familias, incluidas mujeres y niños.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-07-04 14:39:54
En la sección: Política – Efecto Cocuyo